Como forma de gobierno, la democracia es la más avanzada e igualitaria creación del pensamiento político moderno. Esto no impide que en su funcionamiento se observen fenómenos que no se ajustan a lo esperado, e incluso interpretaciones que distorsionan sus principios. Mi hipótesis es que estos fenómenos se relacionan con la distancia de significado que existe entre la categoría teórica de “pueblo” y los actores concretos, el conjunto de ciudadanos que actuando como grupos sociales le dan vida a esta forma de relacionamiento político.
Los desarrollos teóricos y filosóficos han construido una categoría conceptual llamada “pueblo”, que cumple con el objetivo de dar coherencia y fundamento a una propuesta de manejo del poder soberano diferente a la de teorías más restrictivas. En los procesos concretos, este “pueblo” nunca se manifiesta de forma unitaria y unívoca, sino que lo hace a través de manifestaciones de individuos que se agrupan al compartir valores, necesidades y objetivos. Son estos conjuntos de individuos, agrupados según sus diferentes demandas económicas y diversas orientaciones políticas, los actores reales del juego democrático. Así aparece en los análisis históricos, incluidos los de aquellos que han hecho de la categoría “pueblo” su bandera para justificar un poder sin restricciones, como es el caso del populista Laclau.
Al pasar de la categoría teórica a los actores concretos aparecen fenómenos que nos sorprenden y nos alejan además de la idea de que el “pueblo” no se equivoca. Un ejemplo de esto lo dan los recientes resultados electorales en Islandia: una mayoría que hace apenas cuatro años tuvo una fuerte participación política, dejando caer a los principales bancos, proponiendo una nueva Constitución y expulsando a los partidos de derecha que habían provocado una profunda crisis, ahora vuelve a votar por ellos. Es que la mayoría de los individuos saben cuáles son los problemas que los aquejan, pero no cuáles son sus causas reales y profundas, ni qué hacer para resolverlos. Por eso su voto es una apuesta que va corrigiendo: elige a unos, y si no resulta prueba con otros; y si éstos tampoco resultan, busca a otros otros. Pero muchas veces se encuentra con la limitación de que los únicos otros disponibles son aquellos que los habían defraudado en mandatos anteriores.
Otras veces los fenómenos que se observan, más que sorprendernos, llegan a desvirtuar los principios mismos de la democracia. Es el caso de la interpretación más restringida de la teoría de la democracia, que pretende que un triunfo electoral puede legitimar un ejercicio autoritario del poder que poco se diferencia de una dictadura. Su fundamento estaría en que la soberanía del “pueblo” habría sido transferida al Gobierno a través de aquel acto electoral que está en su origen. Sin embargo, esa delegación no la hace esa categoría abstracta y unívoca de “pueblo”, sino un subconjunto de ciudadanos que en algunos casos puede llegar a algo más del 50% de los votantes, y que en otros casos puede ser incluso menor a ese porcentaje; primeras minorías.
Nos encontramos entonces con gobiernos que han sido votados sólo por una parte de los ciudadanos, lo que cuestiona la figura de una delegación de soberanía que otorgaría poder total a ese gobierno. Caído el argumento de la legitimidad de origen, se impone la vigencia de mecanismos que aseguren que el gobernante elegido por algunos respete los derechos y garantías de todos. Se hace inevitable completar, y de alguna manera corregir, el concepto mismo de gobierno democrático. Una forma de hacerlo es consolidando en la práctica lo que ya es aceptado en el pensamiento de los teóricos (Sartori entre otros): la incorporación de los principios del liberalismo político como una exigencia inexcusable en la forma de ejercer el poder democrático. Estos principios no son un mero adorno conceptual (mucho menos una protección encubierta de los intereses del antipueblo), sino mecanismos institucionales que hacen a la esencia misma de una sociedad democrática e igualitaria. Ese es el carácter que deben revestir principios tales como la división de poderes; las acciones cautelares y el respeto al conjunto de derechos y garantías de todos y cada uno de los ciudadanos.
*Sociólogo. Socio del Club Político Argentino.
