¿Qué hará, finalmente, el nuevo gobierno en su relación con los medios de comunicación? El nuevo presidente –y algunos de sus adláteres– proclamaron en campaña y con el balotaje ya ganado que avanzarán en la disolución de los medios estatales y mantendrán en la mira lo que han denominado “periodistas ensobrados”, definición unívoca para anatematizar a profesionales generalmente críticos del poder en cualquiera de sus versiones.
La democracia es posible sólo si existe una prensa independiente que sirva a los intereses de la sociedad y no a los de quien esté gobernando. Una prensa independiente es aquella que no se subordina al poder y mantiene una postura equilibrada, ecuánime. Que aplaude poco y critica mucho.
No parece favorable a esa prensa la política que esboza el flamante presidente. De hecho, se inclinó en estos últimos tiempos por una selección de interlocutores periodísticos aquiescentes, sumisos, casi cómplices.
Por eso es que resulta conveniente observar sus relaciones con la prensa con cuidado y no aceptar calladamente los comentarios humillantes de los que se habla más arriba. ¿Hay periodistas que cobran por fuera de sus salarios para alentar o denostar políticas gubernamentales? Sí, los hay, pero un presidente de la República no puede lanzar acusaciones de esta naturaleza al voleo, sin nombres y apellidos. La generalización es sinónimo de impunidad.
El nuevo gobierno debe definir cuál será su política comunicacional y establecer un sistema que lo ponga al resguardo de toda sospecha de parcialidad hacia unos u otros medios. En ese sentido, lo que hará con los medios de comunicación administrados por el Estado será determinante para conocer cuál será el relacionamiento democrático con los otros medios. Buena parte de los países a los que el Presidente parece tomar como ejemplos sostienen sistemas de comunicación con administradores estatales. En algunos casos, con participación mayoritaria en sus administraciones (como Francia, por ejemplo, o Suiza). En otros con funcionarios a cargo designados por los mandatarios o funcionarios de alto nivel.
En nuestro país, Radio Nacional tiene un total de 57 emisoras incluyendo poblaciones pequeñas a las cuales sirve con equipos periodísticos locales y con conexiones nacionales. La TV Pública ofrece 240 repetidoras analógicas y canales de Televisión Digital Abierta, lo que le facilita el acceso a buena parte de esas poblaciones.
La agencia de noticias Télam abarca con sus corresponsalías a todo el país.
Por cierto, los medios de comunicación estatales cumplen a medias su misión, porque, salvo excepciones, sirven desde tiempos inmemoriales a los intereses de cada gobierno y no a los requerimientos de quienes escuchan y ven sus programaciones. En lugar de imaginar un país sin medios públicos, sería atinado darles a ellos políticas más equilibradas en cuanto a sus posturas. Es decir: encontrar la forma de transformar lo que suelen ser medios de propaganda en medios independientes de los vaivenes del poder.
Los medios administrados por el Estado sostienen sus presupuestos con fondos obtenidos de manera mixta: por un lado, los ingresos derivados de la comercialización de espacios con participación privada; por otro, los aportes del Estado cuando los ingresos por publicidad no son suficientes.
Distinta es la situación de los medios no estatales. La economía de todos ellos depende de sus ingresos publicitarios, incluyendo lo que se denomina pauta oficial.
¿Qué hará el nuevo gobierno con la administración de la pauta? Es otro interrogante a responder en los próximos tiempos.
