El caso del policía que disparó y mató a un delincuente por la espalda y que fue recibido por el Presidente dio lugar a una serie de declaraciones de funcionarios y asesores del Gobierno que generan, cuanto menos, alarma. Patricia Bullrich expresó que el Gobierno está “cambiando la doctrina de la culpa de la policía” y construyendo una “nueva doctrina”. Jaime Duran Barba redobló la apuesta al explicar que, según sus encuestas, “la inmensa mayoría de la gente quiere la pena de muerte”. En la misma sintonía, Marcos Peña reafirmó que la decisión de Macri de recibir a Chocobar “no fue un error” y, agregó, que en el Gobierno “no creemos en el gatillo fácil” (como si los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad fueran una cuestión de fe).
Entre aquellos que defienden la mano dura en el accionar policial subyace una idea que, en el fondo, es religiosa: los pecados se expían mediante el sacrificio. Se trata de un argumento más pasional que racional que apela a la indudable inquietud que atraviesa a nuestra sociedad, sometida al miedo que despiertan la violencia y la inseguridad. Una situación que, como sabemos, no se resuelve con mano dura ni con la lógica sacrificial que supone el castigo ejemplar del victimario. Las declaraciones y gestos de los funcionarios en los últimos días escenifican una sobreactuación que está en las antípodas de los principios liberales que en algunos aspectos el Gobierno dice sostener.
Por un lado, Duran Barba esgrime el argumento mayoritario. Traer a la agenda pública el debate sobre la pena de muerte en nombre de las mayorías es dejar claro que el marketing político no conoce de límites éticos. Sin dudas, la opinión pública debe ser tenida en cuenta por los gobernantes. Pero ¿deben todas las políticas públicas basarse en lo que la “inmensa mayoría de la gente” prefiere? La tensión es evidente. Los impulsos democráticos fundados en mayorías siempre cambiantes e inestables pueden atentar contra los derechos fundamentales. La historia tiene sobrados ejemplos en esta dirección. La misma idea de derechos fundamentales significa que están fuera del alcance de las mayorías y de los funcionarios ocasionales de un gobierno surgido de la legitimidad que proporcionan las urnas. El derecho a la vida es uno de ellos y, por tal motivo, no puede ser sometido a una lógica plebiscitaria.
Por otro lado, existe el problema de creer que un gobierno puede “cambiar la doctrina de la culpa de la policía” y, peor aún, enojarse porque “los jueces no lo entienden”. La voluntad de la ministra de Seguridad de establecer una nueva doctrina parece desconocer que existen derechos garantizados por la Constitución que no dependen de la “mirada” que el Gobierno tenga de ellos. La tensión entre constitucionalismo y democracia reside precisamente allí. Stephen Holmes lo planteó de una manera contundente: “Los ciudadanos necesitan una Constitución así como Ulises necesitó que lo ataran al palo mayor”.
Poco importa si las declaraciones estuvieron motivadas por oportunismo político o por convicción ideológica. En cualquiera de los dos casos, lo que les faltó a los funcionarios fue sentido de responsabilidad y de sensibilidad política ante una sociedad que no solo experimenta la inseguridad, sino también la convicción de que los gobiernos deben velar para que las fuerzas de seguridad estén siempre sometidas a los principios y mecanismos constitucionales. El respaldo que el Gobierno da a los excesos cometidos por dichas fuerzas no permite garantizar los derechos fundamentales que se supone deben proteger. Cambiar la “doctrina de la culpa de la policía” y presuponer de antemano que no son culpables en un enfrentamiento es, especialmente en nuestro país, tomar un riesgo innecesario y potencialmente irreparable. El tuit de un colega historiador lo resume de forma clara: “Están generando las condiciones objetivas para que en Argentina haya una interesante producción de cine western”.
*Historiadora.
