Una advertencia para los científicos y turistas en Puerto Madryn. La Comisión Internacional de Caza de Ballenas (IWC, sus iniciales en inglés) prepara una máxima traición. En su reunión en junio en Agadir, Marruecos, y como producto de contactos secretos, puede llegar a poner fin a la moratoria internacional acordada en 1994, que redujo drásticamente la caza de ballenas. El levantamiento de la prohibición de la caza del magnífico mamífero ha sido reclamado en forma insistente por tres países, cazadores y consumidores, Japón, Noruega e Islandia, generosa o accidentalmente apoyados por Estados Unidos. Los cambios permitirían la caza comercial en el Santuario Ballenero del Océano del Sur que creó la IWC. Eso incluye el Atlántico Sur. Grupos ambientalistas consideran que sería una catástrofe, además de constituir un fracaso para los proyectos de conservación anunciados en la conferencia de medio ambiente en Copenhague en diciembre. La moratoria se preparó en 1982, producto de campañas por los “verdes” e interminables pasillos burocráticos. En 1986 se firmó el acuerdo de reducción a partir de 1994. Japón escapó a la prohibición calificando la matanza como “investigación científica”. Noruega e Islandia instalaron un sinfín de objeciones a un acuerdo, hasta lograr la aceptación de sus anhelos. Los tres países liquidaron unos 30 mil ejemplares desde que se acordó la reducción de caza. Las cuotas país quedarían, pero los márgenes de caza permitida se incrementarían. La contrapartida a la reanudación de la caza sería un acuerdo de monitoreo de balleneros y un rastreo de ADN de todas las ballenas muertas. Los países que más trabajaron para imponer la moratoria fueron Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y, sorpresa, los EE.UU. En esos cuatro, matar ballenas cuesta caro en votos. Pero Washington está obligada, por políticas históricas, a autorizar cierta caza para sus indígenas inuit, en Alaska. Japón amenazó trabar la franquicia estadounidense si no se le permitía avanzar en la caza a Tokio. En los diálogos para junio, Nueva Zelanda apoya la ampliación de la caza. Australia sigue en su oposición.
