Acostumbrado durante muchos años en el hacer de cada día a gestionar, decidir e imponer determinadas políticas, como había sido la dinámica de su ejercicio de gobierno, con la nueva conducción jesuita Bergoglio había entrado en período de declive en la Compañía. Era un sacerdote sin proyección, sin una misión asignada, con el impacto anímico que esto significa para un jesuita y que va en desmedro de la vitalidad ignaciana. Y si es cierto que después de cada gobierno los provinciales “suben y bajan” en su grado de influencia, en el caso de Bergoglio, por el poder que había representado, el cambio era significativo. Llegaba a los 55 años con una sensación de “final de carrera”. Ocupó la habitación cinco de la residencia. El cardenal primado de Córdoba Raúl Primatesta, que ya empezaba a ser señalado por su silencio frente a la represión ilegal de la dictadura desde el cuerpo episcopal argentino, comenzó a recomendarlo para predicar retiros. Bergoglio continuó de manera intermitente su trabajo sobre el pensamiento de Guardini, escribió reflexiones pastorales y teológicas, e hizo lo que cualquier sacerdote que acaba de ordenarse: ayudar en las misas, confesar fieles y predicar el Evangelio. Si por entonces alguien le comentaba que algún día llegaría a ser designado sumo pontífice de la Iglesia, hubiera sonreído por el desatino.
Había perdido la vivacidad y creatividad que le reconocían los alumnos en el Colegio Inmaculada de Santa Fe. Permanecía retraído, sentado o hablando por teléfono en la cabina de la galería. Por su manera desganada de andar, algunos se referían a él como “el caballero de la triste figura”; abandonado por su Orden, poco se parecía al que durante su liderazgo en la Compañía parecía tener claro adónde quería ir. Incluso el superior de la Casa, el padre José Antonio Sojo, le ofreció mudarlo de cuarto y sacarlo del bullicio que venía de la calle para que pudiera descansar mejor. Bergoglio no quiso. Se sentía como el prepósito general de la Compañía Lorenzo Ricci, prisionero por determinación del papa Clemente XIV en el Castel Sant’Angelo, poco después de suprimir la Orden. No era una situación cómoda la que vivía en el día a día. Se molestaba por cuestiones cotidianas porque, decía, en la residencia no le pasaban los llamados telefónicos, había sido excluido, recibía pocas y esporádicas visitas, como la de Guillermo Marconi, ahora convertido en árbitro de fútbol cuando le asignaban un partido en esa provincia, o la del rector de la Universidad del Salvador, el filósofo Juan Tobías.
Uno de los momentos de alivio a esa crisis interior que padecía era dar el perdón a las prostitutas que lo visitaban en la parroquia para confesarse. Decía descubrir en esas mujeres un corazón humilde castigado por las circunstancias de la vida, y actuaba frente a ellas con voluntad de comprensión. Lo valoraba como una experiencia diferente de su pastoral por la que se sentía agradecido.
Sin embargo, la Iglesia argentina no había olvidado a Bergoglio. Tampoco el nuncio apostólico de la Santa Sede. Esto fue una sorpresa para la dirección curial de la Compañía de Jesús. En un viaje que realizó a la Argentina, el padre Kolvenbach visitó al arzobispo de Buenos Aires, Antonio Quarracino, y al nuncio Ubaldo Calabresi, y ambos le mencionaron que tenían “la más alta consideración” sobre los servicios apostólicos de Bergoglio. Lo consideraban una personalidad importante. Ese comentario dejaba traslucir el disgusto de la Iglesia por la situación que atravesaba el sacerdote jesuita. Cuando Kolvenbach regresó a Roma transmitió en una carta a la Provincia que la Iglesia argentina espera “servicios especiales del padre Bergoglio”. Desde la curia pudieron entender que el ex provincial disponía de un canal abierto con el Arzobispado porteño y la Santa Sede, que corría en paralelo a su pertenencia a la Compañía. Bergoglio tenía un mejor posicionamiento con la jerarquía eclesiástica, a la que no pertenecía, que en su propia Compañía, a la que le había dedicado su vida. Y si la dirección jesuita lo había relegado, conservaba el aprecio de Antonio Quarracino, el arzobispo que lo rescataría del olvido (...)
Siete meses después de que Bergoglio asumiera como arzobispo de Buenos Aires, la Justicia allanó la curia porteña. Bergoglio no estaba. Intentó resolverlo con serenidad: llamó a su vocero y le preguntó si estaba ocupado. “Están allanando las oficinas, hay más de cincuenta personas en la puerta, sería bueno que fueras a la Catedral…”, le dijo a Guillermo Marcó. Había un dinero atribuido a dos cuentas del arzobispado. A la arquidiócesis le habían iniciado una causa por estafa a una mutual del Ejército argentino. Era el primer problema económico, no el único, heredado del cardenal Antonio Quarracino, fallecido el 28 de febrero de 1998. Bergoglio, que jamás hubiera puesto en sospecha la honestidad del cardenal, se preocupó por defender su inocencia. Creía que Quarracino, en el final de su vida, había sido estafado por su círculo íntimo o personas de su confianza. Por esa razón había encargado una auditoría a la empresa Price Waterhouse, pero a los agentes que allanaban la curia no les interesó revisar ese informe. Se llevaron carpetas y computadoras. Marcó salió a expresar el malestar eclesial con los periodistas en la calle: “Es un atropello incalificable que no se vivió ni durante la persecución a la Iglesia de los años 1954 y 1955”, exageró. Ya desde el último trimestre de 1997 había empezado a trascender que Banco de Crédito Provincial (BCP) de La Plata había estafado a miles de ahorristas, entre ellos a la mutual Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV), que reunía fondos de personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad. El caso comprometía incluso a funcionarios del Vaticano. Uno de los vicepresidentes del BCP era Francisco “Paco” Trusso, embajador argentino en la Santa Sede y colaborador de la Comisión de Cardenales en el Vaticano, además de benefactor del Opus Dei. Su hermano, Juan Manuel Trusso, accionista del BCP, era vicepresidente de Caritas Argentina. Había sido el hijo de Paco, Francisco Javier Trusso, presidente del BCP, quien interesó a la mutual militar a sumarse a su cartera de clientes como ya lo había hecho el arzobispado porteño. Quarracino y su secretario, monseñor Roberto Toledo, reforzaron la invitación a vincularse con el banco a Eduardo Trejo Lema, titular de SMSV, y mencionaron la posibilidad de un viaje a Roma para que conociera a Juan Pablo II. Quarracino dijo tener antigua amistad con la familia Trusso y le aseguró que se trataba de gente honorable y piadosa. El acuerdo por el que el SMSV entregaba diez millones de dólares al arzobispado de Buenos Aires a través del BCP fue convalidado con la supuesta firma de Quarracino. El cardenal, sin embargo, no estaba presente en el acto de la firma. El banco aparecía como fiador del crédito. Cuando la mutual fue en busca del capital y los intereses del primer vencimiento del depósito, el BCP le indicó que los fondos habían sido girados a dos cuentas del arzobispado porteño; después monseñor Toledo desconoció la operación a Trejo Lema y negó la deuda. Los diez millones de dólares habían quedado en el limbo, entre el BCP y el arzobispado. Ninguno de los dos los reconocía. La situación se complicó cuando el Banco Central suspendió al BCP y luego decretó la quiebra. Descubrieron que habían inventado la cesión de casi 21 mil créditos por un total de 64 millones dólares a personas que nunca lo recibieron. Entre ellos, el propio Quarracino.
Cuando Bergoglio asumió en la curia porteña, el juicio se había iniciado –el abogado de Quarracino era el ex funcionario menemista Roberto Dromi– y en la demanda, además del arzobispado, se imputaba al BCP y a la familia Trusso. La preocupación de Bergoglio fue demostrar que la firma de Quarracino había sido falsificada, que el cardenal no había participado de ninguna operación e intentó, por vía judicial, comprometer al Banco Central por no advertir las maniobras ilícitas del BCP y propia mutual militar. En todo momento intentó deslindar la figura de Quarracino de la familia Trusso. Después de permanecer prófugo, el titular del BCP, Francisco Javier Trusso, fue detenido en una casa del balneario de Miramar que pertenecía a la familia del cardenal argentino Leonardo Sandri, funcionario de la curia romana. El hermano de Sandri, además, trabajaba en el BCP. Trusso fue condenado a ocho años. Al cabo de veinticuatro meses, su fiador, el arzobispo de La Plata Héctor Aguer, depositó un millón de pesos para lograr la libertad. Siempre se sospechó que el dinero había sido extraído de una cuenta del Banco de Siena del propio encausado. En su asunción como arzobispo, Bergoglio también tuvo que sostener la situación del Sanatorio San José, que concentra los servicios mutuales que entonces brindaba la Federación de Círculos Católicos Obreros. El hospital mantenía un déficit de un millón de dólares. Bergoglio corrió al sacerdote de la administración y lo envió a Caritas Argentina, y se ocupó de obtener el dinero. Lo consiguió. En la curia porteña pocos supieron cómo.
*Periodista.
