En tiempos electorales abundan promesas para mejorar la calidad educativa. A terribles diagnósticos le siguen propuestas que evidencian desconocimiento de la configuración y funcionamiento federal del sistema educativo argentino. La mayoría se centra en logros de aprendizaje de los estudiantes en pruebas estandarizadas como sinónimo de calidad educativa. Los medios suelen acompañar: la escasa cobertura de la evolución del acceso, permanencia y egreso de los estudiantes en contraposición con el tratamiento dado a los resultados de evaluaciones es una muestra. No es de su exclusiva responsabilidad: la comunicación gubernamental sigue esta línea, al igual que el foco de muchas OSC y fundaciones empresariales preocupadas por la educación.
La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco elaboró en 2007 una definición amplia del concepto de calidad educativa que resulta sumamente adecuada desde un enfoque de derechos: la calidad educativa es un constructo en el que se entrelazan cinco dimensiones: equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia.
*Equidad implica combinar los principios de igualdad y diferenciación en las políticas para garantizar el acceso, permanencia y egreso de todos los estudiantes, considerando que debe haber acciones particulares atendiendo los desiguales puntos de partida, con el fin de no reproducir las de-sigualdades sociales.
*Relevancia atañe al qué y para qué de la educación, y es particular a cada sociedad. De allí se desprenden saberes y capacidades que orientan la enseñanza y que un país considera fundamentales para propiciar un aprendizaje a lo largo de la vida fundado en los cuatro pilares del Informe Delors para el aprendizaje del siglo XXI: aprender a conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos. Pertinencia alude a una educación flexible que se adapta a necesidades y características de los estudiantes y de los diversos contextos sociales y culturales para poder dar lugar a aprendizajes significativos.
*Eficacia remite al logro de metas a las que un país se compromete, y supone un seguimiento de indicadores priorizados a partir de fuentes de información consensuadas, que permita ratificar o rectificar políticas y, a futuro, evaluar el nivel de alcance de dichas metas. Los logros de aprendizaje son un indicador relevante pero no el único; por ello se requiere contar con la información de la totalidad de los indicadores establecidos para monitorear el Plan Argentina Enseña y Aprende 2016-2021 aprobado por el Consejo Federal, que contemplaba un corte trienal al 2018. Eficiencia conlleva prestar atención al uso de dos recursos escasos: tiempo y fondos públicos. Pero no es un fin en sí mismo: es un instrumento más en pos de lograr la Justicia educativa; y es una dimensión de los procesos escolares que ha sido más atacada que estudiada y comprobada. El desafío es doble: indagar cuánto del financiamiento se podría potenciar mejorando la asignación actual y, calcular cuál es el presupuesto necesario para alcanzar los objetivos propuestos. Suele perderse de vista que hay un umbral de inversión por debajo del cual es dudoso que se puedan alcanzar los efectos deseados: nadie duda que el agua apaga el fuego, lo que es más improbable es que con unos pocos baldes se pueda apagar un incendio.
Dado el carácter multidimensional de la calidad educativa, cobra vital importancia la creación del Consejo Nacional de Calidad de la Educación previsto en la Ley de Educación Nacional para dimensionar integralmente los desafíos del país y de cada territorio. Entendemos que una discusión plural que trascienda la mera decisión gubernamental legitimaría un verdadero sistema integral de seguimiento de la calidad educativa que permita guiar más y mejores políticas educativas centradas en objetivos clave –como la educación secundaria– desde la Nación y las provincias.
*/**Especialistas en políticas educativas.
