La primera semana a pleno del nuevo gobierno confirmó que el rumbo anunciado quitó el efecto sorpresa a las primeras decisiones en materia de política económica. Pero también mostró la exhibición de poder de la maquinaria oficial puesta a disposición de los objetivos marcados. En menos de una semana se discutió, consensuó, debatió y aprobó en las dos cámaras un proyecto ambicioso que combinó delegación de poderes, creación de nuevos impuestos, adecuación de alícuotas de otros, suspensión de derechos y reorganización de las estructuras de gobierno; siempre en aras de la emergencia y la solidaridad proclamada.
En el fragor de la batalla legislativa quedaron en el camino otras aspiraciones, quizás de máxima, que se incluían en el proyecto original con las que probablemente el Poder Ejecutivo insistirá más adelante, como la reorganización de las estructuras administrativas, una asignatura pendiente para quienes le asignan un rol proactivo al Estado.
También quedaron en el debe las cuestiones que provocaron irritación en la opinión pública y de las que el Gobierno tomó nota y propuso el envío de un proyecto para modificarlas, como el estatus de los regímenes jubilatorios específicos, considerados de privilegio. Ni es una cuestión menor ni está desacoplada de los grandes debates en las economías centrales: desde hace un mes, Francia está en estado deliberativo justamente por la intención de la administración Macron de provocar una convergencia en los distintos tipos de jubilaciones.
La cuestión previsional fue la que introdujo por la ventana la urgencia de revisar el formato actual de actualización que el propio ministro de Economía considera como no sostenible. Esto sí resultó una novedad para la alianza gobernante ya que en campaña solo se había manifestado a favor de trasvasar ingresos de los intereses pagados por el Tesoro a elevar los haberes previsionales. Y cuando se consultaba sobre la viabilidad del sistema previsional, los especialistas hoy oficialistas hacían referencia a la evasión y la baja tasa de creación de empleo formal. La actual tasa de relación activos/pasivos que hoy es de 1,4 a 1, debería ser al menos del doble para garantizar lo que prescribe la ley sin sobresaltos. Como el gasto bruto previsional es más del 50% del presupuesto nacional, atacar de raíz la actualización automática justo cuando les tocaba ganar a los jubilados resultó una forma brutal de atender el déficit fiscal.
La otra fórmula estuvo a cargo del aumento de alícuotas y establecimiento de nuevos impuestos (como el que ahora grava la compra de bienes y servicios dolarizados o la adquisición misma de divisas para atesoramiento), que no tardó en causar malestar en el sector agropecuario en general. Una forma de desdoblar con más eficacia fiscal el mercado cambiario.
Todo este paquete no es más que una forma de continuar las negociaciones con los acreedores internacionales con algo más que promesas. La palabra de cualquier negociador argentino carece de valor luego de tantos incumplimientos seriales sin distinción de bandería política. Ahora se sentarán a la mesa con hechos, que incluso ni el más “neoliberal” de los gobernantes podría haber ofrecido para maximizar los resultados fiscales y la administración del bien escaso por antonomasia de la economía argentina: el dólar.
Aun cuando todo este paquete negociado e implementado en forma súbita tenga éxito para asegurar un piso de estabilidad en el corto plazo, quedan cuestiones por resolver con fecha de vencimiento. Los 180 días en que se prometió atender la reformulación de la actualización jubilatoria y los poderes especiales de intervención conferidos ya empezaron a correr. Quedará por verse si, como una pintura impresionista, estos grandes manchones (con desprolijidades y favoritismos incluidos) terminan por integrarse, incluso, como en una obra maestra, o serán otro parche más para encarar la batalla contra el estancamiento económico y social. La respuesta la tendrá la consistencia de una política económica de largo plazo. Nada menos.
