A fines de 2016 y según datos oficiales, los activos exteriorizados en el proceso de sinceramiento fiscal (el llamado “blanqueo”) ascendieron a casi 98 mil millones de dólares. Unos 7.300 de esos millones corresponden a dinero en efectivo depositado en entidades financieras locales y otros 6 mil, a unos 45 mil inmuebles declarados en el país y en el exterior. Pero el grueso de esos activos corresponde principalmente a depósitos e inversiones en el extranjero (26 mil y 38 mil millones respectivamente) y a otros activos y participaciones.
Respecto de su radicación, un 14% son bienes exteriorizados en el país y el 86% permanecen en el exterior. En cuanto a su aplicación, sólo se colocaron 560 millones en bonos y una cifra inferior en fondos de inversión.
Desde una perspectiva cuantitativa, el monto de activos exteriorizados hasta el momento superó las expectativas iniciales y su resultado recaudatorio es alentador ya que ingresaron a las arcas del Tesoro casi 110 mil millones de pesos. Pero desde la perspectiva del financiamiento podría decirse que aún no se logró lo esperado, ya que es muy poco lo aplicado hasta la fecha en bonos del Estado.
Esos resultados y las expectativas para los próximos tres meses, a nuestro modo de ver plantean varios desafíos pendientes para que el sinceramiento no sirva sólo para atender una difícil coyuntura financiera, sino que sea el puntapié inicial para generar una cultura tributaria y de cumplimiento de los deberes fiscales, que entendemos es una de las condiciones necesarias para lograr un desarrollo económico y social sustentable. A continuación intentamos un análisis de tales desafíos.
Flujo versus stock. Aunque es presumible que lo sincerado hasta el momento constituye un porcentaje considerable de los activos fuera del circuito formal de nuestra economía, ello no asegura que el flujo de las rentas que genera nuestra economía informal siga alimentando el stock de activos no declarados, aún existente.
Si bien el entorno internacional tiende a ser mucho menos permeable a los fondos no declarados –lo cual es una de las razones de la masiva adhesión al “blanqueo”–, existen otros circuitos que aún hoy permiten atesorar fondos no declarados. De ahí que consideramos que este proceso debe complementarse con una reforma impositiva integral que vaya eliminando progresivamente los impuestos regresivos y distorsivos y otorgue beneficios a quienes estén dispuestos a invertir principalmente en actividades generadoras de empleo, desalentando también la especulación financiera.
Asimismo, se requiere generar un cambio de rumbo que demuestre a los contribuyentes cumplidores y de buena fe que el resultado de su esfuerzo es bien administrado y aplicado correctamente en los servicios públicos indispensables. Una sana cultura tributaria sólo se construye de esa manera y es la única forma en que el mencionado flujo no siga acrecentando ese stock oculto.
Del ahorro a la inversión. Es plausible suponer que la gran mayoría de los fondos sincerados corresponden a excedentes y beneficios económicos generados en distintas actividades, cuyos tenedores los mantuvieron como ahorro y no los destinaron a gastos.
De la composición antes expuesta inferimos que un 75% del total de lo declarado son activos líquidos y de libre disponibilidad (depósitos e inversiones financieras), los cuales seguramente generan bajas tasas de rentabilidad o en algunos casos hasta nulas, afectadas ahora por los impuestos que deberán pagar a partir de su declaración.
Sería interesante promover diferentes mecanismos para construir los puentes necesarios para estimular que esos ahorros se destinen a la inversión. Por caso, empezar generando mecanismos para que la banca local pueda aplicar los fondos depositados en ella y poder ofrecer por su tenencia tasas rentables y seguras promoviendo que sigan bancarizados (constitución de fondos de garantía, otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas, etc.).
También sería plausible aplicar estímulos para que al menos una parte de los tenedores de los casi 65 mil millones de dólares declarados en depósitos e inversiones en el extranjero se sientan motivados a repatriarlos e invertirlos en actividades productivas. Beneficios impositivos, arancelarios, laborales y previsionales, políticas sectoriales activas, generación de nuevos instrumentos en el mercado de capitales, etc. son algunas de las tantas herramientas que podrían ser implementadas.
Legalidad del origen de los fondos. Los estándares internacionales, en particular los promovidos por el GAFI, aceptan estos procesos en tanto existan normas que garanticen verificar la legalidad del origen de los fondos sincerados. En síntesis, entre otras cosas, la ley exime de tributar los montos no aportados oportunamente y de haber incurrido en alguna de las irregularidades incorporadas en el régimen penal tributario, cambiario y de lavado de dinero proveniente de evasión, pero no así de tener que verificar su legalidad.
En ese marco es dable destacar que todos los sujetos obligados a implementar la normativa antilavado, entre los cuales se encuentra la AFIP, tienen la responsabilidad de aplicar los recaudos sobre prevención de lavado de dinero fijados en la ley vigente. Dicho organismo seguramente realizará sus respectivos análisis de riesgo sobre los varios miles de contribuyentes que ingresaron al proceso para lograr el objetivo aquí planteado. Lo propio deberán hacer los bancos con los depósitos recibidos localmente y otros actores cuando en nuestra economía empiecen a circular balances ya sincerados, los cuales tendrán incorporados los nuevos activos declarados.
Este aspecto medular del sinceramiento permitirá evitar que los beneficios del ingreso de fondos genuinos se deriven en los maleficios que todo activo ilegal genera al orden económico e institucional de un Estado.
Si logramos sortear los desafíos antes mencionados podremos afirmar que el proceso de sinceramiento fue exitoso desde una perspectiva no sólo cuantitativa, sino también cualitativa. Lo hasta aquí logrado, aparte de ser promisorio, constituye una gran oportunidad en tanto sea el inicio de un camino que puede ser el pilar de una política de Estado y no un mero programa que atienda a una difícil coyuntura financiera.
En síntesis, el gran desafío es cómo incorporar los fondos del sinceramiento a la matriz productiva de nuestro país en un marco de transparencia y sirviendo a la vez a la generación de una nueva y sana cultura tributaria. Sólo depende de nosotros.