En estos días, varias provincias del país estás atravesando una situación de presión sobre sus recursos, ante la situación de gastos crecientes, muchos de los cuales se vinculan directamente a la elevada inflación, como son los gastos en personal, que representan más de la mitad de los gastos provinciales.
No es un tema menor que a diferencia del nivel nacional de gobierno, las provincias no tienen acceso a fuentes de ingreso diferenciales: organismos como el BCRA y la ANSES, que se convirtieron en los últimos años en fuentes de financiamiento muy relevantes.
La discusión sobre las relaciones fiscales y financieras entre los distintos niveles de gobierno de nuestro país se hace más notoria en períodos de frazada corta.
Un punto concreto es que en la actualidad las provincias reciben de manera automática un 25% del total recaudado a nivel nacional, subiendo al 26% si se computa el Fondo Federal Solidario.
Antes del año 2000 recibían en promedio un 30%. La diferencia de 4 puntos representará, sólo en 2013, unos $35 mil millones. Esta cifra supera al total de necesidades de financiamiento que tendrán las provincias en 2013, ya que se estima para el consolidado provincial un déficit fiscal cercano a los $15 mil millones, a lo que se le suman amortizaciones de deuda por unos $16 mil millones.
Claramente, la situación es relevante, más allá que los fondos automáticos que se resignan sean reemplazados por gastos y transferencias discrecionales cuando la mirada es consolidada.
Si bien es cierto que cada nivel de gobierno toma sus propias decisiones de gasto, estos desbalances verticales generan más distorsiones, como lo es la suba evidenciada de la presión tributaria legal consolidada de Nación, provincias y municipios.
El caso de la provincia de Córdoba es, quizás, uno de los más paradigmáticos. La creciente concentración de recursos en cabeza de la Nación, llevó a que cuando se consideran de manera agregada las principales alteraciones sufridas por el federalismo (financiamiento tributario de la seguridad social, coparticipación parcial del impuesto al cheque, derechos a las exportaciones que desplazan las base imponibles de otros impuestos), la provincia resigne recursos que en 2013 llegan a los $ 9.300 millones.
Entre los componentes que suman esta cifra, se encuentra el 15% de precoparticipación que las provincias ceden a la ANSES, cuyo sustento se encuentra bajo fuerte cuestionamiento toda vez que el sistema jubilatorio fue re estatizado en 2009.
Solamente por este concepto, Córdoba resignará en 2013 unos $2.900 millones. A esto se le suma la suspensión desde 2011 del acuerdo por medio del cual se financiaba el déficit de la caja de jubilaciones provincial, equivalente en el año 2013 a $1.600 millones.
Sumando solamente estos dos conceptos equivalen al 39% de la recaudación anual prevista por la provincia ($11.500 millones), lo cual da una idea clara del esfuerzo fiscal que enfrentan el gobierno provincial y sus contribuyentes para poder mostrar un superávit fiscal que al tercer trimestre acumulaba $2.500 millones.
*Economista. Director de IARAF.
