Un Estado es una organización política que tiene por finalidad que la gente viva en paz y armonía. Todas las poblaciones del mundo están organizadas en “Estados” porque es imposible que miles y millones de personas que habitan un mismo territorio puedan gobernarse a sí mismas. En términos sencillos, los Estados son inevitables.
Esas organizaciones políticas están formadas por la población y el territorio que habitan, así como también por los gobernantes y el poder que ejercen para conducir los destinos del conjunto. Pues como se puede observar, los Estados están muy lejos de ser nefastos, opresores y enemigos de la gente, tal como lo pregona el Presidente Milei. En todo caso, quienes tal vez puedan serlo, son los gobernantes que no cumplen con el objetivo del Estado, que es el bienestar general o el bien común.
La Argentina ha padecido, en los últimos años, a uno de los flagelos populistas más siniestros: el kirchnerismo. Arrasó con todo: con el poder adquisitivo de la gente, con la decencia en el manejo de la cosa pública, con la moral administrativa, con la educación y la cultura, con las características del sistema republicano (particularmente con la independencia del Poder Judicial) y con la seguridad. Se multiplicó la pobreza, se fomentó la vagancia, se eliminó el mérito y se espantó a los capitales. Nada quedó por destruir.
En las últimas elecciones la gente dijo “basta”, y confió los destinos del país a un Presidente que nos propone un cambio de ciento ochenta grados. Sin embargo, lo vemos con muchas de las contradicciones de la política tradicional, a la que defenestra con el nombre de “casta”. Esas contradicciones no se reflejan solo en lo económico, ámbito en el que prometió no aumentar impuestos, eliminar a la moneda y el Banco Central, cuando en realidad, va por una senda opuesta; sino también en lo institucional, ámbito en el que, al igual que casi todos los presidentes argentinos de los últimos treinta años, apela al ejercicio de facultades legislativas a través de los nefastos Decretos de Necesidad y Urgencia, y solicita al Congreso que le delegue muchas de sus potestades.
Así, de este modo, con un sentido republicano definitivamente disimulado, envió al Congreso dos “súper normas” (un megadecreto de Necesidad y Urgencia con más de seiscientos artículos, y un megaproyecto de ley con casi setecientos, más seis anexos), exigiéndole que las aprueben a libro cerrado y en un mes.
Lo que se le ha pedido al Congreso no es que “analice” una enorme cantidad de medidas propias de su competencia (que en su esencia, y en su mayoría, considero adecuadas), sino que directamente las “apruebe”.
Los textos normativos enviados al Congreso abarcan una enorme cantidad de cuestiones: económicas, financieras, laborales, administrativas, civiles, comerciales, tributarias, sociales, de defensa, etc. Y todo bajo la presión y el signo de la urgencia. En efecto, para el Gobierno es urgente instaurar el juicio por jurados, regular el funcionamiento de las tarjetas de crédito, de los certificados de depósito y warrants, y el de los viajantes de comercio. También urge, para las autoridades, modificar la Ley de Deportes, de Sociedades comerciales, de Pesca, de Turismo; el régimen del Teletrabajo; prohibir la prescripción médica de medicamentos por su nombre comercial, evitar que los depósitos judiciales se deban hacer solo en el Banco Nación; que los divorcios puedan tramitar sin pasar por la Justicia; que las sucesiones se puedan realizar ante escribanos, y que los jueces usen togas y martillos, entre otras cosas.
Sin embargo, no hubo lugar, en mil artículos, para abordar el tema “seguridad”. Para el Gobierno no hay necesidad ni urgencia en evitar que la gente salga a la calle con miedo, en aumentar las penas a los delincuentes, en bajar la edad de imputabilidad, en lograr que “quien las hace las pague”, o en promover cambios en la legislación penal de fondo y de forma.
Pues esto resulta inexplicable e indignante. Es cierto que el kirchnerismo dejó un país en llamas, y que es necesario revertir muchas de sus desastrosas políticas, pero es difícil entender la escala de valores que tiene el actual Presidente, cuando ve necesidad y urgencia en tantas cuestiones que no la tienen, y no en los temas de seguridad que tanto preocupan al país.
Tal vez Umma Aguilera, desde el cielo, lugar en el que están las “fuerzas” invocadas por Milei, pueda encontrar una explicación adecuada.
*Abogado constitucionalista. Profesor Derecho Constitucional UBA.
