En el actual contexto de crisis en nuestro país, es lógico y deseable que el gobierno nacional que está por asumir priorice un proceso de recuperación laboral y productiva. Para poder dar curso a que ese proceso sea lo más rápido posible y signifique el inicio de un procedimiento sustentable de desarrollo de largo plazo, el orden de resolución de los problemas es clave.
El primer punto a atender es el de la deuda. Esto no es solo un problema para el Estado, sino para toda la sociedad. Todas las cadenas productivas locales utilizan algún insumo, repuesto o bien de capital importado, por lo cual tener acceso a divisas es esencial para poder producir. Por tanto, no habrá grandes decisiones de producción, inversión, financiamiento o empleo sin que antes haya previsibilidad respecto de los flujos de pagos (y eventualmente de ingresos) de divisas para cumplir con el servicio de la deuda, que será lo que clarifique si habrá luego dólares para que también el sector privado pueda pagar sus deudas, importar sus insumos o apropiarse de las ganancias por sus inversiones, en los casos en que necesite hacerlo en divisa extranjera.
La situación de la deuda que hereda el equipo económico de Alberto Fernández es urgente. El Tesoro nacional enfrenta vencimientos con el sector privado y organismos internacionales en 2020 por US$ 38.700 millones (además tiene pagos que hacer a otras entidades públicas nacionales, pero eso no debería nunca implicar un problema sustancial). Más aún, de ese total, US$ 25.900 millones deben pagarse en el primer semestre; y del total también, US$ 22 mil millones deben pagarse en moneda extranjera. Es decir que la deuda apremia: ya en febrero y marzo hay vencimientos elevados en pesos nacionales, y todos los meses hay pagos relevantes en moneda extranjera hasta llegar a un pico de US$ 5 mil millones en mayo.
Para peor, este problema es contagioso; para empezar, hacia el resto del sector público argentino. El stock de deuda de las provincias en su conjunto equivale a apenas 8% del total de la deuda pública nacional, pero en los últimos años se incrementó notablemente a partir de emitir bonos y letras mayormente en dólares –y en contrapartida, reducir la deuda con la Nación–. Mayor deuda en dólares implicó que la devaluación de estos años afectara su capacidad de pago: hoy, más del 5% del gasto primario de las provincias se destina a abonar intereses de deuda.
En 2020, las provincias enfrentan vencimientos por US$ 4 mil millones, de los cuales el 68% corresponde a la provincia de Buenos Aires. Como señalamos desde Elypsis en la serie de informes sobre deuda nacional y subnacional que enviamos a nuestros clientes, al menos siete provincias argentinas tendrán necesidades financieras elevadas en función de sus ingresos. En otro contexto quizá podrían apelar a la ayuda de la Nación; hoy, deberán tomar decisiones y medidas en relación con sus déficits primarios y vencimientos de deuda.
La más complicada es sin dudas la provincia de Buenos Aires: es prácticamente imposible que pueda alcanzar en lo inmediato y luego sostener un superávit primario (de acuerdo a nuestras estimaciones, del 4,7% de sus ingresos) que le permita evadir un evento crediticio (default). La provincia de Buenos Aires debe pagar títulos públicos por US$ 2.705 millones en 2020, de los cuales US$ 2.119 millones vencen en el primer semestre. Solo en enero vencen US$ 725 millones. Para peor, la mayoría se encuentra bajo ley y moneda extranjeras.
No se puede solucionar ni patear con un “reperfilamiento” como el que decidió unilateralmente el gobierno nacional en agosto de 2019. Podría ser que la Provincia deba aprovechar el marco que le da la renegociación de la deuda pública nacional para reestructurar también su propia deuda, buscando que el cronograma de vencimientos se acomode a su capacidad de pago pero también reducir el peso de esos compromisos para darle sustentabilidad al proceso de desarrollo de la nueva administración provincial.
Los problemas de financiamiento afectan también al sector privado. La abrupta contracción del mercado interno durante la gestión de Cambiemos (de la mano no solo de un desempleo que supera el 10%, sino además de la precarización laboral expandida y la merma del 20% del salario real entre quienes conservan sus empleos) se suma a los incrementos de costos (por la devaluación y las subas de tarifas, pero también por los costos financieros exacerbados de los últimos años) para combinar un duro golpe a las empresas.
Esta semana, dos firmas locales relevantes, Celulosa Argentina y Vicentín, se sumaron a la sucesión de empresas en el país que no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras de corto plazo. Evitar quiebres en las cadenas de pagos y cierres de firmas es clave para que la recuperación del sistema productivo local sea lo más rápida y sólida posible. Por el momento, pensar en grandes montos de inversión parece una quimera, con una industria que hoy trabaja en promedio al 58% de su capacidad instalada.
En el actual marco de crisis, con una renegociación de deuda con acreedores privados y con el FMI que seguramente condicionará las políticas públicas que puedan ejecutarse, y con urgencias sociales y laborales que requieren también respuestas inmediatas, la tarea por delante para el equipo económico es poco menos que hercúlea. Hay demasiados riesgos y problemas por delante en el proceso de “poner en marcha la economía”, que demandarán de parte del gobierno una elevada capacidad de acción y reacción y, sobre todo, la habilidad de alinear las urgencias actuales con la perspectiva de un cambio estructural en nuestra economía.
@martinkalos
Economista jefe de Elypsis.
