Temas de lenguaje

Un hombre de campo no puede creer “que un ex presidente diga tantas pelotudeces”. Un presidenciable regala su candidatura para que sus enemigos “se la recontra metan en el medio del culo”. Una anciana acusa a una ex integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de “rata predadora” (extraña especie hasta hoy desconocida), porque desacuerda con las estadísticas que maneja.
Más fina, una presidenta latinoamericana se entrega a analogías exquisitamente disparatadas: “Secuestran los goles hasta el domingo aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes, como antes secuestraron y desaparecieron a 30 mil argentinos”. Y como cree que le va bien por esa vía, a la semana siguiente insiste: “No se debe confundir libertad de expresión con libertad de extorsión” y se considera víctima de “fusilamiento mediático”.
En el marco de una reunión de consorcio convocada para discutir temas de seguridad y televisada en directo por expreso pedido de uno de los copropietarios menos querido por los demás, la misma presidenta anuncia “la llegada de la televisión digital” promovida por el copropietario más poderoso de la vecindad, como si se tratara de la colonización de un planetoide distante por parte de la menguante inteligencia argentina y no de la mera multiplicación de las frecuencias aptas para la difusión de la abominable tortilla publicitaria.
No quiero darle largas al asunto: prefiero el desenfreno del lenguaje a la “forma puritana” de la crítica lingüística. Me conmueve hasta el tuétano la circulación loca, libre y desenfadada de discursos totalmente impropios de actores políticos (todos ellos, siempre y por definición, obligados a medir sus dichos según las recomendaciones de asesores de imagen, encuestadores y corrientes partidarias internas). Es mejor que todos digan lo primero que a sus labios acuda para saber con qué imágenes lidiamos.
Se me objetará que nuestros niños, de ese modo, jamás conseguirán dominar diferentes registros de expresión. Sea. Pero como es probable que esos mismos niños, gracias a la dilatada y sistemática acción de gobierno en ese sentido ya no sepan multiplicar ni escribir sin faltas de ortografía, me parece un problema menor (casi como una broma más en la infinita llanura de los chistes).
Alguien supondrá que tales dichos se justifican por “el vértigo anómalo de la lucha política diaria y de sus exigencias desmesuradas”, como si viviéramos en la épica revolucionaria de 1810 y no los atónitos años del Bicentenario, en los que la única premisa es salvar las empresas propias y hundir las ajenas.
Otros sugerirán que cuando no hay nada para decir (cuando las palabras carecen de toda fuerza como para desarrollar acciones), lo mejor es llenar ese vacío con palabras grandilocuentes que mantendrán entretenidos a los comentadores de palacio, una semana tras otra, tratando de desenredar la madeja que explique cada desatino y cada anacronismo.
Yo prefiero pensar que lo dicho (no importa lo que sea) no tiene el sentido del exceso (hipótesis oficialista) ni el de la falta (hipótesis opositora). Lo dicho tiene el sentido inmanente a la frase y al lenguaje (incluido el exceso y la falta, que son sus caracteres distintivos). Dejemos a los poetas y a los profesores de retórica el finísimo análisis de las cosas dichas y concentrémonos por un momento en los efectos de las cosas hechas (cada ley es, finalmente, un acto de lenguaje mucho más grave que los deslices terminológicos de las figuras más públicas de la Corte).
Ley de Servicios Audiovisuales: extorsión estatal en relación con los consumos de los sectores culturalmente más vulnerables (los otros no miran televisión y, si lo hacen, es para reírse). Sistema de televisión digital: transferencia de recursos a las fábricas de Manaos (Brasil), donde se fabricará el hardware necesario para la conversión. Proyecto de “ley Giorgi” de imposición impositiva a los artículos electrónicos que no se fabriquen en Tierra del Fuego (donde se producen los televisores y microondas más caros de América latina): exclusión de los sectores populares del uso de tecnología.
O sea: secuestro de información (como antes secuestro de personas), fusilamientos informáticos, extorsión popular, fortalecimiento de los aparatos de censura y un festín para los lobbys industriales más poderosos del continente.
Si la Ley de Servicios Audiovisuales incluyera el peritaje lingüístico entre las prioridades del Estado... Pero no sostengamos falsas esperanzas. Mientras tanto: tudo bom, tudo legal.