La Argentina se encuentra sumergida hoy en un pozo de mediocridad del que parece muy difícil salir. Es fácil entrar en la decadencia, no salir de ella. En décadas no se observó una dirigencia tan poco preparada. Hoy hemos naturalizado como normal el cambio de domicilio, que es una burla electoral y política, una argucia. Nos hemos acostumbrado a desnaturalizar las leyes. A respetar las normas, como sostuvo bien Santiago Cafiero, “solo cuando nos gustan”. Así no tiene sentido una cultura jurídica. Que el mayor debate político sea en la Argentina hoy dónde fijan su domicilio los candidatos de la oposición, para que “elijan” dónde postularse (como si fuera un menú), es un ejemplo de especulación, que parte de desnaturalizar las leyes electorales de la República. Se supone que uno es candidato en el lugar donde vivió y tiene su domicilio, porque conoce el territorio y por eso lo puede representar debidamente. Burlar la ley con cambios de domicilio es un error –de tantos– que hemos naturalizado y que debemos volver a discutir si queremos recuperar el hoy degradado debate político. Ya no se debaten ideas. Se debaten domicilios electorales. Dónde “fijan” su residencia legal los candidatos. No podemos seguir con esto. Hay que pararlo. Tal vez haga falta una reforma política.
Lo mismo puede decirse de los funcionarios (y legisladores) que sin cumplir debidamente su mandato, para el que fueron electos, prefieren adelantarse por pura especulación y presentarse a otra elección. Lousteau asegura tener “dudas” de presentarse a la elección con este argumento. Y es correcta su “duda”. Tiene razón. Esto va dando forma a una clase política que vive de cambiar cargos. Tampoco parece correcto. Es otro flagelo que desnaturaliza la función pública: un senador no puede no cumplir su mandato para presentarse a “otra cosa”, no podemos vivir saltando de cargo en cargo, por puro tiempismo electoral, haciendo permanente especulación, porque entonces el cargo mismo (la función pública) se degrada y pasa de ser el fin a ser mero medio de la construcción electoral de un candidato, que renuncia cuando y como quiere a ser embajador o senador, “usa” el cargo de trampolín sin importarle nada su función institucional, que tiene su propios tiempos, por priorizar su carrera individual. Esto es no tener una mirada pública, sino privada, de la función pública. Es una distorsión institucional grave.
Se habla mucho de tener “sentido común”, pero lo que vemos es un crudo sentido privado, individualista, electoral, de la dirigencia argentina. Muchos funcionarios tienen dos cargos a la vez y piden “licencia”. Saltan de diputados a ministros, de ministros a candidatos. ¿Y la función pública? ¿Y la importancia intrínseca de ser diputado? Es una forma solapada (difícil de advertir) en que el mercado le impone su lógica individual, privatista, “acelerada”, a la vida política, que se orientaba al bien común, que es una construcción mucho más “lenta”, pero más colectiva: los procesos de la democracia son “lentos”. Cuestan.
La Justicia también es “lenta” y a veces está bien que lo sea, porque lo que se propone como una vía más “rápida” (justicia por mano propia) es inconstitucional. La crítica a la “lentitud” de la Justicia tiene muchas caras. No todas amables. No se trata de hacer todo “rápido”. Muchos de los procesos de la democracia son y deben ser “lentos”. Esto plantea problemas en una sociedad que quiere todo “ya”.
Por más incómoda que sea, se antepone una pregunta: ¿cómo puede un país enorme y rico, poco habitado y que produce y exporta alimentos al mundo entero, tener a miles de personas con hambre, tener a sus propios hijos revolviendo la basura para vivir? Algo está mal, muy mal, en nuestra forma de entender el derecho, el Estado y el lugar de los abogados, jueces y fiscales que (dicen que) defienden la “justicia”. Falla algo en nuestra forma de hacer política.
*Director nacional ECAE/PTN.
Producción: Silvina Márquez.
