Un joven venezolano ha denunciado una cosa horrible. De acuerdo con su testimonio, confirmado, según informan sus familiares, por exámenes médicos, miembros de la Guardia Nacional, entre los maltratos a que lo sometieron, le habrían introducido por el orificio anal el cañón de un fusil. Esta es una denuncia que debe ser investigada a fondo y, como reza el lugar común, hasta sus últimas consecuencias, porque de ser cierta, su gravedad no puede ser disimulada ni minimizada. Nunca, que se sepa, habría ocurrido cosa semejante en nuestro país. Los cuerpos policiales, en general, suelen ser muy rudos en sus procedimientos, los cuales niegan, por lo general, el respeto a los derechos humanos.
Pero el joven así agredido ha sufrido no sólo un daño físico, sino uno mucho más grave, de carácter psicológico, que no puede quedar impune. Aparte del joven Carrasco, es al gobierno a quien conviene más que a nadie investigar los hechos y, de ser ciertos, proceder a sancionar a sus autores con todo el peso de la ley.
Si esta brutal canallada no es sancionada con una pena concomitante con la gravedad de lo ocurrido, entonces estaríamos entrando en un ámbito donde todo vale y donde se habrían perdido todas las restricciones morales y éticas que norman la conducta humana. En efecto, el silencio de la jueza ante la cual el joven denunció el hecho es demasiado sintomático de los tiempos de ratas que vivimos.
Desde luego que la violación de este joven supera con mucho las brutalidades tradicionales que hemos conocido en nuestro país, pero ella fue parte de toda una sinfonía represiva de muy altos decibeles. Puñetazos, patadas, golpes de las cabezas contra el pavimento, saltos encima de los cuerpos que yacían en el piso, fueron algunas de las “exquisiteces”, más que represivas verdaderamente delincuenciales, que acompañaron la bestial ordalía padecida por el muchacho violentado con un fusil.
Llama poderosamente la atención que las más altas autoridades del país, que otrora fueron de los más activos denunciantes de excesos, torturas y demás atropellos policiales, teniendo, como tienen, conocimiento de estas barbaridades que se cometen ahora, se comporten como si la cosa no fuera con ellos, como si no se tratara de asuntos que les competen directamente y sobre los cuales tendrían que tomar medidas urgentes, so pena de que la brutalidad policial ocupe completamente el ámbito de la conservación del orden. Para la Guardia Nacional es muy importante garantizar la investigación imparcial de lo sucedido y asegurarse de que, si fue cierto, los responsables de ello sean sancionados penalmente con severidad.
Aparte del homicidio, es difícil imaginar un atropello más humillante y vejatorio que el experimentado por el joven Carrasco. No es un hecho banal ni trivial. Además de infligir sufrimiento físico, se añade la afectación de la dignidad y el orgullo del joven agraviado. Este hecho emplaza a la GN, no sólo como institución sino como cuerpo compuesto por seres humanos. ¿Cómo se sentirían los comandantes de la GN si alguno de sus hijos fuera sometido a semejante vejamen?
Lamentablemente, el gobierno parece hundirse crecientemente en ese intransitable camino de birlar los derechos constitucionales, en los dos sentidos señalados. Ojalá, el país lo merece, un poco de prudencia y de racionalidad se aposente en las calenturientas cabezas gubernamentales. No por reprimir van a solucionar el problema que subyace en el fondo, los anaqueles vacíos, los precios que vuelan, los muertos de cada hora.
*Periodista venezolano. Columna publicada en la revista Tal Cual.
