En la reciente Conferencia Internacional sobre Envejecimiento, realizada en Sudáfrica, fui invitada a hablar sobre el tema de los derechos de las mujeres adultas mayores en América Latina y el Caribe y, en especial, en Argentina. Esto es un desafío, porque si bien el envejecimiento en los países de la región y especialmente en los del Cono Sur como Uruguay, Chile y Argentina es algo que ocurre desde hace años, sin embargo, poco o nada se habla de los derechos de esta población y menos aún de los de las mujeres de 65 y más años. Según los datos demográficos en este grupo, las mujeres predominan y especialmente a medida que aumenta la edad. A partir de los 80 años éste es mayor. En general, se observa en todo el mundo y también en la región. Una característica de América Latina y Caribe es la diversidad y diferente evolución del envejecimiento en los distintos países. El Caribe es uno con grandes variaciones, en América Latina, los países del Sur son los que tienen un mayor nivel de personas mayores de 65 años y por ende, las mujeres predominan. Según Cepal en el 2050 la población de mayores de 80 es la que más crecerá y llegará casi a triplicarse.
La situación económica y social de las mujeres mayores en la región, debido al alto nivel de la participación en el sector informal del trabajo, tienen más dificultades para jubilarse cuando llegan a la edad correspondiente, porque no reúnen los años de aportes necesarios, a diferencia de los varones. Además, sus ingresos son inferiores en parte por eso, pero también porque las mujeres que se insertan en el mercado laboral formal, o sea con seguridad social, suelen ganar menos que los hombres porque trabajan menos horas y /o en sectores de menor productividad. Esa diferencia o brecha de género que significa menores ingresos durante la etapa activa continúa al jubilarse. Este es uno de los motivos por los cuales, en algunos países, como en Argentina desde hace tiempo se adoptó una moratoria que permitió a las mujeres llegadas a la edad jubilatoria sin tener los años suficientes de aportes, jubilarse e ir pagando esa deuda. Esto facilitó que muchas mujeres lograran jubilarse y también algunos hombres. Ahora se eliminó, se estima que una de cada diez mujeres podrá jubilarse; las otras recibirán la pensión o aporte por la edad que siempre es inferior. La mayor dificultad es la falta o pobre cobertura de protección social que tienen en relación con la atención de salud, acceso a vivienda y otros. Esto no es menor e implica un contexto mucho más precario e insuficiente si no lo pueden cubrir individualmente, ya sea porque siguen trabajando o no tienen apoyo familiar o de su grupo de pertenencia, las mantiene en la pobreza e indigencia y limita su supervivencia.
En Argentina estamos viviendo una situación especial. Desde hace aproximadamente dos décadas el valor de las jubilaciones sufren retrasos, pero estos se amplificaron a partir del 10 de diciembre del 2023 cuando el nuevo gobierno produjo un blanqueo de la economía con un aumento del dólar que se tradujo en el costo de vida, y un sinceramiento del valor de los servicios como el agua, la luz y el gas que dejaron de ser subsidiados por el gobierno nacional y aumentó mucho el costo para las personas, aumento que continúa con el ajuste periódico y que limita a muchas personas y unidades familiares abonar esos gastos. En el caso de las personas jubiladas se sumaron otros factores, como la suba de los medicamentos, que excedió ampliamente el aumento del costo de vida y el cambio de las prestaciones del servicio de salud brindados a través del PAMI, que disminuyó y/o limitó la cobertura de muchos medicamentos. Esto sumado a la disminución de la actualización de la jubilación mínima al 1% anual, generó una grave crisis económica, social y médica que afecta especialmente a quienes cobran la mínima. Aclaremos que de los 7,9 millones de jubilados, 6 millones cobran la mínima, de esos, 5 millones son mujeres y otras 500 mil son pensionadas. Esas mujeres deben sobrevivir con un ingreso mensual alrededor de 320 U$S, esto cubre solo un 25% del costo estimado del valor de la canasta mínima. Esto grafica la tragedia de estas mujeres que hoy no saben si comprar comida, medicamentos o pagar el costo de los servicios de sus viviendas. Esta crisis es una violación a sus derechos humanos que no podemos ignorar. Por eso como feministas estamos denunciando esto en todos los ámbitos internacionales, especialmente en los que velan por el respeto a los derechos de las personas y que Argentina ha reconocido como la Agenda 2030. También la Comisión de la Condición de las mujeres –CSW– y otros ámbitos internacionales. La Conferencia en Sudáfrica nos permitió estrechar vínculos con otros países, para que la lucha no sea aislada sino conjunta.
