Al escribirse estas líneas, el 30 de septiembre, se mantenía la incógnita sobre lo que ocurriría al día siguiente en la “toma de Guernica”, ya que la justicia había dispuesto el desalojo de los ocupantes. ¿Un procedimiento pacífico; una brutal represión; un nuevo postergamiento? Todo era posible.
En cualquier caso, es previsible que estos problemas continúen e incluso que sigan propagándose por todo el país, ya que se trata de un “toma y daca” (intercambio de cosas o argumentos que se oponen), en el que cada sector tiene sus razones. La ocupación es ilegal; resulta evidente. Pero de las 2344 carpas y techos allí instalados, en 1309 viven familias con niños; 307 adultos solos y 288 parejas sin hijos. En total, 2797 niños y adolescentes y 1859 personas desocupadas. “Entre éstas, 1544 personas declararon que llegaron a la ocupación por estar empobrecidas y con imposibilidad de pagar un alquiler. Otros 183, debido a conflicto familiares; 51, por violencia de género. Y 32, por estar en situación de calle” (La Nación, 30-9-20). La misma fuente detalla que los ocupantes provienen de diversos distritos del Gran Buenos Aires y que muchos se negaron a dar información.
Finalmente –estamos en Argentina- diversos medios vienen informando sobre “venta” de lotes, cobros de alquiler, gente que siquiera pasa la noche en el lugar, etc. Hechos en los que nada tiene que ver el honesto progresismo que apoya a los ocupantes, aunque es imposible dejar de preguntarse de qué modo centenares de familias indigentes de media provincia acordaron ir al mismo lugar al mismo tiempo; cómo se distribuyeron las parcelas y quiénes estuvieron realmente a cargo.
Cualquiera ea la “solución” en Guernica y otros sitios, el problema no hará más que agravarse: la mitad de la población argentina está en la pobreza o va en camino, mientras crece el número de indigentes. Imaginemos que de algún modo se legaliza la ocupación de Guernica. ¿De qué vivirá esa gente? Lo más probable es que en poco tiempo el lugar devenga una nueva “villa miseria”, con todo lo que eso comporta: enfermedades, inseguridad, narcotráfico… lo conocido.
Pero ya que estamos, también podemos imaginar que se crea una comisión multidisciplinar/partidaria, encargada de diseñar un proyecto de distribución de los cientos de miles, o millones, de hectáreas de tierras fiscales en posesión del Estado, provincias y municipios. Que no se tratará de “dones”, sino de un proyecto de integración socio-económica, a la manera en que a lo largo del tiempo se concretó en algunos países, en particular los escandinavos. Que, por ejemplo, en las zonas agrarias se otorgue a cada familia o grupo una “unidad económica” (un mínimo pasible de ser rentable; variable según las zonas), además de un crédito estatal a largo plazo para construcción de viviendas y compra de útiles de trabajo; además de cursos de capacitación. El conjunto en modo cooperativo, un sistema justo y eficaz del que en Argentina existe una enorme y vieja experiencia: el “grito de Alcorta”, que dió origen a la Federación Agraria Argentina, data de 1912. El movimiento se desarrolló rápidamente; al punto que en 1932 se creó la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias.
Argentina es un país híper-urbano, lo que resulta en contradicción con que la producción agraria es su principal valor y con la falta de explotación y ocupación de enormes territorios. Los europeos se asombran cuando nos escuchan decir que la tierra de los ríos Negro, Colorado y los Lagos del Sur es nuestro “desierto patagónico”.
Por último, esa soñada comisión debería también prever la manera de evitar el aprovechamiento y la intromisión en el proyecto de caudillos, “punteros”, mafias paraestatales, sindicales y políticas; por no hablar del narcotráfico y otros delitos.
Esto, porque el funcionamiento de nuestra sociedad es la antítesis del modelo escandinavo.
*Periodista y escritor.
