En un país con un patrón de institucionalidad mejor que el nuestro, un funcionario que hubiera hecho lo de Ricardo Echegaray en Río de Janeiro habría renunciado motu proprio o, de lo contrario, habría sido cesado en sus funciones ipso facto por el presidente. Pero claro, esta es la Argentina del kirchnerismo, en donde todo es posible. El manual de crisis K tiene para estos casos un procedimiento que, por lo repetido, ya es un clásico que aburre: primero victimizarse y después intentar tergiversar la realidad. En este caso, Echegaray dijo que no vio ni participó de las agresiones al equipo de TN y Canal 13 –en especial al camarógrafo Marcelo Funes–, pero no las negó. Luego señaló que Copacabana no es un lugar de lujo. El Sofitel Copacabana, donde se alojó, es uno de los hoteles más exclusivos de Río de Janeiro, y sus tarifas para la noche de Fin de Año son de las más caras. Agregó que consiguió dólares como lo puede hacer cualquier persona con su nivel de ingresos, afirmación que desmienten los miles de argentinos que, pudiendo justificar sus ingresos, deben comprar los dólares que necesitan para viajar en el mercado negro muchas veces a sugerencia misma de los empleados de la AFIP. Como lo muestra el caso de Echegaray, la desvergüenza de los funcionarios del Gobierno no tiene límites.
La Presidenta sigue la realidad a lo lejos desde su lujoso reducto de El Calafate. Está ausente de la escena, pero ello no debe mover a confusiones ya que sigue al comando pleno del Gobierno. No hay medida que se tome sin su aprobación. Cada vez que hablan en público, los ministros se dirigen a ella, que seguramente los está mirando atentamente por televisión. El verdadero problema que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner es la realidad. Cuando lo que predomina es la adversidad, la jefa de Estado busca la lejanía. Ocurrió con la tragedia de Plaza Once. Ocurrió con las inundaciones del 2 de abril pasado. Ocurrió con los saqueos y ocurrió con los cortes de energía eléctrica. Lo que procura, además, es ponerse en víctima, otro clásico del kirchnerismo. De lo que trasciende de la Babel de El Calafate, la Presidenta está preocupada por las reacciones populares que desataron los cortes de luz y por la pérdida de apoyo político que experimenta su administración. Por ello está demandando de los gobernadores –en verdad lo que hay no son pedidos, sino aprietes– un gesto de apoyo explícito a su gestión y a su gobierno a cambio de la liberación de fondos que hoy las provincias necesitan con desesperación. Este es un tiempo de ajuste, palabra que el oficialismo detesta. A estas horas, la inquietud está renaciendo en varias de esas comarcas a causa de las dificultades que existen para cumplir con los aumentos salariales acordados con las policías que se rebelaron hace un mes. Hay algo obvio: no hay plata para pagar esos incrementos salariales.
Lo que está acaeciendo en estos días tiene una gravedad que no ha sido adecuadamente mensurada por el Gobierno. Hay un hecho significativo: las autoridades han perdido el dominio de la calle. La autopista Illia permanecía hasta ayer cortada por sexto día consecutivo sin que ninguna autoridad atinase a hacer nada para encontrar una solución. Los vecinos de los distintos barrios afectados por los cortes de electricidad cortan las calles por horas sin lograr que alguien acuda a su encuentro para dar la cara. El clima de agresividad que se vive en muchas de esas concentraciones –del que son testigos y víctimas los empleados de las cuadrillas de las empresas de electricidad y a veces también los periodistas y el personal técnico de los equipos móviles de radio y televisión que cubren la manifestación– debe mover a una seria reflexión no sólo por parte del oficialismo, sino también de la oposición, para la que la gente también tiene críticas porque la ve ausente. Gran parte de la dirigencia política tiene una deuda mayúscula con la ciudadanía.
La inflación, por su parte, sigue desbocada. Los acuerdos de precios que se anunciaron el viernes contienen aumentos que, en algunos casos, rondan el 100%. Lo que ha sucedido no representa ningún secreto ni es ninguna sorpresa: se han permitido remarcaciones notables para los valores de muchos de esos productos para que, así, se asegure un colchón que le otorgue a este acuerdo el oxígeno suficiente para aguantar por lo menos hasta marzo. La intención del Gobierno con esto es clara: condicionar las futuras negociaciones paritarias a fin de limitarlas a acuerdos que no superen el 20%. Hoy por hoy, esto parece tener la dimensión de lo imposible. No debe sorprender, entonces, que para Fernández de Kirchner este tiempo sea de silencio y ausencia. La razón es muy simple: el ajuste. Ya reaparecerá en público con las catilinarias habituales de sus “Aló Presidenta”.
A medida que las malas noticias van poblando el horizonte socioeconómico del país, la intolerancia del kirchnerismo aumenta. Como todo es el “relato”, se tiene la idea de que, eliminando a los que lo contradicen, los problemas se solucionan como por arte de magia. Es lo que le sucedió a quien esto escribe cuando en febrero de 2009 fue censurado y echado de Radio Del Plata por los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, empresarios de absoluta afinidad con el kirchnerismo, respondiendo a una exigencia de Néstor Kirchner. Es lo que también le pasó a fines de 2012 a Marcelo Longobardi, echado de Radio 10 por Cristóbal López a demanda de la Presidenta. Es lo que acaba de repetirse con los colegas Antonio Laje y con Gustavo Mura, para quien va toda nuestra solidaridad. A Laje lo echaron por haber descripto la situación de absoluta precariedad del sistema eléctrico. A Mura, por haber inquietado con sus preguntas al secretario de Seguridad, Sergio Berni. Todo estos hechos lamentables dejan al descubierto las verdaderas intenciones que estuvieron en el origen de la Ley de Medios, que no fueron otras que las de adjudicar medios a empresarios afines al Gobierno y ajenos a la actividad, quienes, a cambio de continuar con sus verdaderos y fabulosos negocios –la mayoría de ellos con el Estado, es decir, con el Gobierno–, están dispuestos a callar a cualquier periodista que resulte molesto para el kirchnerismo. ¿Quién será el próximo?
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
