Todos contra Alberto

Hay un precepto en la Biblia no escrita de los políticos argentinos que reza: “No invocarás el nombre de Yabrán en vano”. Es un apellido que funciona metafóricamente como punto de confluencia del poder mafioso, capaz de matar, y la corrupción de Estado. Y esta empresa editorial lo sabe mejor que nadie, porque lo sufrió en carne propia con el asesinato de José Luis Cabezas.
La ministra Graciela Ocaña exhumó ese fantasma del pasado para definir la magnitud de la lucha que está llevando adelante para extirpar la delincuencia organizada del sistema de salud. Se trata de una tarea titánica que rompe negocios millonarios y despierta odios peligrosos. Por eso, ella se confesó con muy pocas pero terribles palabras ante (por lo menos) dos personas de su extrema confianza:
—Tengo miedo. Estoy asustada por lo que me pueda pasar.
—¿Quién pensás que te puede atacar? –fue la pregunta obligada de sus interlocutores.
—Cualquiera. Me estoy metiendo con intereses gigantescos. Tengo miedo incluso de lo que pueda venir desde adentro del Gobierno.
Ella no tiene ni quiere una custodia especial. Se siente extraña entre policías. Pero es muy consciente de las amenazas brutales que padecieron algunos inspectores de su Ministerio que por esa causa actualmente están bajo tratamiento psicológico. Además, sabe perfectamente que tiene “infiltrados o buchones” adentro del Ministerio que suelen alertar a algunas droguerías o proveedores para que destruyan evidencias o papeles comprometedores minutos antes de que lleguen los allanamientos.
Graciela Ocaña cada vez confía en menos gente. Pero mantiene una fe casi religiosa en Cristina Fernández de Kirchner. Está convencida de que la Presidenta la acompaña en su “batalla ética” y que no tiene nada que ver con los agujeros negros de los fondos que financiaron su campaña electoral ni con el fuerte olor a efedrina y otras yerbas que despiden algunos aportes, como el de Sebastián Forza. La ruta que busca desentrañar el triple fusilamiento de General Rodríguez está dejando al descubierto más relaciones con la política del municipio encabezado por el intendente kirchnerista Marcelo Coronel, en cuanto a la infraestructura para operar en el terreno y con la política nacional para moverse con impunidad garantizada por expertos. No se pueden olvidar los aportistas a la campaña de Cristina que ahora nadie conoce ni se hace cargo de haberlos acercado al calor oficial. Y que Sebastián Forza no fue pero había reservado un lugar en una mesa del Sheraton el día que, con la presencia de la actual presidenta, se hizo una cena para recaudar dinero.
En algunos ámbitos del pingüinismo gubernamental existe la intención de aprovechar la volada para tirarle el fardo a Alberto Fernández y responsabilizarlo de todo lo malo que ocurrió en los últimos tiempos. Por eso fue tan industrializada la versión de que con Héctor Capaccioli (desplazado superintendente de Servicios de Salud y ex cajero de la campaña de CFK) se iban otros funcionarios de origen albertista, como Romina Picolotti, y que Néstor estaba enojadísimo por la “luna de miel” que Alberto F se tomó con Vilma Ibarra justo en el momento en que se estaban contando los votos, de a uno, para la reestatizacion de los fondos jubilatorios privados que se aprobará el próximo jueves con todo el marketing del Día de la Soberanía. En la Casa Rosada hubo varios comentarios alegres por la caída de Capaccioli; dejaron trascender que el mismísmo Carlos Zannini había llamado a Ocaña para felicitarla por su triunfo, que Sergio Massa se cobró algunas viejas facturas y se convirtió por esas horas casi en un militante de la ministra y que los buenos muchachos de Julio De Vido estaban felices por dos cosas: porque que la lupa que les había puesto Elisa Carrió con su denuncia por integrar una asociación ilícita comandada por Néstor Kirchner se podía enfocar un poco para el lado del PJ Capital y porque un hombre de Moyano como Juan Rinaldi se hacía cargo de semejante caja.
Todo indica que los Kirchner no tuvieron más remedio, con perdón de la palabra, que tirar a Capaccioli por la ventana del Gobierno. El jefe de Gabinete, Sergio Massa, esperaba pacientemente que le presentara la renuncia “ofendido” por la desautorización a la que fue sometido públicamente cuando le nombraron cuatro gerentes en la Superintendencia de Servicios de Salud como una suerte de intervención. Pero Cappaccioli prefirió mirar para otro lado y seguir resistiendo en su cargo, escudándose en la amistad que tiene con Alberto Fernández desde el colegio secundario. También está convencido de que los Kirchner deben pagarle los servicios de recaudador que les prestó en las tres últimas elecciones. Todos los tesoreros partidarios conocen muchas operaciones difíciles de explicar ante la opinión pública y ese silencio vale, según confesión de partes, por lo menos una embajada en Portugal. ¿Se prestará el Gobierno a ese intercambio de favores? ¿Qué pasa si la Justicia avanza a fondo y empieza a citar a Cappacioli para pedirle más precisiones sobre varios temas? ¿Prenderá el ventilador para salvarse? ¿Le soltarán la mano con todo el riesgo que eso significa?
Después de que el Gobierno pasó a retiro a Cappacioli, su jefe y amigo Alberto Fernández salió a bancarlo: “No tengo nada malo para decir de él”, aseguró por radio. Sin embargo, ya se inició el sumario interno por la escandalosa contabilidad de la caja chica que manejaba su protegido. Algunas truchadas son de un nivel de precariedad que sorprende. Por ejemplo, las tres o cuatro facturas que presentó en una semana por comidas en Tierra de Parrilleros, con gastos promedios de 350 pesos y el consumo de vinos de alta gama. Conviene recordar que un porcentaje de la propiedad de ese restaurante lujoso de Puerto Madero alguna vez estuvo en la declaración patrimonial del propio Capaccioli y luego en la de su esposa. No es lo más grave, de todos modos. Las sospechas crecen porque muchas de esas facturas que pagamos todos los ciudadanos son correlativas y también porque hay comprobantes por compras de ropa y juguetes que no resisten el menor análisis.
Claro que este manejo arbitrario de los fondos de su organismo no es nada al lado de sus relaciones con dos muchachos pesados de los negocios del mundo de la salud con el Estado. Ambos tienen un nombre muy particular para los tiempos políticos que vivimos: Néstor. Pero su apellido no es Kirchner. Uno se llama Néstor Vázquez y el otro Néstor Osvaldo Lorenzo. Uno estuvo al lado de José Luis Lingieri y de Héctor Capaccioli en el manejo técnico y operativo de la Superintendencia, y el otro tiene un perfil mucho más bajo, pero solía desayunar con Capaccioli y acaba de recibir una alegría de la Justicia: prescribió una causa en la que aparecía involucrado el emblemático caso de la leche adulterada que salpicó a Carlos Spadone y Miguel Angel Vico en los viejos tiempos de Carlos Menem.
Por lo tanto, hay dos líneas de investigación que van a perseguir a Capaccioli ahora que volvió al llano. La que tiene que ver con los fondos para la campaña de Cristina y la del rol que jugó a la hora de acelerar o demorar subsidios de las obras sociales sindicales. Esos dos caminos se cruzan al tratar de descubrir una trama de estafadores que viene funcionando desde hace mucho tiempo y que se queda con los fondos de la salud pública mediante todo tipo de maniobras, que incluyen sobreprecios monumentales, tratamientos prolongados a pacientes inexistentes y falsificación de recetas médicas y de troqueles de remedios.
La matriz de esa corrupción se consolidó durante el menemismo con algunos personajes que son los mismos de la actualidad en ambos lados del mostrador. Hay muchísimas obras sociales que tienen apenas un centenar de afiliados y otras que sólo son un sello de goma y un número telefónico que hacen pases de mano y se quedan con retornos y coimas pero que transfieren automáticamente la atención de la salud a una empresa de medicina prepaga.
Cuando esta historia termine (si alguna vez termina) tal vez Héctor Capaccioli ocupe un lugar de menor exposición que el que tiene ahora producto de la actualidad informativa. Es una pieza importante del engranaje, pero no quien lo maneja. De todas maneras, y para su mala suerte, su figura resume una granada de fragmentación que golpea por igual al Gobierno nacional, a varios gremios y sindicalistas, y a los traficantes de efedrina, miles de cheques sin fondo por millones de pesos, menos los cuatro cheques que sí tuvieron respaldo y fueron a parar a las arcas del Frente para la Victoria.
Si la Justicia Electoral empieza a tirar un poco de la cuerda, saldrán a la luz muchos aportes y aportistas que no resisten un Veraz ni un Google. Hacen falta fiscales con coraje ciudadano para hacerlo en estos tiempos de cólera. El mismo coraje que tuvo Juan José Aranguren, el presidente de Shell, durante todo este tiempo y la noche en la que recibió el premio Konex cuando valoró esa distinción como una confirmación de que se puede actuar con dignidad: “Frente a la política del apriete y de las reglas no escritas”.
Esa misma valentía apareció en toda su dimensión con el fallo de una Corte Suprema, ejemplo de independencia y excelencia profesional, cuando abrió las puertas para que la democracia y la libertad desembarcaran de una vez por todas en el sindicalismo argentino. Ya era hora, a 25 años de la recuperación institucional. El ex presidente Raúl Alfonsín dejó desde el radicalismo jirones de su poder político en aquel combate parlamentario que perdió con la ley Mucci, los mismos desgarros que sufrieron desde la izquierda el gringo Agustín Tosco y, desde el peronismo, el “Turco” Germán Abdala en su insobornable enfrentamiento con la burocracia sindical que durante años permitió la existencia de gremialistas millonarios y trabajadores pobres que más que columna vertebral del peronismo fueron la lata repleta de dinero donde metieron sus manos de uñas largas muchos políticos igualmente corruptos.
El gobierno de los Kirchner está ante una encrucijada. Puede cumplir con las promesas de darle la personería gremial a la CTA que le hizo a Víctor de Gennaro y a Lula, navegando cerca del Perito Moreno, apenas asumió Néstor como presidente. Pero también puede cumplir con las promesas de mantener el monopolio sindical que tácitamente le hizo a Hugo Moyano, a cambio de que discipline a los trabajadores y siga haciéndole de guardaespaldas a la gestión Cristina.
En el Gobierno hay varios cuadros de los 70 que quisieron terminar con los jerarcas sindicales, incluso a los tiros. Otros que históricamente han estado respaldando los reclamos de la Central que hoy lidera Hugo Yasky. Y un par que siguen creyendo en la honradez personal y la transparencia como forma de la militancia política transformadora de las injusticias. No es precisamente Yabrán el que representa esos ideales. Y seguramente ése es el motivo de los miedos de Graciela Ocaña.