El tema fue central en PERFIL el domingo y siguió con la votación en Diputados de la ley de teletrabajo o remoto. El domingo la nota de Valli en 50/50 se refiere a la presentación de la directora nacional de Políticas de Cuidados del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades en la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados, donde dijo: “Es importante que los hombres reclamen su derecho a cuidar”. Es importante que el derecho sea para ambos, no solo para las mujeres. El aislamiento social preventivo y obligatorio permitió reconocer quehaceres que antes no se veían, como el apoyo a las tareas escolares, o las labores domésticas como planchar o lavar. Además de cuidar a enfermos y ancianos. Esto, sumado al teletrabajo, que la mayoría de las mujeres debieron hacer, permitió que toda la familia entendiera qué es esto de lo que tanto hablamos las feministas. Hay experimentos sociales, como estos cien días de aislamiento, que nos permitieron dejar de hablar en abstracto para vivenciar en carne propia. Ahora lo tenemos que enfrentar. Las decenas de proyectos que había en Diputados durmiendo (muchos perdieron estado parlamentrio) de golpe aparecieron y se juntaron con otros. Todos los bloques presentron proyectos. Incluso los representantes sindicales que se habían resistido antes se dieron cuenta de que había que tratarlo y aceptaron incorporarlo en los convenios colectivos. Y no es un milagro, es producto de lo que vivimos y seguimos viviendo en estos más de tres meses . Finalmente encontramos qué agradecerle al Covid, y no es menor, porque como todos los que parecen ser defensa de derechos de las mujeres son para todes y benefician a toda la sociedad.
Valli comenta el informe de Cippec: “Hace 33 años , el hombre era el sostén de la familia en el 52% de los hogares, ahora solo en el 22%”. La transforamción de las familias ocurrió en tres décadas, esto obliga a pensar políticas públicas que consideren estos nuevos modelos de familias. Actualmente el monomarental es el más frecuente. Los hombres, al no convivir con los hijos, se desentienden de su manutención y queda solo la madre a cargo. Solo el 50% de los padres de sectores con mayores ingresos y el 20% de los de menores ingresos cubren la cuota alimentaria. Las políticas públicas y la legislación deben actuar logrando un justo acatamiento de esta responsabilidad.
La nota de Fernández Escudero sobre el cambio que esperan los trabajadores para después de la cuarentena refiere un estudio realizado por Hilo que evidencia que el 65% quiere que cambie la modalidad de trabajo hacia el teletrabajo, variando según sean operarios, que prefieren volver a lo tradicional, o empleados de empresas multinacionales, que expresan mas interés por el teletrabajo. Los del sector público lo quieren en mayor proporción que los del privado. Según otro estudio de Bumeran en la región, en Argentina casi el 80% quiere que se permita el trabajo remoto. Dos tercios creen que mejora la productividad, reconociendo como una ventaja no tener que trasladarse. También hay a quienes les preocupa que se pierda la intimidad de las familias.
Aprobada en Diputados la ley que regula el trabajo remoto, ahora el Senado la tratará. ¿Darán los tiempos para que cuando concluya la pandemia se pueda aplicar? ¿Cambiará la responsabilidad en las tareas de cuidados? ¿Serán los hombres los que lo prefieran? Para que ocurran estos cambios, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades debe concretar estas políticas. Son interrogantes que nos planteamos frente a un cambio social que parece imparable pero solo ocurrirá si se definen políticas públicas claras. Esto es más que la licencia parental.
El sábado, López Rodríguez, en “¿Que vuelva el cabaret o que empiece el debate?”, trata un tema desencadenado por el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, que incorporó el trabajo sexual. Esto planteó un debate no saldado en el feminismo, tampoco en un partido político. Tanto quienes están en situación de prostitución como quienes se autodenominan trabajadoras sexuales viven una situación crítica de supervivencia que exige que el Gobierno las auxilie. El tema en discusión es cómo van a ser apoyadas. ¿Pueden recibir la ayuda familiar de emergencia? Eso es lo que debe resolver el Ministerio de Desarrollo Social, porque incluir a un grupo con un nombre no es legalizarlo, es reconocer una realidad, y deben considerarse personas que necesitan apoyo estatal. Los debates del feminismo en este como en otros temas los damos y los seguiremos dando a medida que haya cambios sociales, pero esos debates no pueden paralizar el apoyo del Gobierno. No podemos permitir ningún tipo de discriminación, porque cada persona tiene el derecho de autodenominarse de una forma u otra, pero eso no puede afectar sus derechos.
