Esta semana Amnistía Argentina publicó un duro informe sobre las agresiones que sufren los periodistas, la mayoría de ellos etiquetados como “Corea del Centro” y activistas de DD.HH. en Twitter. Más allá de la importancia de la denuncia y lo significativo de que una institución de este peso se posicione para exigir la limitación de estas prácticas, el informe señala que ciertas cuentas “identificadas con el gobierno nacional” tienen una suerte de división de tareas de “habilitadores” y “replicadores” para perpetrar las agresiones virtuales.
Amnistía renueva la sospecha de que existen equipos de trolls (conjuntos de cuentas enfocadas sistemáticamente en acosar y antagonizar de manera provocadora y despectiva) financiados por diversas fuerzas políticas. Esto es algo vox pópuli, aunque de ninguna manera verificado todavía. En el pasado, hasta Felipe Solá acusó a Marcos Peña de manejar un “call center” para atacar opositores. Sin embargo, el informe de Amnistía aclara que “la organización celular y no vertical es al mismo tiempo una característica que impide adjudicar a una única organización o a un único ‘call center’ la acción de estas cibertropas”.
El Gobierno hasta ahora ha evitado responsabilidad al respecto. En este caso, el informe fue cuestionado desde sectores oficialistas porque finalmente que una cuenta era un troll pago no se pudo confirmar en ningún caso dado que no es un agente automatizado. Pero eso no es todo: según un informe de Pablo M. Fernández para Chequeado, cuando el presidente Macri presentó su nueva plataforma de gobierno (el 30 de octubre de 2017) más de 15 mil cuentas participaron de la conversación en Twitter con más de 90 mil mensajes y 10 mil retuits. Según Chequeado, además de trolls oficialistas, hay bots oficialistas: alguien que programa cuentas para generar contenido de manera automatizada (por ejemplo, retuitear).
Qué Twitter se viene convirtiendo en una cloaca para el público argentino no sería novedad. Un informe del Oxford Internet Institute de 2017 ya había señalado la existencia de “cibertropas” contratadas por gobiernos y allí se mencionaba a la Argentina y al PRO. El informe no discriminaba por tendencias ideológicas: y se consignaba que este accionar en nuestro país se había registrado ya desde 2012, cuando el gobierno kirchnerista las habría utilizado contra Periodismo Para Todos.
Lo esencial no es la existencia de una comunidad de cuentas que agreda en Twitter, esta red social ya tiene esa marca de origen en su lógica, sino que lo llamativo es que el Gobierno se niega a reconocer que Fernando Iglesias aparece repetidamente como uno de los principales agentes instigadores, violentando el debate público.
En un reciente informe de elaboración propia, centrado sobre el tópico “Corea del Centro”, el análisis de la conversación nos llevó en la misma dirección que el informe de Amnistía. Una trama de usuarios se repiten en ambos análisis, así como el rol de “habilitador” de sus ataques se lleva desde cuentas oficiales como las del mencionado Iglesias y también el periodista Eduardo Feinmann. Básicamente: @alfredodarrigo o @Winston_Dunhill toman los ejes de su discurso de esas cuentas oficiales, impulsan sus contenidos y las mencionan, ayudando a hacerlas más relevantes (“replicadoras”).
Por ejemplo, la instalación del tópico “Corea del Centro” en Twitter fue utilizada para atacar a los periodistas por sus maneras de enfocar la reforma previsional. Esta es la conclusión del accionar del período previo: la creación de una etiqueta que funciona como señal de “luz verde” para un accionar de hostigamiento o “trolling”. Lamentablemente, más ataques, más polarización y pocos límites al hostigamiento a periodistas en las redes sociales.
*Socios en RTP Advisory Services, consultora de escucha activa y monitoreo de redes sociales.
