La Cámara de Diputados mostró recientemente cómo un acuerdo apartidario entre las fuerzas de la oposición plasmó en la realidad el mensaje que dejó el resultado electoral del 28 de junio. Cabe ahora preguntarnos cuáles y cuán profundos pueden ser los cambios que la nueva integración puede producir en el seno del Congreso Nacional.
Posiblemente el mayor y más importante desafío que asume la renovación legislativa sea restablecer un funcionamiento normal y democrático en ambas Cámaras.
Normal, según el diccionario de la Real Academia Española, es algo que, por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. El trabajo legislativo debe ajustarse a reglas establecidas por la Constitución Nacional, a disposiciones de leyes específicas y principalmente a su reglamento interno. Sin embargo, en los últimos años, no se han respetado siempre estas normas, se han violado reglas tradicionales de respeto a la libertad de decisión y al acceso a la información y, sobretodo, se han forzado permanentemente los tiempos parlamentarios para lograr tratamientos “express” de leyes enviadas por el Poder Ejecutivo. La única regla ha sido imponer el número como única forma de aprobar nuevas leyes y modificar las existentes.
Muchos fuimos testigos de las irregularidades en el tratamiento y aprobación de proyectos de gran importancia como: la estatización de las AFJP, los superpoderes, Aerolíneas Argentinas y la Ley de Medios Audiovisuales, entre otros.
¿Cómo salimos entonces de esta situación? ¿Cómo debemos construir el próximo Congreso para revertir estos años disfuncionales? Fundamentalmente, a través de la vuelta a la institucionalidad, a un funcionamiento predecible, sujeto a reglas que permitan construir acuerdos legítimos y honrarlos. La salida es volver a transitar la senda de la democracia interna, fomentar el diálogo genuino entre los actores parlamentarios e incluir en el proceso de formación de la decisión legislativa a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.
Las Cámaras deben recomponer el funcionamiento de sus comisiones y generar procesos institucionales que permitan recibir y considerar las peticiones, reclamos y sugerencias ciudadanas (consultas, audiencias públicas, elaboración participada de proyectos en común con los sectores sociales interesados).
Debemos, entre todos, conformar acuerdos sólidos y pasibles de ser respetados, planificar una agenda de temas legislativos priorizados cuyo tratamiento ordenado y preferente contribuya a reconstruir la paz interna y a brindar soluciones concretas a temas como la pobreza y el abandono por parte del Gobierno de cuestiones centrales de salud y educación de la población en general.
Internamente, no me quedan dudas de que el proceso debe iniciarse con la designación de autoridades y una integración de comisiones que respete en su composición el resultado de las elecciones del 28 de junio. Debe continuarse con el acuerdo de los bloques sobre una agenda preferente y poner énfasis en restaurar el funcionamiento tradicional de las comisiones internas.
Hacia la sociedad, el mensaje de apertura y participación debe incluir la sanción de una ley de acceso a la información pública, el diseño de una política de comunicación institucional seria, el cumplimiento acabado de la ley de ética pública y la publicidad absoluta de las reuniones plenarias y de comisiones.
Los valores de este nuevo Congreso deben ser el respeto mutuo, el libre acceso a la información, el acatamiento insoslayable del derecho constitucional de petición a las autoridades, el debate libre no sujeto a extorsiones o amenazas, la participación ciudadana y el respeto a normas de procedimiento que aseguren transparencia en la toma de decisiones y una mínima previsibilidad en los procedimientos. Todo ello indispensable para la creación del derecho.
El funcionamiento normal y democrático de un órgano legislativo debe contribuir, no sólo a la toma de decisiones políticas de calidad, sino a facilitar el control de los actos de gobierno.
*Diputada nacional (PRO).
