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EL ASESINATO DE RUCCI

Un crimen de lesa humanidad

La reapertura de la causa por el asesinato de José Ignacio Rucci contribuyó a que se formularan diversas hipótesis acerca de quiénes fueron los autores del crimen.

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La reapertura de la causa por el asesinato de José Ignacio Rucci contribuyó a que se formularan diversas hipótesis acerca de quiénes fueron los autores del crimen.

Las tres versiones más repetidas son las que atribuyen la responsabilidad del hecho a la Triple A, a la CIA o a los Montoneros y, en cualquiera de estas variantes, es válido aplicar la figura de “crimen de lesa humanidad”.

Aunque la acusación contra la Triple A no parece tener fundamentos válidos, si esa organización fuera la responsable correspondería aplicar el criterio de la Corte Suprema y calificarlo como un hecho de lesa humanidad.

Entre quienes responsabilizan a la CIA se destaca un ex dirigente de la Regional I de la JP en los 70, quien podría ser considerado cómplice, instigador o partícipe necesario en el magnicidio, dada su condición de promotor de la campaña contra el secretario general de la CGT que incluía cánticos y leyendas que anunciaban su ejecución (“Rucci, traidor, a vos te va a pasar lo mismo que a Vandor”), a lo que cabría aplicar aquello de que “a confesión de parte, relevo de prueba”.

De hecho, el ataque contra Rucci empezó mucho antes del 25 de setiembre de 1973 a través de una gran campaña de desprestigio y calumnias. Se decía que era un “burócrata corrupto y rico”. La verdad es que al morir, sólo dejó un departamento de dos ambientes hipotecado y un auto viejo y su viuda sustentó a la familia mediante su trabajo.

Si la CIA fue la responsable de ese asesinato, dado que se trata de un organismo estatal de una potencia extranjera, también correspondería encuadrar al hecho como “crimen de lesa humanidad”.

La tercera hipótesis que imputa a Montoneros la responsabilidad del asesinato es la que resulta más sólida, sobre todo a partir de la investigación llevada a cabo por el periodista Ceferino Reato y volcada en su libro Operación Traviata, que presenta imputaciones que no fueron desmentidas por ningún ex integrante de esa organización y también en este caso el asesinato de Rucci debe ser tenido como un crimen de lesa humanidad.

Vale recordar que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado en 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de Naciones Unidas, establece que se deben considerar como crímenes de lesa humanidad once actos delictivos (tales como asesinato, violación, torturas, etc.) “cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

El Estatuto aclara que, por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta de “conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política”, lo que muestra con claridad que la responsabilidad en crímenes de lesa humanidad no se circunscribe únicamente al Estado.

Ciertas organizaciones de derechos humanos alegan que no fue un crimen de lesa humanidad por cuanto esa organización terrorista no era parte del aparato estatal.

Por un lado, ese argumento es discutible en tanto muchos integrantes de Montoneros eran funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Además están reconocidos los vínculos que tuvo la organización Montoneros con Cuba, donde recibían instrucción militar y donde se depositaban las fortunas logradas a través de los secuestros. Cuba, aún siendo una patria hermana, no deja de ser también un estado extranjero.

Corresponde tener en cuenta que esas organizaciones fueron también responsables del asesinato de muchos dirigentes del movimiento obrero identificados con el peronismo, entre los que pueden mencionarse a Vandor, Alonso, Kloosterman, Canziani, Campos, Mansilla y tantos otros; de lo que se desprende que el ataque contra Rucci –quien era representante de seis millones de trabajadores reunidos en la CGT– fue perpetrado por una organización como parte de un ataque sistemático y criminal, llevado a cabo de forma generalizada por motivos políticos, contra la parte de la población civil que era el sindicalismo argentino alineado con Juan D. Perón.

Querer negar la condición de crimen de lesa humanidad que tiene la muerte de Rucci con el argumento de que Montoneros no era una organización estatal, es interpretar el Estatuto de Roma situándose en el lugar de los verdugos y no en el de las víctimas, sin tener en cuenta que el asesinato de una persona por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos o culturales constituye un agravio, una ofensa y un daño permanente que se hace a toda la humanidad.

En los enfrentamientos que ensangrentaron a nuestra patria desde 1955, los peronistas fuimos quienes tuvimos que aportar la mayor parte de las víctimas, y nos situamos en su lugar y no en el de los verdugos cuando reclamamos que se considere al asesinato de Rucci como un crimen de lesa humanidad y evitar así que prescriba, no porque nos anime el rencor o la sed de venganza, sino por nuestro sincero anhelo de verdad y justicia.


*Jefe de prensa de Rucci, secretario de Estado del Menor y la Familia (1975/76), subsecretario de Inteligencia (1989/91). Milita en el peronismo alternativo.