El pronunciamiento del tribunal de La Haya genera una redistribución de beneficios de los recursos pesqueros entre Perú y Chile, actual, pero fundamentalmente potencial. La aparente victoria, a lo menos en lo territorial, para Perú no necesariamente se traduce en beneficio económico, debido a la carencia de autonomía de navegación de una parte significativa de su flota que la confina a la franja costera, y que le impide una actividad intensiva mas allá de la milla 80 -la zona ganada. Chile a pesar de ceder casi 5.000 kilómetros cuadrados de mar sufre un impacto leve en un segmento minoritario de la actividad en el área fronteriza, que antes del fallo realizaban barcos pintorescos,pero de cabotaje.
La capitalización en una ventaja geográfica está subordinada a condicionamientos tecnológicos, políticos y culturales, desde contar con importantes flotas de buques de altura e infraestructura portuaria, hasta el desarrollo de políticas estratégicas para la explotación, comercialización, y exportación del producto. Perú deberá adecuar su flota pesquera al nuevo escenario. Chile, por su parte, deberá compensar a los pescadores de Arica que si bien contribuyen en menos del 0.1% al total del Producto pesquero nacional, carecen de alternativas en virtud de su precariedad.
Para los argentinos el fallo representa la posibilidad de interpelarnos como nación precisamente por las dificultades históricas para sacar partido de nuestras ventajas territoriales, de una en particular, la plataforma continental, una de las más importantes del mundo que se extiende a lo largo del continente, y a lo ancho hasta las 200 millas, definiendo un lecho marino somero que favorece la ocurrencia y retención de luz, vital para la fotosíntesis que da lugar a una enorme proliferación de plancton y de la pesca que de éste se nutre. Sin embargo, el modo de vínculo con un mundo con la vista puesta en el Mar Argentino se da a través del cobro de licencias -en lugar de exportaciones- a naciones que entendieron hace rato que a la naturaleza se la ayuda con la billetera. Licencias que ni siquiera financian mejoramientos para el sector. Argentina es un país que carece de tradición pesquera, esto acarrea complicaciones diversas: falta de sustentabilidad por sobrepesca de algunas especies, falta de integración de expertos a una gestión institucional tan fragmentada como las inversiones de capital, y serias dificultades en el control en zonas limítrofes y no, del mar territorial.
El problema de la milla 201 evidencia lo dicho: grandes buques que pervaden el espacio marítimo nacional en sus confines al abrigo nocturno y de la consabida ausencia de patrullajes, capturando miles de toneladas de merluza y calamar y volviendo al océano sin ser detectados, generando pérdidas millonarias. Las imágenes satelitales de secciones alejadas de la costa patagónica muestran la misma huella lumínica que algunas metrópolis bonaerenses.
La plataforma continental tiene además un profundo valor simbólico para los argentinos, como argumento reivindicatorio de derechos sobre Malvinas, como parte geológica indivisible del continente sudamericano. El 22 de agosto de 1994 el Reino Unido crea la «Zona de Conservación Externa de las Islas», aumentando fricciones por superponerse en una parte con la zona económica exclusiva del país.
Que mejor homenaje a la defensa de la soberanía, que un Estado- hasta ahora ausente- con una política que apunte a la búsqueda de las sinergias entre este recurso, las tecnologías y los capitales necesarios para ponerlo en valor. Una Patagonia integrada, con una pujante industria pesquera en una nación que empiece a mirarse al espejo inspiraría respeto y atracción de un mundo que incluye también a las Malvinas y sus habitantes.
*Geógrafo UBA -Magister NYU.
