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Un final previsible

Con la renuncia de Marta Oyhanarte como subsecretaria para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia se extingue la única política sostenida de transparencia que se aplicó desde 2003.

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Con la renuncia de Marta Oyhanarte como subsecretaria para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia se extingue la única política sostenida de transparencia que se aplicó desde 2003, un área de políticas públicas que fue perdiendo paulatinamente sustento e interés de las autoridades más importantes del Gobierno. Desde el instante en que Aníbal Fernández asumió como jefe de Gabinete era obvio el desenlace. Se evidencia ahora, una vez más, la imperturbable coherencia de este funcionario, que consideró indispensable el recorte de facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que frustró la capacitación de miembros de la Gendarmería para investigar el fenómeno de la corrupción y que esterilizó en sus épocas de ministro de Justicia lo poco que quedaba de la Oficina Anticorrupción, a través de nombramientos impresentables, la anulación de concursos regulares para cubrir sus cargos, la falta de interés por sus propuestas preventivas y el establecimiento de un férreo control y concentración de las decisiones. Ninguna duda cabe de esa coherencia, de ese apego inclaudicable a la destrucción de cualquier espacio institucional de preservación o fomento de la transparencia. La desconsideración hacia una funcionaria comprometida que no dudó en poner en juego su prestigio pese a un contexto desfavorable; la designación de personas como el señor Andrés Larroque, cuyos antecedentes en la materia son absolutamente desconocidos y que el jefe de Gabinete ha rehusado brindar al Cippec pese a haberlos solicitado expresamente; el cierre de páginas Web con información relevante, la cancelación de actividades y otros desplantes revelan la sustancia de lo que se pretendió alguna vez que se trataría de la etapa “institucional” de este ciclo político. No puede negarse la capacidad de demolición de las pocas políticas de transparencia que existían cuyo mantenimiento, a esta altura, ni siquiera resulta útil al Gobierno para aparentar lo que es obvio que no se es ni se intenta ya ser.


*Director de los Programas de Justicia y Transparencia del Cippec.

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