Con la renuncia de Marta Oyhanarte como subsecretaria para la Reforma Institucional y el
Fortalecimiento de la Democracia se extingue la única política sostenida de transparencia que se
aplicó desde 2003.
Con la renuncia de Marta Oyhanarte como subsecretaria para la Reforma Institucional y el
Fortalecimiento de la Democracia se extingue la única política sostenida de transparencia que se
aplicó desde 2003, un área de políticas públicas que fue perdiendo paulatinamente sustento e
interés de las autoridades más importantes del Gobierno. Desde el instante en que Aníbal Fernández
asumió como jefe de Gabinete era obvio el desenlace. Se evidencia ahora, una vez más, la
imperturbable coherencia de este funcionario, que consideró indispensable el recorte de facultades
de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que frustró la capacitación de miembros de la
Gendarmería para investigar el fenómeno de la corrupción y que esterilizó en sus épocas de ministro
de Justicia lo poco que quedaba de la Oficina Anticorrupción, a través de nombramientos
impresentables, la anulación de concursos regulares para cubrir sus cargos, la falta de interés por
sus propuestas preventivas y el establecimiento de un férreo control y concentración de las
decisiones. Ninguna duda cabe de esa coherencia, de ese apego inclaudicable a la destrucción de
cualquier espacio institucional de preservación o fomento de la transparencia. La desconsideración
hacia una funcionaria comprometida que no dudó en poner en juego su prestigio pese a un contexto
desfavorable; la designación de personas como el señor Andrés Larroque, cuyos antecedentes en la
materia son absolutamente desconocidos y que el jefe de Gabinete ha rehusado brindar al Cippec pese
a haberlos solicitado expresamente; el cierre de páginas Web con información relevante, la
cancelación de actividades y otros desplantes revelan la sustancia de lo que se pretendió alguna
vez que se trataría de la etapa “institucional” de este ciclo político. No puede
negarse la capacidad de demolición de las pocas políticas de transparencia que existían cuyo
mantenimiento, a esta altura, ni siquiera resulta útil al Gobierno para aparentar lo que es obvio
que no se es ni se intenta ya ser.
*Director de los Programas de Justicia y Transparencia del Cippec.
