Después de un año de balbuceos, el Gobierno ha producido una devaluación ruinosa. Desata una carestía del orden del 5/6% en los próximos meses, que se duplica en el rubro alimentos. Representa, por lo tanto, un golpe feroz para el 75% de los jubilados que cobran la mínima de $ 2.477 y para ese 50% de trabajadores con ingresos promedio inferiores a los 4.000 pesos. Un aumento de la tasa de interés llevaría a la quiebra personal a los consumidores endeudados y provocaría una recesión con suspensiones y despidos.
Para el conjunto de la economía, acentuaría el déficit internacional de la industria automotriz y de la electrónica, y el del conjunto de la industria nacional, por su impacto en la importación de energía. Es un golpe financiero a los Estados provinciales, que cargan con una enorme deuda ajustada al dólar. Los mayores beneficiarios de la devaluación serían las cerealeras y sojeros, y los “inversionistas” que han acaparado los títulos en dólares malvendidos por la Anses. Para una mayoría de productores agrarios, sin embargo, significará una gran suba de los costos de insumos agroquímicos y semillas modificadas, y del crédito agrícola. La devaluación “nacional y popular” ha sido impuesta por los intereses financieros.
Para hacer frente a esta devaluación ruinosa, es necesario un aumento inmediato equivalente de jubilaciones y salarios, y la prohibición de suspensiones y despidos. Hay que poner a la Anses bajo un directorio de jubilados y activos. Deberá aplicarse un impuesto especial a la plusvalía de los sectores beneficiarios de la devaluación. Se impone el no pago de la deuda externa hasta su completa investigación. El pago del cupón del PBI, unos US$ 4.000 millones, o el premio a Repsol por haber contribuido al vaciamiento energético y financiero de Argentina, deben ser rechazados. La moneda nacional ha sido destruida como consecuencia de subsidios en masa a grandes intereses económicos y al pago de una deuda usuraria. Está planteada una reorganización del país sobre nuevas bases sociales.
