Como reacción a un intento de introducir un proyecto de reforma de las leyes de extradición a China por parte del gobierno de Hong Kong, el 9 de junio el territorio estalló en una serie de manifestaciones de repudio a esta iniciativa que han ido in crescendo. Simultáneamente, se incrementó la represión violenta de los manifestantes por parte de la policía de Hong Kong. Pese a que el gobierno aplazó la reforma, las protestas y su represión alcanzaron un clímax el último fin de semana de julio, mientras que Beijing anunciaba movimientos de tropas en la frontera y una posible intervención, acusando a los Estados Unidos de instigar las protestas.
Más allá del detonante de la ley de extradición, las movilizaciones –que el 16 de junio llegaron a convocar a 2 millones de personas–, tienen un largo historial y responden a una compleja serie de factores, pero su motivación principal refleja la reacción a la imposición, al concretarse la entrega de la colonia británica a China en 1997, del principio “un país, dos sistemas” bajo el cual Hong Kong preservaba “un alto nivel de autonomía, excepto en defensa y en relaciones internacionales” por un período de cincuenta años. Para aquella época, la expectativa general era que el proceso de democratización de la República Popular China avanzase con la misma rapidez que su modernización y su marcado crecimiento económico.
El grado de autonomía del territorio –manifiesto tanto en un sistema político de democracia limitada, como en la existencia de la separación de poderes y en una serie de diferencias culturales con la China continental– constituye un eje clave para comprender la importancia que detenta para la ciudadanía de Hong Kong la preservación de una serie de derechos civiles fundamentales que –a diferencia de la República Popular China– garantizan la libertad de expresión, de reunión y de prensa. La estructura política del territorio está constituida por un Ejecutivo representado por un jefe de Gobierno (elegido mediante la votación secreta de un comité de 1.200 personas, pero que debe ser confirmado desde Beijing); una Asamblea Legislativa de setenta miembros, compuesta por representantes de diversos sectores de la sociedad civil; y un sistema judicial heredado de la etapa colonial y sustancialmente distinto del de China, definido en la constitución del territorio, denominada la Ley Básica. Sin embargo, pese a que Hong Kong tiene su propio gobierno, el presidente de la República Popular China es el jefe de Estado tanto para la parte continental como para el territorio de Hong Kong, y la Ley Básica otorga al Comité Permanente del Congreso Nacional de China la facultad de emitir una interpretación final y vinculante de sus leyes.
En 1997 la colonia británica fue entregada a China. Conservó un alto nivel de soberanía.
En este contexto, el principio de “un país, dos sistemas” genera no solo temores por las garantías democráticas existentes y por el devenir de la autonomía del territorio en 2047 –en la medida que China continental avanza hacia un sistema cada vez más vertical y autoritario en torno a la figura de Xi Jinping–, sino también una tensión permanente entre la estructura política y judicial de Hong Kong y el sistema continental crecientemente centralizado en torno al Partido Comunista Chino. En el ámbito económico esta tensión se refleja en la coexistencia de los modelos socialista y capitalista, con monedas diferentes, en un mismo estado, y de sectores económicos claramente diferenciados, particularmente porque la economía de Hong Kong se basa predominantemente en los sectores de servicios y finanzas. Una economía que en la actualidad muestra signos de marcada desaceleración y para la cual la inestabilidad generada por las movilizaciones se constituye en una amenaza.
Las movilizaciones de la ciudadanía de Hong Kong a lo largo de las dos últimas décadas han reflejado tanto la aspiración de defender e incrementar las garantías democráticas como la preocupación por la preservación de su autonomía y por la posible “reunificación” con China continental que elimine sus libertades civiles.
Por otra parte, la crisis ha tenido importantes reverberaciones regionales. Más allá de enfrentamientos generados entre residentes chinos de Australia –a favor o en contra de las manifestaciones–, el gobierno de Taiwán está particularmente pendiente de la evolución de la situación y de su eventual resolución. Mientras que el partido Kuomintang –que instauró la República de China, separada de la República Popular, y que actualmente está en la oposición– ha tendido a apoyar en años recientes una reunificación con el continente, la actual administración de la presidenta Tsai Ing-wen la rechaza y cuestiona la idea de “un país, dos sistemas” como modelo. Los acontecimientos de Hong Kong parecen fortalecer la posición de la presidenta Tsai y de su partido –el Partido Democrático Progresista– después de tres años de gobierno y en vísperas de una próxima elección. Sin embargo, el creciente aislamiento internacional de Taiwán –particularmente a raíz de la reciente realineación de las relaciones diplomáticas de Burkina Faso, Panamá, República Dominicana y El Salvador–, tentado por los beneficios de la iniciativa “Una franja, una ruta” promovida por Beijing, reduce significativamente su reconocimiento internacional a un número de 17 países, pese al manifiesto apoyo de la administración Trump.
En el marco de una reorientación de la economía china hacia un modelo de desarrollo basado en el consumo y en la ampliación de su clase media, con una cada vez mayor concentración del poder en manos del PCCh y de su “núcleo” –el presidente Xi Jinping – y una más proactiva política exterior de proyección global, Hong Kong se constituye en una especial preocupación para la realización del “sueño chino” anunciado como meta para el futuro del país y para la eventual continuidad de la idea de “un país, dos sistemas”.
*Analista internacional y presidente de Cries.
