Cuando hice un análisis de los diez años de la reforma constitucional de 1994, pensé que el mayor desafío que la sociedad argentina enfrentaba en ese momento de su historia era superar la distorsión entre la norma constitucional y la realidad. La posibilidad de instaurar el respeto estricto del Derecho como conducta habitual de gobernantes y gobernados era la asignatura pendiente de ese primer año de la que sería una nueva década de gobiernos peronistas encabezada por el matrimonio Kirchner.
El desdén hacia las normas y una irrefrenable vocación por su interpretación caprichosa y sectaria habían impedido que pudiéramos restablecer la propuesta de convivencia del pacto fundacional, quebrada a partir del primer golpe de Estado en 1930, que derrocó a las autoridades legítimamente constituidas. Desde ese entonces, el país cayó en un proceso de declinación política, social y económica, y no logró generar un sistema estable que permitiera cumplir con el acabado respeto de los derechos humanos y un sistema político equilibrado.
El restablecimiento del respeto de un orden jurídico difícilmente pueda lograrse si se elude la necesidad de rehabilitar el pacto de convivencia que significa la adopción de un texto constitucional. Ese pacto incluye la participación de todos los sectores sociales como base para alcanzar una convivencia pacífica y transitar por el camino de un desarrollo institucional, social y económico, mediante un debate plural y franco, pensado sobre el futuro y no sobre los intereses transitorios de quienes lo promueven.
Muy lejos de este objetivo se encuentra la Argentina luego de una década de gobiernos de igual signo.
El debate racional y el consenso, que tipifican a las democracias contemporáneas, han sido reemplazados por un discurso y una praxis inspirada en el “ethos heroico”, que expresa en vocabulario y consignas las formas de organización de los ejércitos. “Vamos por todo” o “Cristina eterna” son sólo la expresión lineal de un concepto de organización política que excluye a los sectores que no acompañan el proyecto oficial.
Esta vocación totalizadora ha impedido que se cumpliera con el principal desafío de la época: la construcción de un sistema político estable que permita la representación de todos los sectores de la sociedad, garantice la alternancia y promueva los derechos humanos de todos los integrantes de la sociedad. La laxitud demostrada para cumplir este compromiso y la insistencia en el uso de excepciones han exhibido dramáticamente su ineficacia para proveernos de gobernabilidad democrática, es decir, con respeto de la separación de poderes, del sistema de controles y del acuerdo con las minorías.
Un órgano legislativo que pese al esfuerzo de muchos de sus miembros aparece ante la sociedad como un mero ratificador de la voluntad presidencial y un órgano judicial agobiado por las presiones políticas que no intentan reparar las cuestiones que afectan su buen funcionamiento no resultan un equilibrio indispensable ante un órgano ejecutivo cada vez más personalista y concentrado.
La sociedad civil debe asumir la responsabilidad en la situación política que ha construido con su participación necesaria. Más que realizar en este momento un catálogo de los éxitos o un recuento de los daños, creo oportuno analizar por qué no advirtió que para alcanzar la paz, la libertad y una igualitaria prosperidad es indispensable construir instituciones sólidas y eficaces.
* Prof. de Derecho Constitucional (UBA). Autor de Instituciones de Derecho Constitucional (Análisis de la organización institucional después de la reforma de 1994).
