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Sin garantías

Un país sin política criminal

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Argentina es un país sin política criminal. Encarcelar masivamente a los pobres, recortando garantías, no puede considerarse seriamente una “política criminal”. Cuestionar para colmo el “garantismo”, como si en nuestro país, como en Noruega o Dinamarca (donde nadie cuestionaría el “garantismo”), hubiera un exceso y no una falta absoluta de garantías procesales, sociales y económicas, tampoco. En la Argentina faltan garantías de todo tipo, no sobra ninguna. Argentina, como el resto de los países de América Latina, se dedica fundamentalmente a no criminalizar ni investigar en serio, de manera decidida y clara, el crimen de guante blanco, porque es un crimen muy difícil de probar (parte del “mercado”), el crimen financiero y económico, cometido por actores empresarios, banqueros y evasores, con enorme poder, que conforman grandes fondos grises de inversión especulativa, que incluso especulan (mientras condicionan a nuestros Estados débiles) con los precios de los alimentos: la financiarización descontrolada de la economía mundial va de la mano de la inflación en alimentos, algo que nuestro país padece muy especialmente, pese a ser exportador de materias primas. De este modo, la Justicia va quedando escasa de funciones “justas”: se dedica a justificar su existencia encarcelando a quienes cometen delitos torpes, contra la propiedad, producto de la pobreza en que viven. Muchos de ellos van presos sin condena, violando la Constitución. Violando todas las garantías del debido proceso. Se viola el principio de inocencia. La Justicia decide no investigar, al mismo tiempo, el crimen complejo. Decide cortar el hilo por la parte más débil. Nuestros fiscales no se deciden a avanzar con coraje sobre la criminalidad financiera y económica. Tienen miedo. Es más cómodo no investigar al poder financiero. Ese es el poder, también, que define el precio de los alimentos. Que juega con el hambre de nuestros pueblos.

El sociólogo Loic Waqant, discípulo de Pierre Bourdieu, visitó la Argentina y se dedicó a estudiar nuestras cárceles. El título de su libro habla solo: Cárceles de la miseria.

El problema no es solo que las cárceles argentinas, peruanas o de Brasil (Bolsonaro celebró tras un motín que “mueran como cucarachas”, algún periodista hablaba de “muertes ecológicas” que le harían bien al “ecosistema”), son pozos de hacinamiento y tortura (el habeas corpus colectivo en cárceles presentado por el CELS, bien resuelto por el juez Rafecas, que habla de condiciones “infrahumanas” de encierro, así lo demuestra), espacios donde no existe ninguna “resocialización” ni “recuperación”, ningún derecho, sino que esta “política” de encarcelar jóvenes pobres esconde que ese crimen pobre se debe en gran medida, a la otra criminalidad sofisticada, financiera, que nunca vemos. Hay un macrodelito que nuestra Justicia no se atreve aún a juzgar. Que nuestros fiscales nunca investigan. Gustavo Bruzzone, discípulo de Marcelo Sancinetti, cuenta que se dedicó a coleccionar cuadros de arte cuando fue designado fiscal en lo penal económico en los 90 porque “no tenía trabajo”.

Una crítica muy habitual al garantismo y al minimalismo penal es que el mismo carece, en la práctica política, una vez que pasa de la Academia al gobierno, de un “programa”. Esto es falso. El garantismo constitucional sí tiene un programa realista y claro: dejar de encarcelar pibes pobres, sin oportunidades ni derechos, enfocando la atención y la pena en los crímenes estructuralmente más graves, financieros e invisibles, que atenazan a nuestros países desde la Conquista y el endeudamiento, orientados a fugar recursos de nuestros países, para dirigirlos al centro económico y financiero mundial. Tener una política criminal en serio, que no se dedique solo a criminalizar la pobreza que aquel crimen nos deja. Eso no puede ser llamado, seriamente, en ningún lugar del mundo, política “criminal”.

En la Ciudad de Buenos Aires se colocan enormes maceteros en las esquinas para que la gente pobre no duerma en el piso, afeando la imagen de pobreza en centros urbanos. Esa “política” de los espacios públicos va de la mano de la exclusión social que rige la política criminal: los pobres encerrados y lejos. Fuera de la vista.

*Director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado. Procuración del Tesoro Argentina (ECAE-PTN).