El Programa Progresar es un aporte novedoso a la batería de planes y programas sociales implementados por el Estado nacional, que ya beneficia a casi un cuarto de la población del país y representa un importante esfuerzo fiscal. Además, cuenta con el apoyo del espectro político, lo que le brinda mayor consenso y legitimidad.
En este contexto, es importante que su nacimiento (como el de cualquier otra política pública) contemple una estrategia de monitoreo y evaluación que permita generar información útil y confiable sobre su marcha, los resultados que logra y el impacto que vaya cosechando en el largo plazo. Esto ayudará a determinar en qué medida constituye una política pública apropiada para abordar el problema identificado.
Un estudio reciente de Cippec sobre 16 programas existentes de la cartera social muestra que sólo el 43,75% de los programas y planes sociales analizados está en condiciones de producir información confiable que alimente la toma de decisiones. Sin negar los esfuerzos sectoriales que realizan los organismos de la administración pública, es indispensable que ciudadanos y administradores puedan construir juicios informados sobre los resultados de las políticas públicas.
En América Latina existen experiencias valiosas de diseño e implementación de estrategias y sistemas de monitoreo y evaluación de programas sociales. En México, existe el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Y en Colombia, la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, a través del Sistema Nacional de Evaluación y Gestión de Resultados (Sinergia).
En Argentina no existe un organismo análogo. Por el contrario, las tareas de monitoreo y evaluación están supeditadas a la iniciativa política y a la voluntad técnica. O a exigencias de organismos financiadores, si se reciben préstamos internacionales. Así, conviven experiencias muy disímiles.
De acuerdo al estudio de Cippec, el 81% de los programas realizó un diagnóstico de los problemas, pero un 62%) identificó sus causas. El 69% presenta problemas cuantificables o medibles y el 65% define la línea de base de la que parte la intervención. El 100% define sus objetivos, responde a las necesidades y problemas detectados. Además, el 31% establece plazos para alcanzar estos objetivos. Es decir, los programas cuentan con un buen nivel de diseño.
Con relación al sistema de información, el 63% define una matriz de monitoreo y evaluación, mientras que el 88% define indicadores para recopilar sistemáticamente información sobre la evolución de la intervención y sus actividades. El 56% emplea indicadores de impacto y el 69% consigna las fuentes de información. Así, la mayoría prevé mecanismos que permitan capturar la información que generan mientras se ejecutan.
El 75% planifica algún tipo de estrategia de evaluación: sea de medio término (56% de los casos), final (44% de los casos) o de ambos tipos combinados (44% de los casos). Es decir que, formalmente, se observa intención de llevar adelante estos procesos de aprendizaje y reflexión.
No obstante, sólo un 44% realizó un análisis previo de las posibilidades de participación de diversos actores en el proceso de evaluación.
Apenas el 37% de los programas y planes revisados tiene un presupuesto específico para realizar actividades de evaluación. Esta falta de recursos repercute tanto a nivel de la gestión interna como en el acceso que el ciudadano tiene sobre resultados y desempeño.
A Progresar se le presentan los mismos desafíos que a las demás políticas sociales: demostrar su impacto social y su contribución a mejores resultados de desarrollo.
Para hacerlo, tiene la oportunidad de establecer un sistema de monitoreo y evaluación que permita mejorar la gestión y proveer información relevante. También puede implementar mecanismos de participación de sujetos de derecho suficientemente robustos como para legitimar los resultados. Y es indispensable dotarlo del presupuesto adecuado.
Progresar puede colaborar al fortalecimiento de la cultura de evaluación, desarrollando las capacidades técnicas de funcionarios y fortaleciendo la voluntad política en las distintas instancias de gestión.
Esto contribuiría a instalar a la evaluación como práctica cotidiana. Pero también implicaría contar con estadísticas nacionales confiables que sirvan como diagnóstico y referencia continua sobre las mejoras y desafíos pendientes en la construcción de un Estado más inteligente.
*Directora del Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
