Contradiciendo el principio, la historia en Jáchal no se repite como comedia. Una y cada vez que “baja” alguna noticia de Veladero, la gente tiembla. “Pero mejor que no tiemble mucho”, decía un asambleísta del acampe por el “No a la mina”. El dique de cola, encharcado utilizado para procesar roca repleto de tóxicos, que de fracturarse haría de toda la cuenca y de los pueblos que la usan como única fuente hídrica en la “provincia donde no llueve” un desarmadero ambiental, pende como una cimitarra sobre su futuro a 4.500 m de altura en una zona de alto riesgo tectónico de los Andes. A la misma altura, los languidecientes glaciares que alimentan el Jáchal, atenazados entre el calentamiento global y la necesidad intensiva de agua de la mina, serían razón inapelable para convertir el tercer freno consecutivo a las actividades con sello del juzgado en prohibición definitiva, de aplicarse una ley nacional que, vetada hace años por el kirchnerismo, agoniza, en manos de un gobierno que a esta altura, convencido de la invisibilidad del ambiente, ha hecho de su uso como variable de ajuste un objetivo. Un presidente que recurre al “baja manos” discurseando solemne sobre la necesidad de reducir emisiones mientras se producen flagrantes violaciones a la Ley de Bosques, y de Humedales, sabe que la factura en inundaciones y cambio climático que dejan el desmonte y la expansión agrícola no se paga en el corto plazo, mientras el rédito de hacer la vista gorda a las trapisondas extractivas en provincias que financian la política, y a políticos que son siempre juez y parte, es inmediato. El mismo que participa del negocio de la soja, y nombra en el área cual cameo de mal gusto a un ministro con más credenciales para la cartera de culto, que atribuye un incendio forestal a una profecía apocalíptica. La excusa de Bergman de la no incumbencia en un problema “provincial” es, además de falsa –el Jáchal pertenece al sistema del Desaguadero, y en su naciente toca partes de La Rioja y Catamarca–, parte del manual tercermundista: en los países desarrollados la gestión es a nivel de la totalidad de territorios atravesados por el río y afluentes, las jurisdicciones se disponen en clave cooperativa frente al riesgo.
La Barrick reportó el martes el de-sacople de una cañería –que tenía orden de arreglo–, que ocurrió sobre un canal de contención que transporta solución rica. Cuando se tritura la roca, se separan los metales (oro, plata y mercurio) de la solución pobre, con cianuro pero sin metales. Ambas son altamente tóxicas. El Ministerio de Minería no entrega documentación formal de los peritajes de los derrames anteriores o de éste, no hay imágenes ni plan de contingencia. La brecha entre el pueblo y sus representantes se hizo evidente con el intendente a 200 km en la capital mientras los asambleístas ponderaban un pedido de revocatoria para concejales a quienes responsabilizan por la no realización de una consulta popular.
En la encrucijada entre naturaleza y crecimiento, la minería a cielo abierto está sobrevaluada. Una economía de enclave que dura lo que el mineral no eslabona horizontal ni verticalmente, se lleva utilidades y deja desempleo y polución. Provincias pobres donde el Estado es el principal empleador, sin un rol definido dentro de un modelo de desarrollo nacional, no vacilan en prostituir su territorio a los rigores de un capital con reglas de juego ambientales, económicas y técnicas distintas, según sean “la casa o la visita”. Si a esto se suma la singularidad geográfica, que hace de la actividad en esta región de la cordillera una bomba de tiempo para pueblos áridos de agricultura de oasis aguas abajo, está todo dicho. Habrá que avisarle al gobernador Sergio Uñac, que evalúa una onerosa multa como castigo, que la Barrick no tiembla, tiembla la gente. Y que en un mundo que dejó atrás por fútil la discusión de subirle el precio al ambiente para evitar su destrucción, tenemos un presidente que decide bajárselo removiendo las retenciones a las mineras.
*Geógrafo UBA. Magíster UNY.
