El Gobierno sigue atrapado en el laberinto cambiario. No sabe cómo evitar el círculo vicioso de brecha cambiaria alta, pérdida de reservas, expectativas de devaluación, y consecuentemente, más inflación, y un nuevo salto en la brecha cambiaria.
La llegada de Jorge Capitanich a la Jefatura de Gabinete, representó una oleada de aire fresco. Esto lo reflejé con optimismo en mi anterior nota de noviembre último. Lamentablemente me equivoqué, y a poco más de 50 días, esa brisa ya pasó, y la brecha cambiaria volvió a superar en esta semana el nivel del 60%, a pesar de una devaluación del tipo de cambio oficial de más de 11% en los últimos 60 días, lo que equivale a una tasa anual del 86 por ciento.
El problema de fondo es la inflación, sumada a la incapacidad manifiesta del actual equipo económico de generar confianza en el mundo de los negocios, y de su evidente torpeza para manejar la cuestión cambiaria.
La política cambiaria actual reúne lo peor de la tablita de Martínez de Hoz, con el fracaso de los controles de los años ’80. Por un lado adopta un ritmo de devaluación muy superior a las tasas de interés, con lo que convence a los exportadores de retener sus bienes, y no liquidar las divisas. No ha habido mejor inversión en los últimos meses que demorar la liquidación de las exportaciones. Y lo propio ocurre con los importadores, que se apresuran a pagar sus compras al exterior, aunque no tengan posibilidad de venderlas en el mercado interno.
Por otro lado impone controles de cambio y cepo a las importaciones. Todo lo que está prohibido es deseado, aún más en un contexto de anarquía inflacionaria. Por más que devalúen fuertemente el oficial, las importaciones serán atractivas, y existirá una brecha cambiaria, que alentará los viajes al exterior, y cualquier otra forma de comprarle dólares al Banco Central. También nadie va a traer dólares a una economía que no le permite sacarlos por el mismo mercado cambiario; parece obvio pero no todos lo entienden.
Todo este mal manejo se agrava por varios motivos:
La ausencia de liderazgo en el Gobierno, fuertemente afectado por la licencia de hecho de la Presidenta Fernández, y por los cortocircuitos evidentes entre los miembros del gabinete.
La aceleración inflacionaria tolerada e incentivada en estas semanas, para generar un colchón de precios previo al control que se implementó hace pocos días, y por los ajustes en algunas tarifas de transporte y en combustibles.
La devaluación de algunas monedas de la región, como respuesta a la próxima desaceleración de la emisión monetaria en los EEUU, que anula la tímida recuperación de competitividad que se había logrado con la mayor devaluación del peso.
La fuerte expansión monetaria de diciembre, que sumada a la caída de la demanda monetaria que se viene dando desde hace meses, constituye un baldazo de nafta a la fogata cambiaria.
El agravamiento de los déficit provinciales como consecuencia de los ajustes salariales ya decididos, y los que seguramente plantearán otros gremios estatales, incluidos los nacionales.
Las expectativas de aumentos de tarifas eléctricas, o disminución de subsidios, como dice el Ministro de Planificación, como consecuencia de la crisis energética.
En este contexto es muy difícil que se logre reducir la brecha cambiaria. Consecuentemente seguirán bajando las reservas, y aumentarán las expectativas de mayores devaluaciones, fuertes reclamos salariales, y nuevos ajustes inflacionarios, más allá de una moderación que se contabilice hacia el final del 1er trimestre, como consecuencia del adelantamiento de la inflación a diciembre y enero. A la inflación de estos meses, seguramente, se “la tragará la tierra” en el proceso de implementación del nuevo índice de precios a partir de este mes.
El Gobierno carece de herramientas para controlar las expectativas inflacionarias, que están desbordadas. Las herramientas monetarias no han funcionado casi nunca en países de nuestro tamaño. Reducir el ritmo de expansión monetaria, como ha anunciado en sus metas el BCRA, será un error, y puede agravar las cosas, si produce una fuerte elevación de las tasas de interés.
La experiencia de los ’70 y los ’80 debería recordarse para evitar caer en recetas monetaristas. Una elevación brusca de las tasas de interés libres no hará otra cosa que transformar este estancamiento en recesión, deteriorando la calidad crediticia, y aumentando la incobrabilidad en el sistema financiero, que aún goza de muy buena salud.
Lo que nos falta, para terminar de complicar el panorama, es que en un año aparezcan rumores sobre la solvencia de algunos bancos.
¿Qué debería hacer el Gobierno? ¿Y la oposición?
Primero, implementar una política anti inflacionaria con objetivos muy graduales, basada en una medición creíble, y en una recuperación a largo plazo del equilibrio fiscal.
Liberar el mercado cambiario para operaciones financieras y turísticas, y así revertir la pérdida de reservas. Si el Banco Central interviene inteligentemente en este nuevo mercado libre, es muy probable que aparezca una fuerte oferta de divisas.
Con el “dólar comercial”, volver a una flotación cambiaria más errática, como la que prevaleció entre 2002 y el 2005. Si procuran recuperar competitividad, como parece razonable, se podría devaluar en forma inmediata lo que planean devaluar en 4/6 meses, y así alentar la liquidación de exportaciones. Esto no es más inflacionario que la política actual porque los precios de los bienes transables ya descuentan la devaluación futura.
Simultáneamente, crear un clima favorable para las inversiones, como lo afirmara Jorge Capitanich a pocos días de las elecciones de octubre último. Esto debería incluir reducciones de impuestos, especialmente en las economías regionales muy afectadas por el atraso cambiario. E incentivos tributarios a las inversiones.
Anunciar que volverían a la unificación cambiaria cuando la inflación este nuevamente bajo control, en el marco de un gasto público menor y más eficiente.
Y finalmente crear las condiciones para volver a los mercados internacionales de crédito, y así desmantelar los pronósticos apocalípticos de que nos quedaremos sin reservas en el 2015.
La oposición debería evitar caer en la catarata cotidiana de críticas carentes de propuestas. Y en cambio, debería prepararse para gobernar a partir de diciembre del 2015. Es más fácil criticar que aportar soluciones. Es fácil decir que debemos controlar la inflación, pero ¿estamos de acuerdo en cómo hacerlo?
¿Pensamos igual en temas tan importantes como la política energética, o la explotación minera? ¿O como debemos integrarnos al mundo?
Los acuerdos electorales deben tener más contenido programático y menos ingeniería política. El UNEN, al que me siento identificado políticamente, pudo haber sido un éxito electoral en una elección legislativa, pero se disimularon importantes contradicciones internas. Pero así no servirá para gobernar, si previamente no se logra consensuar un plan de gobierno sensato, inclusive antes de definir las candidaturas.
El kirchnerismo ya entró en su fase final, y el peronismo (incluyendo el disidente) debe hacerse cargo de este nuevo fracaso. No solo porque salió de su seno, y contó con su apoyo explicito, si no porque lo que estamos viviendo es un nuevo fracaso del populismo, que es lamentablemente una característica distintiva del peronismo de todos los tiempos.
