Los recientes datos de la pobreza en el país fueron presentados por el Gobierno como exitosos porque revelan un descenso de alrededor de 9 puntos. Lamentablemente, esto no coincide con la percepción de la mayoría de la población que no llega a fin de mes o llega muy justo, y para eso ha tenido que declinar y/o cambiar muchos gastos y hábitos. La pregunta entonces es quién tiene razón, ¿el Gobierno, que dice que bajó la pobreza y da un número que así lo demuestra, o la gente que no llega a fin de mes?
En realidad, ambos tienen razón, pero en el caso del Gobierno exige alguna aclaración, atento a los parámetros que se usan para este cálculo. Esto lo aclara Agustín Salvia en la nota el sábado 4 de abril en el diario PERFIL “La insoportable levedad del dato de pobreza”. En ella explica que esta valoración depende de los indicadores que se usan y esto no sería tan importante, de ahí la levedad si no fuera por la implicancia que tienen para la población. E indica que para evitar esto hay reglas mínimas y que estas se relacionan fundamentalmente con los indicadores que se usan y su actualización adecuada. Frente a esto, choca lo que dicen los números y la realidad que viven las personas. Veamos esto en los dos grupos de la población muy sensibles: la vejez y la niñez.
En primer lugar, analicemos la situación de viejos y viejas. Este grupo está constituido en una alta proporción por jubilados con bajos ingresos, quienes no pueden ni siquiera imaginar que disminuyó la pobreza. Sin embargo, el Indec dice que la pobreza en las personas de 65 años o más disminuyó 8 puntos, pasando del 17,6% al 9,7% entre el segundo semestre de 2024 y el de 2025. Esto no se explica si se compara el valor de la canasta con los ingresos que recibe la mayoría de los jubilados.
En ese sentido, el sábado pasado en la sección Economía de PERFIL, Agustina Bordigoni explica que, según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social, en diciembre de 2025, 3.900.000 jubilados recibían en promedio $ 416 mil y más de medio millón de pensionados cobró en promedio $ 316 mil. Esto contrasta con el valor de la canasta, que se estima en $ 423.533, por lo tanto, ninguna de esas casi 4,5 millones de personas puede cubrir esa canasta. El autor del informe de la Universidad Católica explica esto cuando se refiere a los datos del Índice de Precios al Consumidor y de la Canasta Básica Total usados. Esta última se basa en costos de 2004, lo que implica un atraso en relación con los ingresos, por lo tanto, no miden correctamente la pobreza.
A su vez, el defensor de la Tercera Edad aclara que “la pobreza ni por asomo es el 9,7%” y refiere los reclamos y denuncias ante la imposibilidad de cubrir la canasta que recibe. Esto se incrementa ante la falta de cobertura de atención y de medicamentos por parte del PAMI. Todo esto indica que los jubilados en su gran mayoría son pobres y no pueden ni imaginar que bajó la pobreza por su propia experiencia.
Si consideramos la situación de la niñez, el Indec informó que a fin de 2025 la pobreza de los de 0 a 14 años era del 41,3% y, si bien disminuyó, reconoce que cuatro de cada diez niños viven en hogares pobres. La situación laboral de los adultos impacta en la pobreza en que vive la niñez en esas circunstancias. Esto genera ansiedades y crisis que se canalizan en algunos casos hacia el consumo de drogas en los varones y a embarazos precoces en las mujeres. Ambos expresan la crisis que atraviesan niños y adolescentes y que afecta sus vidas. Un indicador de esto es el abandono escolar que se registra.
Según el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, el abandono escolar en los barrios desventajados aumentó. El principal factor es la necesidad de trabajar para aportar a la supervivencia familiar, seguido, pero a bastante distancia, por la necesidad de cuidar a sus hermanos. La falta de ingresos en las familias moviliza a los adolescentes a abandonar la escuela para poder aportar y ayudar a la famila. Esto indica la desprotección de niñas y niños en el país, que culmina con la desatención al funcionamiento de las instituciones para velar por los derechos de los niños, como la Defensoría de la Niñez.
El año pasado, con gran esfuerzo, la comisión bicameral concretó el concurso y logró la designación de la defensora y los dos adjuntos. Estos deben ser ratificados en ambas cámaras, lo que no ocurrió. Solo la Cámara de Diputados ratificó esta terna, pero aún no lo aprobó el Senado. Este año la Comisión Bicameral aún no se constituyó. Esto es un indicio más del poco interés del PEN de velar por el respeto a los derechos de la niñez, entre ellos el derecho a cubrir sus necesidades básicas.
En simultáneo, vemos cómo se deteriora la salud infantil, y la reaparición de enfermedades ya superadas por la falta de vacunación. La inseguridad alimentaria crece y constituye un problema que no se supera porque los sectores de clase media baja o media no reciben ningún aporte estatal y no llegan a cubrir adecuadamente las necesidades alimentarias. Las escuelas pasan en muchos casos a ser claves para la alimentación infantil. El deterioro de la calidad educativa genera un caudal importante de jóvenes con niveles educacionales muy bajos que impactan en sus posibilidades laborales. El empobrecimiento del país crece y contrasta con un grupo privilegiado que logra altos niveles, creciendo la desigualdad, que se proyecta en la adultez.
Todo esto no es solo responsabilidad del actual gobierno, pero sí se ha agravado por las medidas adoptadas desde diciembre de 2023 por este gobierno. Es urgente revertir esto. Las provincias reflejan las diferencias que tienen entre ellas y de esta forma se cierra el círculo de desigualdad creciente, que es mucho más grave que la pobreza.
Mejorar la situación de estos dos polos poblacionales debe ser la prioridad de todos los argentinos. Esperemos se asuman a la mayor brevedad.
