Pasado el primer mes del mandato presidencial ya podemos evaluar sus medidas. El 12 de diciembre el ministro de Economía Luis Caputo dispuso que el dólar oficial pase de $ 360 a $ 800 –o sea, una devaluación del 118%– , paralizar la obra pública (excepto el Gasoducto del Norte que ya estaba concesionado por Techint), lo que equivale a la pérdida de cerca de 250 mil empleos directos de la construcción y un millón en total, con las empresas que abastecen a los constructoras, que sería casi duplicar la desocupación de 6,3% directamente a marzo/2024 o más tardar en junio/2024. Ese aumento de la desocupación significaría cerca de cuatro millones de argentinos en la pobreza por falta de ingresos.
Solo esas medidas sumadas al DNU 70/2023 de desregulación cuasitotal de la economía ideado por Federico Sturzenegger, generaron subas desproporcionadas de precios en bienes y servicios, que duplicaron la inflación promedio de 12% que teníamos hasta noviembre. Por esto tenemos hoy recursos de amparo otorgados por el Poder Judicial desde lo Laboral y lo Contencioso Administrativo que comienzan a llegar a la CSJN por recursos de provincias como La Rioja y las apelaciones concedidas a los amparos otorgados por la CNAT a la CGT y la CTA. Incluso el DNU 70/2023 incluye temas que el art. 99 inc. 3 de la CN prohíbe rotundamente como modificar el Código Aduanero –son temas penales y tributarios– y otros adicionales como la sumatoria del poder público.
El temprano balance económico de la era Milei
Sumando el DNU y la Ley Bases (ómnibus) plantean una situación anárquica en cualquier país del mundo, o sea cada uno hace lo que quiere, y podría llegar incluso a la disolución de la República como consecuencia de ellos.
Lo más importante son las medidas adoptadas y quién habría aprobado su implementación. Puesto que su rúbrica es sin duda del Sr Presidente, y deberá asumir sus responsabilidades en el futuro, pero sería muy bueno que quien generalmente son los brazos fuertes del Sr Presidente; o sea, tanto la Secretaría Legal y Técnica como la Secretaría General de la Presidencia de la Nación sean ejercidas por personas con formación académica o en su defecto por experiencia en la APN. Caso contrario, nos podríamos llegar a encontrar con negligencias en el cumplimiento de los deberes de funcionario público, pero siempre recordando que el desconocimiento de la Ley, en nuestro Código Penal, no justifica el incumplimiento de la misma, volviéndolos responsables penalmente en caso de que los hechos se agraven.
En materia tributaria subió el Impuesto PAIS para los servicios digitales a pocos días de la asunción, se quitaron los ATN a las provincias (siendo Córdoba la última en recibir $ 3MM hace diez días), se pretendía colocar 15% de retenciones a las economías regionales que se encuentran en 0%, pretenden que los gobernadores se hagan cargo del costo político de derogar la eliminación de la 4° categoría de Ganancias a los trabajadores, y para ello presentaron un proyecto de Ley con un piso base de $ 1.350.000 en bruto o sea $ 1.120.000 en mano desde septiembre de 2023 y ajustable trimestralmente por IPC, lo que llevaría a que en un lapso no mayor a cinco meses tendrían incorporados a él cerca de 1,2 millones en lugar de los 800 mil trabajadores que lo pagaban a septiembre de 2023.
A los gobernadores se los amenazó con recortar la coparticipación, aún cuando en el articulado de dicha Ley en el sector del nuevo sistema RIGI facultan al Sr Presidente a eximir de impuestos provinciales a quienes se incorporen bajo este esquema rompiendo un federalismo que nunca les interesó.
Todo esto nos lleva a una hiperinflación nominal autogenerada que rondaría a hoy el 3 mil % anual en 2024 y un tipo de cambio final de $ 7 mil a U$S 1, puesto que estábamos en hiperinflación relativa desde enero de 2018, con recesión desde mayo y agosto de 2018 cuando el gobierno de ese momento, firmó los dos acuerdos con el FMI pidiendo préstamos de U$S 36 y 58 MM, respectivamente.
*Analista económico y tributarista.
