Parece mentira, pero los argentinos hace seis años que no tenemos Defensor del Pueblo. Las organizaciones sociales desde siempre venimos defendiendo las causas populares con mucho esfuerzo, y así lo seguiremos haciendo, pero resulta inaceptable que los representantes electos por el pueblo no le den al pueblo argentino una herramienta institucional tan importante como la del Defensor.
Valdría la pena preguntar si alguno cree que en el país no hay vulneraciones a los derechos humanos, que no hay problemas con la vivienda, con la educación, la salud, con los servicios públicos, con la libertad de expresión, con el empleo, con los pueblos indígenas, el medio ambiente, con la identidad y la privacidad, o con la violencia institucional.
No sólo hemos llegado al punto de que la Corte Suprema de Justicia tenga que exigirle al Congreso cubrir esa vacante, sino que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también instaron al Estado argentino a que designe al Defensor del Pueblo o, en otras palabras, a que respete su propia Constitución.
No se trata de un capricho, esta institución tiene mucha importancia porque posee legitimación procesal para presentarse en sede judicial en defensa de los pueblos afectados por los derrames de la megaminería, por la contaminación de los agrotóxicos, para defender los derechos de los niños, los abusos de las empresas de servicios y para defender el derecho a la tierra, techo y trabajo; entre otros tantos temas apremiantes.
Así como lo exigimos cuando la mayoría parlamentaria era del peronismo, también lo exigimos ahora: los argentinos tenemos derecho a un Defensor del Pueblo que colabore activa, autónoma e independientemente en la promoción y protección de nuestros derechos fundamentales. Y más aún en la actual situación que vive el país, donde la gestión de Cambiemos está haciendo crecer a niveles exponenciales el endeudamiento, el desempleo, la pobreza y la indigencia.
Sin embargo, cubrir la vacante no es suficiente, porque el cargo no puede ser para cualquiera. Por este motivo, 55 organizaciones adherimos a la campaña para exigir al Congreso Nacional que la elección involucre un mecanismo participativo, que garantice que el/la nuevo/a Defensor/a reúna las condiciones de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y compromiso en la defensa de los derechos humanos (ver www.acij.org.ar).
Lamentablemente la actual Ley 24.284 sólo exige que los candidatos sean argentinos y tengan más de 30 años. No exige audiencias públicas, ni concursos, ni establece mecanismos de impugnación, es más, permite que el cargo se elija a espaldas del principal interesado: el pueblo.
Por eso nos alarma escuchar los nombres de algunos/as de los candidatos/as en danza. Muy pocos conocen el país, tienen diálogo con distintos espacios políticos, idoneidad técnica, una trayectoria intachable y un perfil independiente del actual gobierno.
Así como también nos alarma el desfasaje de la actual normativa con las atribuciones que este organismo necesita para cubrir las necesidades de la Argentina, ya que el Defensor no tiene permitido ejercer control sobre el Poder Legislativo, el Judicial, ni sobre los organismos de defensa y seguridad.
Por eso creemos que la Defensoría no puede tener una normativa desactualizada con respecto a la Argentina actual, ni tampoco se la puede tratar como un puesto más para “repartir”, como si fuese una presidencia de comisión. Esperamos que los representantes en el Congreso tengan la sensatez de garantizar que el nuevo Defensor/a no nazca de un mero intercambio de acuerdos palaciegos a puertas cerradas, sino que sea legitimado/a por el pueblo para recuperar y fortalecer sus funciones sociales.
*Premio Nobel de la Paz.
