El miércoles pasado, la vocal del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), Noel Costa presidió la audiencia preliminar para preparar cuestiones organizativas que permitan agilizar la realización del segundo juicio por actividades de la financiera ilegal CBI Cordubensis SA.
Las defensas de los 14 acusados en este tramo del expediente pretendían incorporar 202 testimonios orales durante el proceso. Para tener una dimensión del tiempo que significa la recepción de esa cantidad de testigos, el primer juicio insumió horas de audiencia a lo largo de seis meses. Y en aquella oportunidad testificaron 50 personas.
En esta nueva instancia se juzgarán principalmente el delito de lavado de activos que se habría cometido en la operatoria de CBI y empresas satélites. De 202 testimonios solicitados, fiscalía, querellas y defensas acordaron acotar el listado a 55. En principio, se estima que la audiencia ocupará dos días por semana porque de los tres magistrados que integran el tribunal, dos deben subrogar vocalías en otras provincias y por lo tanto durante la semana deben viajar fuera de Córdoba.
Además de Noel Costa que presidirá el juicio, el tribunal quedó integrado con Carolina Prado del TOF1 y el juez riojano, Mario Eduardo Martínez.
Manteniendo horarios para iniciar la audiencia y los días estipulados, se estima que podría desarrollarse a lo largo de dos meses y medio.
El primer juicio fue histórico. Se trató de la primera condena en el país por la figura de intermediación financiera no autorizada, desde que fue incorporada al Código Penal argentino.
En este segundo juicio, se analizarán exclusivamente hechos vinculados al presunto lavado de activos agravado. Deben responder -según diferentes grados de participación- los socios, Eduardo Rodrigo, Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Altamirano, como presuntos autores. El resto como partícipes necesarios.
Hay dos imputados con otra acusación: Alejandro Daniel Yacopini, titular de la concesionaria Toyota en Mendoza, está acusado como autor de asociación ilícita. El otro es el contador Javier Fernando Guevara, por intermediación financiera no autorizada.
En la acusación se describen las maniobras realizadas desde y hacia CBI de Centro Motor Toyota, Toyota Compañía Financiera, el vínculo con Yacopini Inversora SA en Mendoza, Siemens y la UTE Rivelux (que cobraban la recaudación del transporte público de la ciudad de Córdoba) y, por último, el rol del contador del Grupo Dinosaurio, Javier Guevara, en la inyección de cheques de la obra social Osecac, perteneciente al gremio de Comercio.
