Advierten que la nueva ley no terminará con los aportes informales

Con el objetivo principal de buscar mayor transparencia en la financiación de los procesos eleccionarios y recuperar la confianza de parte de la ciudadanía que mira con desconfianza los gastos millonarios que demandan las campañas de propaganda proselitista, el Gobierno reglamentó hace un mes una nueva norma sancionada por el Congreso que modifica el Código Electoral Nacional y la ley 26.215 que regula el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.

 Entre los cambios más importantes la nueva normativa establece la bancarización y la trazabilidad de los aportes privados y permite las contribuciones de empresas a las campañas electorales con un tope de hasta el dos por ciento de los gastos autorizados por la ley.

 El nuevo esquema que permite el aporte de empresas deja, sin embargo, afuera de esa posibilidad a los sindicatos, las cámaras empresariales y los colegios profesionales.

Avances

Si bien todos los mecanismos tendientes a dotar al sistema de mayor transparencia siempre suponen mejoras, son pocos los que creen que las nuevas exigencias permitirán transparentar la totalidad de los aportes informales que financian las campañas electorales.

“Se ha avanzado mucho, la trazabilidad de los fondos era algo fundamental para conocer el origen de los fondos y el hecho de que las empresas puedan ser parte del financiamiento es algo positivo porque viene a blanquear una realidad ya instalada desde hace mucho tiempo en nuestro país”, indicó Pablo Secchi, director ejecutivo de la fundación Poder Ciudadano a PERFIL CORDOBA.

Secchi destacó, además la creación de un registro de aportantes en la Cámara Nacional Electoral (CNE), la extensión del tiempo de campaña y la prohibición de inauguraciones previas a la elección, aunque admitió que quedaron temas sin regular como por ejemplo el uso de bienes del estado por parte de los oficialismos para actividades proselitistas.

“En general es una ley que tiene avances. Esto no significa que de ahora en más todo lo que se aportaba en negro ahora se formalizará, sería muy ingenuo pensar eso, pero aquellos que querían aportar de manera transparente ahora tienen los canales para hacerlo”, consideró.

Otros de los aspectos de difícil fiscalización que plantea el director de Poder Ciudadano, es el control de la creciente propaganda proselitista en medios digitales y redes sociales donde tiene una penetración cada vez mayor que evade los plazos de veda electoral y en donde se hace muy difícil rastrear el origen de los fondos que la financian y por consiguiente a quienes los aportan.

El peso de los aportes empresariales

Para el politólogo especialista en financiamiento de campañas políticas, Pablo Soffietti, la posibilidad de que las empresas realicen aportes a las campañas constituye uno de los cambios más significativos de la reforma y desnuda la importante participación que han tenido las empresas en el financiamiento de los procesos electorales durante los últimos años, pese a que no estaba permitido por la ley.

“Los casos más conocidos que salieron a la luz como el proceso Lava Jato que involucró a un gigante como Odebrecht, la denominada “causa de los cuadernos”  o la investigación por los presuntos “aportantes truchos” en la campaña de la actual gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, son muestras claras de que las empresas han venido aportando a las campañas de manera poco transparente, pero con mucha incidencia en los resultados durante los últimos años” explicó Soffietti.

Blanco sobre negro

De acuerdo a los datos oficiales consignados por la Dirección Nacional Electoral (DNE), en las elecciones presidenciales del año 2011 la totalidad de los aportes privados a las campañas de los partidos políticos fue de $26.822.124 (unos US$ 6.371.050) y en las últimas elecciones generales de 2015, el dinero proveniente de aportes del sector privado alcanzó los $201 millones (unos US$ 18 millones si se promedia el valor oficial y el denominado ‘dólar blue’ de octubre de ese año).

Si a esos aportes privados registrados se suman los fondos públicos que el estado reparte entre todas las fuerzas políticas -este año serán 570 millones de pesos- y se contrastan estas cifras con los costos que efectivamente invirtieron los principales partidos en sus campañas proselitistas se observa que los gastos reales y efectivos son superiores a los declarados,  en algunos casos llegan a duplicar los fondos de aportes ‘en blanco’.

Cuando se accede a la información no oficial de quienes manejan los verdaderos costos de campañas presidenciales competitivas a nivel nacional, se puede ver claramente que los gastos que se admiten en off the record son significativamente mayores a los aportes públicos y privados que se rinden de manera oficial al final del proceso.

 “Las cifras demuestran que el grueso del dinero que financia las campañas sigue estando por fuera del sistema formal y probablemente la nueva ley no pueda modificar esto de manera sustancial. Las empresas y los oficialismos, con todo el poder del Estado, son quienes estructuran y definen las fuerzas de las campañas políticas a partir del poder que les otorgan las sumas de dinero que manejan y que pueden transformarse en aportes para apoyar a determinados candidatos”, advirtió Soffietti.

Los gobiernos pasan, el ‘lobby’ queda

Al no poder conocer el origen de una parte importante del dinero que financia las campañas, se dificulta la posibilidad de analizar en qué medida esos aportantes se ven luego beneficiados o no por las políticas del gobierno al que apoyaron para acceder al poder.

Sin embargo, si se analiza la influencia de empresarios mediante aportes de campaña y lobbying y se lo vincula con los posteriores otorgamientos de contratos públicos, se puede apreciar que las empresas o sus representantes tienen una considerable capacidad de influencia sobre las decisiones de los gobiernos.

“Una investigación sobre este tema que se está desarrollando dentro del Conicet, permitió cruzar la información de quienes se reunieron en mayor cantidad de oportunidades con funcionarios del gobierno durante los últimos 12 años y quienes ganaron licitaciones para realizar obras o contratos con el estado y se observa que entre ellos hay una relación directa”, explicó Soffietti.

Poder real

El estudio permite identificar ‘comunidades de aportantes’ conformadas por grupos de personas físicas y jurídicas relacionadas entre sí que aportan sistemáticamente dinero a las campañas electorales y que, a su vez, se ven beneficiadas luego con licitaciones y contratos con el Estado con prescindencia de los cambios de gobierno y los signos partidarios que acceden al poder.

“Esto da cuenta de un grupo de poder que está por encima de los partidos políticos y que opera desde hace años con nombres y empresas que se repiten y que han aportado fondos para campañas de diferentes partidos a partir de sus propios intereses sin que la ciudadanía pueda conocer de manera formal quiénes son y qué objetivos persiguen”, concluyó Soffietti.

Se trata, sin dudas, de una característica del actual sistema de financiamiento de campañas en Argentina, que pese a los esfuerzos que se realizan para transparentar el origen de los fondos que utiliza y quienes los aportan, aún hay mucho camino por recorrer para erradicar prácticas poco visibles y con mucha influencia en la elección de los gobiernos y sus posteriores acciones.-