Ajuste de cinturón: siete claves de la reestructuración que se viene
Las provincias no podrán aumentar gasto por encima de la inflación; tendrán restringida la incorporación de empleados y no podrán crear nuevos impuestos ni subir alícuotas.
SE LARGA LA MARATON. La Nación pretende a través de la ley de Responsabilidad Fiscal llegar al 2019 con las provincias en equilibrio presupuestario. |
CEDOC PERFIL
Norma Lezcano
La Administración Macri tiene en claro que el porcentaje clave del 2018 es 3,2% del PIB. Esa es la meta que se fijó para el déficit primario del año próximo.
Si avanza en ese camino podrá reducir impuestos, controlar la inflación y hacer sustentable el crecimiento. Entre junio y julio, los diferentes ministerios nacionales ya recibieron información sobre el tope de gasto que podrán ejecutar el año que viene, el cual tendrá que estar por debajo de la inflación. Sin embargo, con el esfuerzo de la Nación no alcanza; el desafío es poner a las provincias en la misma sintonía.
El paso siguiente, entonces, es enviar el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal, junto al de Presupuesto 2018, para que ambos desembarquen en el Congreso en septiembre próximo.
En el marco del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Interior, Rogelio Frigerio, vienen dialogando con los titulares de Hacienda de 21 provincias (Córdoba entre ellas) para consensuar una agenda que alcance fuerza de ley y no quede en letra muerta. La última reunión fue el 13 de julio en la Ciudad de Buenos Aires.
"Estamos trabajando con los gobernadores para mejorar la eficiencia del gasto y lograr equilibrio fiscal; buscamos sencillamente que los ingresos que logra el Estado nacional y las provincias alcancen para pagar los gastos de inversión en el 2019", sintetizó una fuente del Consejo Federal en diálogo con PERFIL CORDOBA.
Decir se dice fácil, pero llegar a ese objetivo no lo es por tres motivos: porque las discusiones se están dando en un período electoral y se pretende llegar a un acuerdo antes de las elecciones de octubre; porque las provincias no quieren cerrar una pauta de ajuste sin tener en claro cómo quedará definida la reforma impositiva y porque las provincias aspiran –en especial Córdoba– a diseñar un nuevo sistema de coparticipación, en momentos en los que la provincia de Buenos Aires reclama un actualización para el Fondo del Conurbano.
Ejes del proyecto. Hasta el momento, los siete puntos que se han consensuado para incorporar al proyecto de ley de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno son:
1) Sistema de incentivos. A diferencia de los pactos fiscales intentados en el pasado, ahora no se habla de “premios y castigos”, sino de un “sistema de incentivos” para las jurisdicciones que alcancen reducción del déficit y convergencia hacia un equilibrio presupuestario.
2) Gasto Corriente Primario. Todas las provincias deberán mantener constante, en términos reales, el Gasto Corriente Primario hasta el 2019. Este indicador deberá descontar aquellos gastos corrientes financiados por el gobierno nacional, como así también las transferencias por coparticipación y el financiamiento de organismos internacionales. Las provincias que cumplan la meta tendrán como incentivo la posibilidad de incrementar gasto corriente asociado a inversiones para salud, educación o seguridad.
3) Gasto Primario Total. Deberá permanecer constante, en términos reales, en todas las provincias que no cumplan con el ratio de endeudamiento previsto (deuda menor al 15% de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios). También deberán cumplir esta regla, las provincias que presenten un resultado corriente primario deficitario. El objetivo es honrar estas dos últimas reglas por los próximos dos años, para llegar al equilibrio fiscal sobre el final del ejercicio 2019.
4) Empleo. La planta de personal no podrá crecer por encima del crecimiento de la población. Las provincias que hayan alcanzada equilibrio fiscal tendrán el incentivo de poder incorporar nuevos empleados en servicios vinculados a salud, educación y seguridad.
5) Carga tributaria. No se podrán incrementar alícuotas de impuestos existentes ni crear nuevo hechos imponibles sobre actividades productivas. Pero además, se sugiere a las provincias “corregir distorsiones existentes” para promover la inversión y el empleo privado. (Ver “Desafío para Córdoba")
6) Reglas de fin de mandato. En los últimos seis meses de gestión, un gobierno no podrá incrementar el gasto corriente, por ejemplo incorporando personal a planta permanente.
7) Fondos Anticíclicos. Se crearán para permitir el cumplimiento de las reglas fiscales, una vez alcanzada la meta del equilibrio presupuestario. Se utilizarán, por ejemplo, cuando por determinados factores se altera un ciclo económico y la baja de actividad reduce la recaudación.
Desafío para Córdoba
Con un superávit financiero en el ejercicio 2016 de $3.599,6 millones, Córdoba no enfrentará el ‘sinceramiento fiscal’ sufriendo graves cuellos de botella en el gasto. Sin embargo, tiene un enorme desafío por delante: hacer más eficiente su gestión para liberar al sector privado de una asfixiante presión impositiva.
Según un sondeo de KPMG (realizado a 80 ejecutivos de empresas que respondieron sobre el impacto en los negocios del actual sistema tributario y la eficiencia provincial en materia impositiva), mayoritariamente las empresas señalan que el Impuesto a los Ingresos Brutos es el gravamen que más afecta la conformación de los precios, por su incidencia creciente en los costos.
En segundo lugar se encuentra el Impuesto a las Ganancias. “Ingresos Brutos produce una fuerte distorsión que afecta a todas las etapas productivas ya que cada fase de producción acumula el impuesto pagado en la instancia anterior”, señala KPMG.
La encuesta señala que la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Córdoba, en ese orden, son las jurisdicciones donde más los impuestos son determinantes en los precios.
Próxima pulseada: Fondo del Conurbano Bonaerense
"Me voy a pelear con todos los que haga falta para defender a los bonaerenses", aseguró la gobernadora María Eugenia Vidal. “Hay que poner en la balanza todos los subsidios que les dan a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires”, había protestado antes el gobernador Juan Schiaretti. El contrapunto que se registró este último viernes es la fotografía de la pelea que se aproxima entre Buenos Aires y la liga de gobernadores del PJ. Para entender qué está en juego:
¿Por qué recrudeció ahora? Porque se aproxima un sinceramiento fiscal que podría ser histórico si se sanciona la Ley de Responsabilidad Fiscal. Antes de que entre en vigencia, las provincias quieren quedar posicionadas con la mayor cantidad de fondos posible.
¿Qué reclama Buenos Aires? En 1995 se aprobó un techo de $650 millones al Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB), mientras el saldo por sobre dicho tope (que provee el 10% de la recaudación de Ganancias) se reparte entre el resto de las provincias. Producto de este esquema, en 2015 cada cordobés recibió por el FCB $1.158; cada santafecino, $1.234 y cada bonaerense, $40. Vidal pretende revertir esto.
¿Qué reclaman los gobernadores? Las provincias pretenden que al mismo tiempo que se atienda el reclamo de Vidal, la Nación ponga en el debate de la coparticipación: los subsidios que recibe Ciudad y Provincia de Buenos Aires, los fondos que financian el déficit previsional y el impuesto al cheque que no se coparticipa plenamente. Según el Iaraf, en lo que va de 2017, Córdoba resignó el equivale al 44% de las inversiones en infraestructura presupuestadas.
¿Dónde se va a dirimir este problema? A nivel judicial, en la Corte Suprema, donde Vidal presentó una demanda contra el Estado Nacional. A nivel político, en el seno del Con Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
La inflación como techo
Las metas de inflación serán determinantes a futuro. ¿Por qué? El mantener el gasto corriente constante en términos reales significa que las provincias sólo podrán ajustarlo por inflación.
Según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), a partir de enero de 2017 se adoptó un régimen de metas de inflación, con un rango objetivo decreciente en el tiempo: entre 12% y 17% para 2017, entre 10% ± 2% para 2018, y 5% ± 1,5% a partir de 2019.
Este esquema de gestión del gasto es una pieza clave en la meta de equilibrio presupuestario. Durante la era kirchnerista, tanto la Nación como las provincias estaban enroladas en un círculo vicioso: aumentaban el gasto más que los ingresos, generando déficits que se financiaban con emisión monetaria potenciando a su vez la inflación. Con más inflación se retroalimenta este círculo de decadencia.
