Apenas se conoció la decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación de intervenir el gremio de recolectores de residuos, Surrbac, los abogados defensores de sus dos máximos dirigentes, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, reiteraron al juez Bustos Fierro el pedido para que fueran liberados.
Ambos están en Bouwer desde fines de agosto, cuando fueron detenidos e imputados por asociación ilícita, usura agravada, administración fraudulenta y lavado de activos agravado. El fiscal federal Enrique Senestrari consideró que se les debía conceder la excarcelación porque ya no están al mando del gremio y de la mutual Amssurbac –ambos intervenidos- y la prueba que sustenta la causa ya fue reunida.
Pese a ello, el juez Bustos Fierro rechazó el pedido. Explicó que el interventor designado todavía no asumió su función en el gremio y que los agremiados han desplegado una guardia frente al sindicato y se declararon en estado de alerta y movilización. Sumó a ello los indicios de amenazas a los denunciantes.
Por su parte, la Cámara Federal postergó hasta fines de marzo la audiencia para analizar la apelación de las defensas a los procesamientos y la prisión preventiva, con lo cual tienen por delante más de un mes alojados en Bouwer.
En tanto, Pascual Catrambone sumó una nueva imputación. Es por presunta defraudación calificada fraudulenta, en su función de director de la empresa municipal Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese). A
demás, la acusación alcanza a Alberto Castagno, Norberto Bergami, Arnoldo Levi Oreste Godino, Aldo Vargas y Enrique Imberti, en su carácter de administradores de la firma y al exsíndico, Pablo Cáceres.
La lista de imputados por Senestrari a comienzos de mes se completa con quienes habrían formado una organización para emitir facturas apócrifas en calidad de empresarios textiles que aportaron indumentaria adquirida por Crese. Fueron identificados Cristian Eduardo Herrera, Micaela Schörnig, Ignacio Guillermo Herrera, Claudio César Bonaldi y Gerardo Luis Cuevas Lescano. Los dos últimos habrían cedido sus datos para figurar como emisores de algunas facturas.
Se les endilga, en diferente grado y responsabilidad, los presuntos delitos de lavado de activos, evasión agravada, asociación ilícita fiscal, defraudación por administración fraudulenta y tentativa de aprovechamiento ilegítimo de beneficios fiscales.
El viernes último se concretaron las primeras indagatorias a Catrambone y Cristian Herrera.
