Más allá de los resultados de octubre, la reforma laboral es parte de la agenda prioritaria del gobierno nacional, junto al esfuerzo por el control de la inflación. “Esto nada tiene que ver con Brasil y su reforma, sino con la necesidad de generar competitividad a nuestra economía, al margen del tipo de cambio”, explicó a PERFIL CORDOBA una fuente próxima al Ministerio de Trabajo.
Aunque el gobierno busque distanciarse de Brasil (por la radicalidad del modelo que aplicó el país vecino), lo cierto es que su economía nos lleva ventajas en el valor medio del salario en industria y servicios (30% menor), en los impuestos al trabajo (35% más bajos) y en la inflación (4% anual). Frente a estos estándares del principal socio, Argentina no puede quedarse sin hacer nada; lo cual no significa que deba seguir sus pasos en materia de reforma laboral.
Lo que la Nación buscará es un modelo adecuado a la idiosincrasia y legislación argentina, sondeando alternativas más parecidas a las que tienen países nórdicos europeos.
Concretamente, las iniciativas bajo análisis (y algunas ya en curso) se dividen en tres segmentos: cambios legislativos para mejorar los costos laborales; introducción gradual del ajuste salarial por productividad (iniciando por el Estado nacional) y aplicación progresiva de la “flexicurity” o “flexiseguridad”, inspirada en el modelo danés. (Ver “Seguridad flexible”)
Costos laborales. El primer paso que dio la Nación en esta materia fue con la Ley Complementaria de Riesgos del Trabajo, por la cual en caso de un accidente laboral los trabajadores deben pasar por una comisión médica antes de iniciar un juicio. Lo que se busca es que las resoluciones de estas comisiones tengan carácter de "cosa juzgada".
Con el presidente Macri a la cabeza (quien está particularmente interesado en el tema), la Nación buscará que todas las provincias adhieran a la ley y monitoreará sus índices de litigiosidad. Córdoba fue la primera en adherir,en Buenos Aires tiene media sanción y Mendoza avanza en el análisis. Estas jurisdicciones representan al 70% de los trabajadores.
“Esta ley no sirve y no habrá grandes cambios”, sentencia el abogado cordobés experto en temas laborales y ex ministro provincial del área, Jorge Sappia. “Lo que se debiera hacer es trabajar más sobre prevención y separar el tema de la cuestión de lucro. Esto es: en lugar de compañías de seguro (ART), debieran existir Mutualidades, como tienen Chile o España”, afirma. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a mayo 2017,los juicios laborales aumentaron a nivel nacional un 20% anual.
Otros dos puntos clave que apuntan a crear empleo e incentivar la formalidad son: por un lado, la reducción de las contribuciones patronales (entre un 10% y un 30%, según la distribución geográfica) para quienes contraten personal registrado y amplíen su plantilla. Por otro lado, se evalúa una moratoria o blanqueo de trabajadores en negro.
La CGT prefiere un blanqueo directo que permita lo antes posible regularizar la situación de 4,5 millones de personas que no tienen aportes previsionales ni a la obra social.
Empresarios del sector Pyme consultados al respecto opinan que si se aplica una moratoria, “lo mejor sería facilitar el sinceramiento de empresas de menos de diez personas, a las que se podría eximir de pagar multas y aportes incumplidos”, en tanto que para las firmas con más de una decena de trabajadores, “que se les haga abonar cargas y contribuciones, pero no multas”.
Para el doctor Sappia, “estas medidas son muy convenientes porque además ayudarían a sumar contribuyentes, ya que la mayoría de las que tienen personal en negro también acumulan deudas con el Fisco”.
Entre las iniciativas que estudia el gobierno figura también un apartado para monotributistasque tienen empleados a cargo, quienes podrían quedar encuadrados en un plan simplificado pagando una suma única en lugar de cargas sociales.
Productividad salarial. Con una inflación que supuestamente irá en descenso, el ajuste salarial por costo de vida irá perdiendo relevancia; esto también puede significar un problema para el trabajador. Por ello, se busca avanzar en un sistema de actualización de ingresos por productividad, del cual el Estado busca ser referencia.
El ministerio de la Modernización llevará a todo el servicio público nacional un esquema de capacitación y profesionalización del agente público (a través del Instituto Nacional de Administración Pública-INAP), para luego aplicar pautas de rendimiento cuantificables. “Se pueden mejorar los salarios en uno o dos sueldos suplementarios por año", confió una fuente cercana a esa área.
Aplicado al sector privado, “el esquema debería tener el paraguas de los convenios colectivos, ser producto del consenso y aplicado a cada segmento de empresas y tipo de actividad”, explica el doctor Sappia.
“En el sector metalúrgico, por ejemplo, no es lo mismo una empresa con 10 empleados, que con 200, ni la tecnología aplicada en cada caso es la misma; por eso deben ser negociaciones segmentadas”, afirma el experto. Y enfatiza: “Sí, es un modelo necesario y están dadas las condiciones para que empresas y sindicatos avancen en negociaciones de este tipo”.
Seguridad flexible. La flexiseguridad es el tema más controvertido que contempla la reforma laboral. “Que me digan primero que quieren flexibilizar y después hablamos. Si eso implica precarizar el empleo, no va a funcionar”, sentencia el doctor Jorge Sappia.
La idea es fogoneada por técnicos vinculados a lo que fue Fundación Pensar, aunque aún no tendría total arraigo en el gobierno. ¿De qué se trata?Está inspirada en el modelo que llevó a Dinamarca a tener la segunda tasa de desempleo más baja entre los países OCDE. Funciona del siguiente modo:
• Los empleos no son protegidos a contracorriente de lo que el mercado va generando para cada industria.
• Se garantizan niveles de ingresos básicos y formación suplementaria de manera que un trabajador/a que ha perdido su empleo pueda obtener las calificaciones para encontrar otro.
• Ofrece un subsidio relativamente alto de desempleo, hasta por cuatro años, y en los niveles más bajos con una cifra que llega hasta el 90% del último salario.
• El Estado invierte grandes sumas en capacitar a la gente de acuerdo a las tendencias del mercado. La gente tiene alta disposición a la formación y a cambiar de empleo sin temor a perder los derechos de jubilación al cambiar trabajo.
• El Estado/los privados financian estructuras de contención social para que el empleado pueda ser flexible en su tarea.
Convenios por productividad que se empezaron a cerrar. Conscientes de que no se podrá legislar una reforma laboral integral, el gobierno nacional está avanzando sector por sector, promoviendo Convenios por Productividad a medida.
“Lo fundamental–aseguran– es fomentar la cultura del consenso tripartito para ajustar las condiciones de productividad que requiere cada industria”. Los convenios firmados:
Automotor. Busca la creación de 30.000 nuevos puestos de trabajo. Más allá de las estrategias vinculadas a la producción y el comercio, contempla capacitación y condiciones de mejoras en la productividad laboral, intentando disminuir el ausentismo a 5% para 2019 y a 3% para 2023.
Agropecuario. Se firmó con Sociedad Rural, CRA y Coninagro (por la parte empleadora), y la UATRE más la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (por los trabajadores). Los rubros involucrados son la producción de arándanos, el manejo de silobolsas y los sectores avícola y porcino. Se acordaron aumentos salariales de entre 23% y 25%, condiciones de trabajo nocturno, cantidades máximas de recolección por trabajador, modelos de contratación y adicionales a los salarios.
Petrolero. Destinado a los empleados de los yacimientos no convencionales de gas y petróleo en Vaca Muerta. Elimina el pago de ‘horas extra u horas taxi’ que no son estrictamente dedicadas a producción; pone en manos de las empresas la decisión de frenar la actividad ante vientos fuertes; regula los turnos e intenta reducir los tiempos muertos para mejorar la productividad.
Construcción. Incluye un compromiso de inversión pública y privada a través de créditos hipotecarios a 30 años con tasa subsidiada. A cambio, Uocra ofreció extender las acciones de capacitación de los trabajadores contribuyendo a incrementar la productividad del sector y también mejorar el presentismo.
Sectores de calzado, textiles y ceramistas están negociando también sus propios convenios.
Capacitar y gerenciar para la flexibilidad. Más allá de la flexibilización del mercado laboral que pueda promover el gobierno a través de la legislación, muchas empresas ya están incorporando el concepto de “flexibilidad” a su cultura organizacional, no como forma de precarizar las condiciones de trabajo sino de generar beneficios que fidelicen al empleado y aseguren su compromiso con la firma.
Indirectamente, esta forma de flexibilidad reduce costos por rotación, minimiza los costos derivados del conflicto y ayuda a hacer más eficientes los costos de procesos.
Según los expertos en recursos humanos, se trata de “gerenciar para la flexibilidad” y “capacitar a ejecutivos y empleados en esa cultura”.
Un estudio de la consultora WorldatWork, revela que las seis modalidades de trabajo flexible que vienen ganando terreno en las empresas, a escala global, son: el teletrabajo; los horarios flexibles; las jornadas de medio tiempo; el retorno gradual de una licencia; las semanas laborales comprimidas y la combinación de programas a la medida para cubrir las necesidades de los empleados.
De acuerdo a esta fuente, las empresas que aplican al menos tres de estas formas de flexibilidad en su cultura organizacional mejoran su productividad en 20%, reducen los niveles de ausentismo en 10% y de conflictividad en 15%.
