Ya se dio un 50% de la pelea y la ‘sangre no llegó al río’; sin embargo, lo que resta del debate entre Nación y provincias, en el marco del nuevo Pacto Fiscal, no será nada fácil.
Los logros del primer tramo de la contienda se pueden resumir en cuatro puntos centrales:
1- El presidente Macri y los gobernadores coincidieron en que la reducción del déficit fiscal no es negociable. Aunque esto pareciera “verdad de Perogrullo”, en realidad es el principio ordenador estratégico que define los demás ítems del acuerdo.
2- Se detuvo la judicialización de la relación entre provincias, lo cual estaba latente por el reclamo de Buenos Aires ante la Corte Suprema por el Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB).
3- Se dio un paso histórico en la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, el cual sostenía la existencia del FCB. Ahora, toda la masa recaudada por este tributo (este año aumentaría a $230.000 millones) se coparticipará.
4- La Nación se comprometió a compensar a las provincias el diferencial que cada una tenga entre este nuevo sistema de coparticipación y el anterior.
Así las cosas, el gobernador Juan Schiaretti y el ministro Osvaldo Giordano llegaron al fin de semana con la certeza de que los $7.000 millones de ingresos tributarios de origen nacional están asegurados para el próximo año. ¿Alcanza eso para brindar por el éxito de lo conseguido? Todavía no.
Agenda conflictiva. En Finanzas de Córdoba son conscientes que se viene una disputa intensa por la agenda de reducción de Ingresos Brutos y Sellos. La Nación está presionando a las provincias con el argumento de que esas rebajas son “la clave para que la economía crezca al 3% anual”. Pero, los distritos del interior no están en condiciones de resignar esos ingresos a corto plazo. Para Córdoba significarían, en 2018, unos $40.000 millones, entre ambos tributos.
La alternativa, según evalúa el ministro Giordano, es plantear una agenda de rebajas gradual que, iniciando en 2019, se extienda hasta 2022. Hay que recordar que para el año próximo ya se transitará una primera etapa de ese camino con la reducción de Ingresos Brutos para créditos hipotecaros, servicios públicos y régimen extrajurisdiccional, más la baja de Sellos para operaciones hipotecarias destinadas a vivienda única.
Habiendo ya comprometido ese primer esfuerzo, ahora Córdoba propondrá lo siguiente: volcar los aumentos de recaudación que se vayan logrando a partir de un crecimiento de la economía del 3% a rebajas graduales de las alícuotas, durante un periodo de 4 años, y concentrando las reducciones en los dos primeros años. “El objetivo final es ir migrando paulatinamente hacia un Impuesto a las Ventas, con una alícuota convergente de entre 3% o 4%”, explican las fuentes consultadas.
Impacto diferenciado. La Nación podría llegar a sentir la propuesta como “insuficiente”; para provincias centrales como Córdoba, Santa Fe o Mendoza (con economías consolidadas) implicaría hacer un “enorme esfuerzo” y para las jurisdicciones más pobres podría representar una “alternativa imposible de cumplir”.
Siendo así, el escenario que se abre –especulan desde Córdoba– es que se avance de manera segmentada, conforme a las posibilidades de cada economía regional. Por escalonado que sean los esfuerzos, todos serán de impacto positivo (acumularán mejoras de competitividad). No hacer nada, no es opción: “El peso de Ingresos Brutos y Sellos se ha duplicado en términos del valor agregado de la economía en los últimos quince años, pasando de 2,2 % a 4,5 % del PIB; es clave que las provincias puedan revertir parcialmente esa trayectoria”, advierte el economista jefe del Ieral, Jorge Vasconcelos.
Sin embargo, en este juego, llegar al gol no es solo responsabilidad de los gobiernos provinciales. Si la Nación, a su vez, no contribuye a que el crecimiento sea de al menos al 3% anual, la inflación de 12% como máximo y si no cumple con eliminar los subsidios a los servicios para CABA y Buenos Aires para el 2019, no habrá resultados de equipo.
Pero, además, un buen DT sabe que con esas tácticas, incluso, no alcanza para asegurar el partido. “El Ejecutivo nacional no tendrá forma de colaborar en estas políticas si el gasto vinculado al sistema previsional sigue escalando al ritmo que trae, de 6,4 % del PIB en 2014 a 8,2 % este año”, advierte Vasconcelos.
A raíz de todo esto, en la próxima reunión por el Pacto Fiscal va a resultar inevitable que se negocie una salida coordinada para el tema jubilatorio. A Córdoba, esto le significaría acordar un número concreto de auxilio al déficit de la Caja provincial, a cambio de apoyar que el 100% del Impuesto al Cheque vaya a la Anses y, a la vez, dar el visto bueno para discutir la cláusula de actualización de las jubilaciones, a efectos de que se empiecen a ajustar por inflación.
