Reconocidas voces de la Municipalidad de Córdoba contaron que “es notable la presión de Natalia de la Sota para ser candidata a vicegobernadora” y manifestaron que “con ese apellido obviamente no le puede ir mal en las encuestas”.
En tanto, cerca de la actual diputada nacional reconocen que hoy no tiene la bendición del Centro Cívico para intentar lograr su objetivo. “Natalia es muy independiente, hace la suya y eso tal vez no guste a los que toman las decisiones”, afirman.
Además, y buscando el origen de un supuesto distanciamiento, dicen que “más allá de haber sido elegida candidata a diputada nacional y conseguido la banca el año pasado, la diputada no quiso ser candidata en 2019, lo cual puede haber dejado una herida abierta”.
Niegan que “Tori” Flores sea una nueva opción, pero…
El viernes pasado, la titular del Coys, Victoria “Tori” Flores participó de un acto con mujeres en la ciudad de Córdoba, lo cual fue interpretado como un acto político de campaña.
El esposo de la funcionaria llaryorista, Miguel Siciliano fue el organizador del evento, que contó con la presencia de al menos dos mil mujeres, pero le restó connotación para la interna y consideró que no fue un lanzamiento ni nada por el estilo.
“Somos parte de la misma cosa”, dijo Sciliano al rechazar la hipótesis que dice que el matrimonio avisó que si el esposo no puede ser candidato a intendente, su esposa sí está en condiciones de hacerlo.
Cordobeses en acción
En la resolución del conflicto por el aumento en el monto de subsidios al transporte en el presupuesto, tuvieron participación activa dos llaryoristas de paladar negro: el secretario de Transporte de la Municipalidad, Marcelo Rodio, y el diputado nacional Ignacio García Aresca, quien logró que citaran al primero para hablar en la comisión de transporte de la Cámara baja.
El legislador schiarettista Carlos Gutiérrez los acompañó en la movida, aunque la vicepresidenta de la comisión, la kirchnerista Jimena López, salió al cruce porque no le gustó el planteo de Rodio, quien denunció “la injusta inequidad” en el reparto de subsidios.
Frossasco, ¿un ‘bombero’ para Villa Nueva?
En Villa Nueva, la denuncia judicial que concejales de Juntos por el Cambio realizaron en contra de la gestión del kirchnerista Natalio Graglia, por la supuesta contratación irregular de un servicio de coaching, representó un duro golpe para el oficialismo en vísperas de un año electoral.
Aunque está inhabilitado para presentarse en los próximos comicios, ya que transita su segundo mandato consecutivo, el actual alcalde villanovense viene trabajando fuertemente para impulsar la candidatura de su hermano Franco, subsecretario de Relaciones Instituciones y Políticas Sociales.
Desde El Panal siguen de cerca la evolución de los hechos y también las encuestas, y no descartan sacar un as de la manga si se complican las chances de que el peronismo prolongue la hegemonía que mantiene desde hace un cuarto de siglo en la ciudad del Departamento San Martín. “En caso de incendio, lo van a tratar de convencer a Marcelito”, apuntan desde las cercanías del gobernador Juan Schiaretti.
“Marcelito” no es otro que Marcelo Frossasco, el presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), quien ya gobernó Villa Nueva entre 1991 y 2007.
Estrepitosa caída de la Lista Celeste
La elección de consejeros para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación dejó un sabor amargo en un sector de los Tribunales Federales. Fue estrepitosa la caída en la cantidad de votos de la Lista Celeste que proponía nuevamente a Alberto Lugones y una de cuyas candidatas locales era la camarista Graciela Montesi.
En 2018 la Celeste había sacado ocho sufragios. Este año, solo uno. La Bordó, el ala más crítica al gobierno nacional, en esta oportunidad fue la favorita y se llevó 15 votos en Córdoba apoyando al candidato que ingresará al Consejo, Mario Barroetaveña, quien traccionó en la jurisdicción fue el juez federal de Bell Ville, Sergio Pintos.
Compromiso Judicial, la tercera alternativa, que en 2018 no obtuvo ningún voto, este año superó a la Celeste con dos sufragios.
Enojo de albertistas cordobeses con la Casa Rosada
“Sobre que nos cuesta que los medios tengan una opinión favorable a la gestión de Alberto, ahora esto de Gran Hermano es como un dolor de muelas”, rezongaba un dirigente del albertismo cordobés ante la trascendencia pública que tomó el cruce de la vocera presidencial Gabriela Cerruti a las críticas que un participante del programa de TV al presidente.
El participante había dicho que Alberto Fernández “es un corrupto” y Cerruti lo retrucó rápidamente, siguiendo un pedido del jefe del Estado, según fuentes oficiales. “Tratemos de no mandar adentro las que van afuera”, prosiguió el dirigente cordobés al comentar la trascendencia pública del hecho.
Cid redobla la apuesta (cepo a las protestas)
En medio de la polémica desatada por su iniciativa que busca regular los piquetes en las calles de la ciudad y dispone fuertes sanciones ante los incumplimientos y excesos en la vía pública, el legislador Juan Manuel Cid redobló la apuesta y va por más.
Su proyecto, que avanza en el debate en comisión de la Unicameral, junto a otra iniciativa en igual sentido de los radicales Dante Rossi y Verónica Garade Panetta, ya cosechó el apoyo del sector comercial y vecinos afectados, y el rechazo de agrupaciones de izquierda y movimientos piqueteros.
En este contexto, el legislador oficialista ingresó en los últimos días un nuevo expediente por el cual impulsa quitarle los planes sociales a quienes hagan piquetes en la ciudad.
La iniciativa establece la suspensión de todo tipo de subsidio, prestación, beneficio económico y/o plan social que percibiere del Estado provincial toda persona involucrada en la comisión de delitos y/o contravenciones.
Asimismo, con otro proyecto, Cid le pide a la Unicameral que instruya a los senadores nacionales por Córdoba a que presenten una iniciativa similar en la Cámara Alta que fija “tolerancia cero” contra las manifestaciones callejeras.
“Se trata de una situación particularmente grave, ya que esas personas reciben directamente del Estado un ingreso, por lo que no se puede tolerar la comisión de contravenciones e incluso de delitos como mecanismo para la protesta social”, afirmó el parlamentario oficialista en los fundamentos del proyecto.
