Corría enero de 2010 cuando el flamante presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, comparecía en una rueda de prensa con periodistas extranjeros preparada muy al estilo estadounidense, en el cerro Santa Lucía, enclavado en el centro mismo de Santiago.
Por entonces, el empresario multirubro convertido en abanderado de la derecha de su país, acababa de derrotar en balotaje al expresidente democristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle y ponía fin a dos décadas de gobiernos encabezados por la Concertación de Partidos por la Democracia. Esa coalición, modélica en el continente, había sido clave para forjar el plebiscito de 1988 que marcó el comienzo del fin de la sangrienta dictadura encabezada por Augusto Pinochet Ugarte, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Y luego llevó sucesivamente al Palacio de La Moneda a Patricio Aylwin, el citado Frei, a Ricardo Lagos y a Michelle Bachelet (en dos ocasiones).
Aquella tarde de enero, Piñera encarnaba el resurgir de una derecha raleada por entonces a nivel continental, prometía buenas relaciones con sus vecinos, pero haciendo foco en los grandes mercados globales, decía que le inspiraba el gobierno de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, y fustigaba la “excesiva ideologización” de la Unasur. Un eufemismo, este último, usado desde el costado ideológico al que pertenece Piñera para embestir contra ese y otros emprendimientos continentales a los que desestabilizaron hasta tumbar años después, de la mano del Grupo de Lima o el más ignoto ‘Prosur’, foro o proyecto prohijado por el actual mandatario chileno y su par colombiano, Iván Duque, con mucho más sesgo que la Unión de Naciones Suramericanas, no obstante en las antípodas.
Tras casi 12 años, Piñera encara los últimos meses de un segundo mandato que, al igual que el primero, estuvo precedido en La Moneda por Bachelet, mujer de fuerte sintonía con las mayorías de este país cuyo clima social, a fines de 2019, entró en ebullición.
Las formas y el fondo
El fin del ciclo Piñera pareció precipitarse con el estallido social que hace dos años hizo añicos un modelo que guardaba las formas, pero tenía profundos problemas de fondo. Las desigualdades sociales, económicas y de expectativas y una crisis extendida que golpeaba a sectores que parecían no contar en estadísticas oficiales, fueron el combustible que se almacenó durante años. Un desmesurado aumento en el precio del transporte urbano y el rechazo y la actitud desafiante de estudiantes a esa medida acercaron la mecha para que la crisis detonara y se extendiera por todo el país desde las calles y plazas de Santiago.
A las espontáneas protestas estudiantiles se sumaron otros sectores y, cuando la violencia ganó las calles, la respuesta represiva de un mandatario que habló de “país en guerra” (su esposa y primera dama calificó a los manifestantes como “invasión alienígena”) terminó de encender los ánimos y multiplicar la participación en las concentraciones.
Así, se sumaron reclamos por los costos y evidentes diferencias en educación, salud, salida laboral y oportunidades según el estrato social del cual se provenga en Chile. Las multitudinarias marchas de sectores sociales relegados, o las que exigieron no más abusos de las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se unificaron bajo idénticas consignas.
Cuando la sangre de más de una treintena de chilenos había llegado al Mapocho y los miles de detenidos y mutilados oculares ya habían sido noticia a escala planetaria, la convocatoria a una Asamblea Constituyente para abolir la Carta Magna elaborada en 1980 por juristas de la dictadura, pareció una salida hacia adelante para el acorralado Piñera.
La pandemia del Covid-19 y las restricciones de desplazamiento y toques de queda que el presidente chileno ordenó para evitar que se propagara la enfermedad, dieron paradójicamente aire al mandatario para intentar encauzar su gestión, más allá de que en las urnas los sectores más refractarios a sus políticas y estilo, fueron los más votados para redactar la nueva Ley Fundamental.
De hecho, la lingüista e investigadora de origen mapuche Elisa Loncón fue la elegida para presidir la Convención Constituyente, un gesto de simbolismo no menor en medio del irresuelto conflicto por las tierras que ese pueblo plantea en la Patagonia, a uno y otro lado de la Cordillera de los Andes. Y en las primarias de cara a las presidenciales cuya primera vuelta se realizará el próximo domingo, emergieron nombres muy críticos con el actual jefe de Estado.
Pese a todo, Piñera parecía encaminado a concluir su segundo mandato en marzo próximo sin nuevos sobresaltos, hasta que alguien abrió la Caja de Pandora, de los ‘Pandora Papers’.
¿Incompatibilidades o negociados?
Las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas que sacaron a la luz las operaciones non sanctas de líderes políticos en paraísos fiscales, o a través de firmas offshore con las que evaden impuestos, apuntaron a Piñera por un proyecto minero-portuario llamado ‘Dominga’.
Según los ‘Pandora Papers’, los conflictos de intereses entre el presidente y el empresario quedan de manifiesto no solo en las formas de la transacción, efectuada en Islas Vírgenes, sino en la anuencia del mandatario, que habría prometido no declarar como “zona protegida” el lugar que sería en el futuro objeto de explotación.
Pese a las desmentidas del jefe de Estado, las primeras consecuencias del escándalo no tardaron en llegar y la Cámara de Diputados aprobó el juicio político en su contra, que aunque difícilmente prospere en el Senado, será una mancha más para su atribulado segundo y último mandato.
Las postales de esa decisión, tomada en la semana pasada, recogerán el maratónico discurso de 1.300 páginas y 15 horas del diputado socialista Jaime Naranjo. El veterano parlamentario estiró su exposición el tiempo necesario para que otro legislador opositor al gobernante, Giorgio Jackson, cumpliera los días de aislamiento por Covid y viajara de su casa de Santiago a Valparaíso para sumarse a la sesión del Congreso y votar. Fueron 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones frente a la moción de destituir al actual gobernante.
Ahora es el Senado, de 43 integrantes, el que deberá pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de Piñera y los sondeos indican que a la oposición le faltarán cinco escaños para lograr los 29 que implican dos tercios necesarios para destituir al mandatario e inhabilitarlo por cinco años. Y todo ello ocurre nada menos que en la antesala de la primera vuelta de las elecciones que decidirán quién asumirá el 11 de marzo de 2022 la presidencia.
Los últimos sondeos indican que el joven candidato de la izquierda, Gabriel Boric Font, quien llegó al Congreso luego de integrar un grupo de combativos líderes estudiantiles como Camila Vallejo, Karol Cariola o el ya citado Jackson, perdió terreno frente al ultraderechista José Antonio Kast, quien en estos días volvió a reivindicar la figura y el accionar de Pinochet.
Las encuestas también sostienen que la cifra más alta hoy es la de indecisos y que ninguno de los siete aspirantes logrará el domingo 21 la mitad más uno de sufragios, por lo que la contienda se dirimirá recién en el balotaje del 19 de diciembre.
Pero en este Chile la mayoría descree de las encuestas como de los políticos tradicionales. Y a nadie se le escapa que en la primera de 2017 que ganó Piñera votó apenas poco más del 48% de los habilitados. ¿Será otra vez así después de las masivas movilizaciones que patearon el tablero hace dos años?
Boric promete puentes y hace guiños pensando quizá en la senadora democristiana Yasna Provoste, tercera en discordia.
Kast bolsonariza su discurso y agita promesas de “ley y orden” o mensajes xenófobos, entre otros demonios de una caja que incluye resucitar al dictador muerto hace 15 años, en el Día de los Derechos Humanos.
