Un fabricante de chacinados de la localidad de Brickman, una cadena de heladerías presente en todo el país y una red de pan-cafeterías de la ciudad de Córdoba son algunas de las empresas que ya están analizando las múltiples posibilidades que ofrece el Programa de Crédito para la Formación Profesional, del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Con un fondo disponible de $260 millones para todo el país, esta herramienta desembarcó en Córdoba en agosto y hay tiempo hasta noviembre próximo para que las compañías interesadas presenten sus propuestas.
La filosofía del programa es estratégica: reducir presión fiscal a través de un proceso virtuoso con el que se busca generar condiciones de empleabilidad y empendedurismo que den respuesta genuina a la desocupación. Al mismo tiempo, las empresas tienen la alternativa de construir perfiles laborales acordes a sus necesidades.
“Es un instrumento destinado a empresas y cooperativas de trabajo que busquen incremento de su productividad y competitividad”, explica Mariano Kuttel, titular de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (Gecal), del Ministerio de Trabajo de la Nación, oficina Córdoba.
¿Cómo opera? Las opciones del programa son múltiples. “La empresa o cooperativa puede optar por capacitar a sus propios trabajadores, o bien capacitar a desocupados, al personal de empresas adherentes con las que tenga una relación comercial, o a micro emprendedores que pertenezcan o no a su cadena de valor”, explica Kuttel.
Se puede desgravar hasta el 8% u 8‰ (según el tamaño de la empresa) sobre el monto total de la masa salarial o adelanto de retornos del ejercicio anterior. El monto máximo posible es de $600.000. Cuando la empresa finaliza el proceso completo de capacitación (que puede llevar entre 8 a 18 meses) recibe el certificado fiscal que puede aplicar al pago de IVA, Ganancia Mínima Presunta, Impuesto a las Ganancias e Impuestos Internos, según decida. Este certificado, además, es endosable por una vez.
Más allá de atemperar la carga fiscal, este programa es útil para las empresas a los efectos de construir capital humano y cadenas de valor, con el soporte de los perfiles laborales que construye el Ministerio de Trabajo a partir del universo de desocupados que tiene mapeado, y además con la posibilidad de recibir asistencia financiera si opta por incorporar a los desocupados que capacitó. Aquí es, tal vez, donde la propuesta se pone más interesante aún.
Esencia del programa. “Este es un camino a recorrer con varias estaciones, y las empresas pueden transitarlo de modo progresivo, tomando las opciones que más le convenga”, explica Kuttel.
Si la empresa o cooperativa responsable de la capacitación decide tomar a los desocupados que capacitó, pasa a una etapa de entrenamiento de estas personas dentro de la empresa a efectos de evaluar sus posibilidades de inserción laboral definitiva. Durante un máximo de seis meses, el Ministerio de Trabajo aporta unos $4.000 por cada empleado incorporado, y la empresa debe pagar el resto hasta completar el sueldo de convenio. De este modo, se establece un período ventana en el que la empresa y el empleado ponen a prueba su vínculo y esta instancia es co-financiada por el Estado.
Puede ocurrir que la empresa capacite a empleados de una “adherente”. Esta opción se da cuando una compañía (generalmente grande) busca alinear sus sistemas de trabajo con los de un proveedor más pequeño. “Se dio en el caso de una fábrica de muebles que lo hizo con una empresa que le proveía la logística”, ejemplificó Kuttel. La mayor ganancia allí se da con el fortalecimiento competitivo de toda la cadena de valor.
Una tercera posibilidad es que la capacitación se ofrezca a micro emprendedores, en cuyo caso se abre una oferta interesante de oportunidades. Una vez finalizado el proceso de entrenamiento, el Ministerio de Trabajo puede asistir con hasta $42.550 el desarrollo del emprendimiento; el objetivo es que no se diluya el esfuerzo de la formación por falta de financiamiento.
Para las empresas (sobre todo las de mayor tamaño), este tipo de involucramiento puede formar parte de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En ese marco, y valiéndose del enorme capital en management y gestión que poseen, pueden incubar emprendedores, que luego son apalancados por la asistencia oficial.
Sin embargo, en la RSE no se agota el tema. Tanto para grandes empresas como para Pymes, este sistema de capacitación de emprendedores puede ser, también, una forma de crear cadenas de proveedores o franquiciatarios, alineados a sus procesos y estándares de calidad. Por ejemplo: en el caso de la cadena de heladerías, es un camino para crear redes de micro-franquicias en áreas periféricas. A grandes cadenas de supermercados les resultaría útil para gestar emprendimientos hortícolas que terminen integrando su red de proveedores de verduras.
“En cualquier caso (sea que se capacite desocupados o emprendedores), las empresas cuentan con la historia laboral de los postulantes, que es mucho más que un curriculum, es como una historia clínica que resulta de un trabajo de indagación muy profundo que realizan los técnicos del ministerio”, concluye Kuttel.
Tres preguntas al margen. Para terminar de afinar las condiciones que ofrece el programa del Ministerio de Trabajo de la Nación, tomar en cuenta:
¿Quiénes pueden participar? Empresas (Micro, Pymes y Grandes) y cooperativas de trabajo con un mínimo de 4 empleados o 6 asociados, según corresponda. No deberán haber incurrido en despidos colectivos, ni mantener deudas fiscales o previsionales. Por otro lado, no pueden tener situación financiera superior a 3 en la Central de Deudores del Sistema Financiero.
¿Se financia equipamiento? El programa prevé el financiamiento de equipamiento para el dictado de los cursos de formación profesional modalidad cerrada. Se financia hasta el 40% del monto total solicitado para la actividad.
¿Hay algún estímulo adicional? Las empresas y cooperativas de trabajo que presenten propuestas por primera vez accederán a un incremento en el certificado fiscal de hasta el 10%. Adicionalmente, podrán acceder a otro 10% cuando al menos el 50% de los cursos aprobados sean dictados por Instituciones de Formación Profesional fortalecidas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, o que hayan certificado su calidad de gestión.
