El caso Oscar González puso en discusión, la semana que pasó, una serie de cuestiones permitidas e institucionalizadas que, desde el sentido común, fueron fuertemente discutidas por la opinión pública a partir de la tragedia. Lo que subyace en la distribución de autos de alta gama y todo tipo de vehículos, en las condiciones en las que lo hizo el Tribunal Superior de Justicia, es el marco de conversación con Graciela Ibaña, docente de ética pública y consultora.
En términos generales, Ibaña resalta que todas las sociedades comparten una serie de valores, y la ética pública, como disciplina, “favorece los criterios claros para orientar la conducta de quienes están en el servicio público. Lo positivo es pasar esos valores más o menos difusos a una serie de criterios escritos y especificados que contribuyen a que sepan cuál es el comportamiento deseable en el ejercicio del rol”, describe y agrega que, de mínima, quien ejerce el rol público debe respetar el interés general frente al interés privado y personal.
Militar la capacitación.
A partir de ese criterio, Argentina cuenta con una Ley de Ética Pública desde 1999, ahora en proceso de reforma y actualización por iniciativa de la Oficina Anticorrupción. Con un gran “pero”: es para la administración pública central y los poderes nacionales, por más que el proceso involucra una discusión federal. Es decir, no alcanzaría a los estados provinciales y municipales, aunque podrían adherir. Ibarra destaca que esta reforma es importante porque en 20 años la disciplina avanzó. Sin embargo, dice: “La mera existencia de la ley no va a cambiar el comportamiento, ni al funcionariado ni a la ciudadanía.”
Así y todo, valora la existencia de leyes y códigos, sobre todo los más contemporáneos: “Una de las ventajas que tienen es que contemplan un proceso educativo. Hoy militamos por la capacitación en ética pública, porque el criterio ético se entrena. A la larga, las personas toman sus decisiones, pero si entrenás, explicando cómo razonar moralmente, cuáles son tus opciones de razonamiento ético, repasás principios, muchos entienden que su rol les demanda un comportamiento que excede el hecho de lo que está escrito”, explica y sintetiza: “Hay un proceso que primero contempla la infraestructura ética —leyes, normativas, protocolos, códigos—, pero en soledad no alcanza, sino que tiene que ir de la mano de un proceso de formación”.
—Sobre los mecanismos de control, esa infraestructura los contempla, ¿qué falta para que se dé lo deseable?
—Avanzamos, sí, y la corrupción sigue dándose. Incluso está quien te dice que por mucho que capacites habrá quienes usen el criterio de interés personal. Sobre el control, un enfoque que contribuye a la probidad es el de la transparencia. Es decir, dar cuenta de lo que se hace. Pero no solo implica el acceso a la información —por ejemplo, con datos abiertos— también involucra la rendición de cuentas. Y no solo económica, sino dar cuenta de lo hecho y lo no hecho. Ahí aparecen las declaraciones juradas, las audiencias públicas, la rendición de cuentas en el Congreso y también mecanismos de rendición de cuentas sociales: cuando un hecho desata una movilización y la ciudadanía pide explicaciones, no solo que se informe. Y ahí se conocen los motivos de tal o cual decisión. Y esto tiene que ir acompañado de sanciones, que en este último mecanismo son reputacionales, aun cuando no lleguen las sanciones del poder judicial.
Lo negado y la vanguardia.
—Hay muchos casos en los últimos tiempos de la sociedad civil organizada que bregan no solo por acceso, sino para frenar cuestiones que se perciben como, por ejemplo, abusos de poder, de autoridad, de conflictos de intereses. Sin embargo, el acceso a los mecanismos institucionalizados son de difícil uso, en la mayoría de los casos.
—Cuando los casos de conductas prohibidas o comportamientos indebidos terminan en el Poder Judicial, la respuesta suele llegar bastante tarde o no llega. En lo que se avanzó, en ese sentido, es en mecanismos de diseño institucional dentro de las propias organizaciones para no llegar a la vía judicial; uno es el código de ética propio de cada organismo y también protocolos para resolver algunos temas internamente por vías administrativas. Y esto también puede aplicarse a lo privado.
—¿Qué mecanismos están en la vanguardia?
—El paradigma de la probidad se enlaza con el de la transparencia y también con el de gobierno abierto. Si el funcionariado está más cerca de la ciudadanía, hay mayores posibilidades de cooperación en la gestión de la cosa pública. Al exponerte, te da más responsabilidades; estás más controlado, pero también más apoyado. En términos estrictos, hoy se intenta avanzar en sistemas de integridad que implican muchas herramientas que contribuyan a una cultura de la probidad. Y van desde los códigos particulares hasta la prevención de conflictos de interés, a través de declaraciones. En relación con la participación ciudadana aparece la figura del veedor social, la implicación en los procesos de contrataciones públicas: que van desde la revisión de los pliegos hasta el final de la ejecución de una obra, por ejemplo.
En ese contexto, insisto en una idea del politólogo español Manuel Villoria que siempre dice que es de alto valor que tengamos formación en ética pública, más allá de los mecanismos, hay que hacerle o ayudarle a entender al funcionario o funcionaria que es un comportamiento deseable y esperable.
