“En este momento entiendo que es importante continuar con la hipótesis investigativa propuesta por el doctor Miralles (y en ese sentido hemos avanzado), sin perjuicio de otras hipótesis investigativas que no descartamos”.
Con estas palabras, que cierran un escueto informe de apenas cuatro párrafos dirigido al fiscal general de la Provincia, Alejandro Moyano, el fiscal Luis Pizarro avaló la hipótesis investigativa que tiene al viudo Marcelo Macarrón como único imputado por el crimen de Nora Dalmasso, perpetrado la madrugada del 25 de marzo de 2006, en su vivienda de Villa Golf, de la ciudad de Río Cuarto. A once años del crimen, el curioso informe del fiscal Pizarro –que se ocupa transitoriamente de la Fiscalía de Primer Turno, acéfala tras el ascenso del controvertido Walter Guzmán– explicó que desde que se hizo cargo de los treinta cuerpos del expediente (más de seis mil fojas), designó a su colaboradora Virginia Massuet “para poder llevar a cabo una lectura concienzuda” de la causa “a fin de establecer, analizar y sistematizar la prueba a la fecha incorporada”.
En el mismo escrito, le pidió a Moyano la incorporación en forma permanente de un miembro de la Policía Judicial “a efectos de agilizar las tareas investigativas que –a once años vista– debido a la complejidad de la causa, deben completarse”.
De la lectura del informe a su superior se deduce que Pizarro no se limitará a “administrar” la causa hasta la llegada de su fiscal natural, sino que la estudiará a fondo y tomará las medidas necesarias tendientes a profundizar la investigación. Sus movimientos son seguidos con atención en Tribunales luego de que el 8 de septiembre, en una decisión insólita, la Cámara Penal que preside Emilio Andruet decidiera apartar al fiscal Daniel Miralles por haber “adelantado opinión” (sic) a los periodistas durante una conferencia de prensa.
Hasta ahora, por orden del juez de control Daniel Muñoz, Pizarro se limitó a cumplir los pedidos del abogado del viudo, Marcelo Brito, que habían sido rechazados por su antecesor, que se aprestaba a elevar la causa a juicio antes de fin de año. Brito apunta a cuestionar la factibilidad del supuesto vuelo nocturno que Macarrón habría realizado entre Punta del Este y Río Cuarto para asesinar a su esposa, por un lado, e impugnar la prueba genética que excluiría a Miguel Rohrer (a) “el francés” de la escena del crimen, ya que su ADN no coincide con el hallado en el cuerpo de la víctima (donde predomina abrumadoramente el gen Macarrón).
Para ello, Pizarro avanza en la concreción de una nueva pericia aeronáutica y le tomó declaración testimonial al genetista Juan Carlos Jaime, perito de parte de Macarrón.
En su informe a Moyano, Pizarro destacó que cada paso procesal dado en la causa contó “siempre con el debido control de la defensa”. A diferencia de Miralles, que viajó a Punta del Este sin dar aviso a las partes, el nuevo fiscal no quiere dejar ningún resquicio legal que le permita a Brito insistir con sus cuestionamientos formales. El abogado del viudo sabe que estos planteos no aliviarán la situación procesal de su cliente –Macarrón está imputado como presunto autor del homicidio calificado agravado por el vínculo de su esposa–, pero le permiten g a n a r t i e m p o mientras la causa se acerca inexorablemente a la fatídica zona de la prescripción.
¿Ave de paso? La pregunta que retumba por estas horas en los pasillos de Tribunales es si Pizarro se asumirá como un fiscal “de transición” o, por el contrario, será capaz de pedir la elevación a juicio de la causa cuando lleguen las pruebas solicitadas por Miralles, entre las que figuran algunos exhortos pendientes y la reconstrucción virtual del homicidio que debía realizar la Policía Judicial y que, llamativamente, lleva más de un año de injustificada demora.
Quienes conocen a Pizarro estiman que trabajará con rigor en la causa y llegado el momento evaluará si está en condiciones de pedir su elevación a juicio o esperará para delegarla en su fiscal natural, que no asumiría antes de marzo o abril del año próximo. Por las dudas, para diferenciarse de Miralles –y no correr su misma suerte en caso de ir a fondo– le aclaró al fiscal general que tiene la mejor predisposición para tomar todas las testimoniales que pida el abogado del viudo.
Más allá de la determinación que finalmente tome Pizarro, lo cierto es que mientras la familia de la víctima siga sin designar un abogado querellante –en abril de 2016 desvinculó de esa tarea a Diego Estévez, impulsor de la hipótesis del crimen sexual–, nadie reclamará celeridad en la investigación de un crimen del que ayer se cumplieron once años, que tuvo cuatro imputados acusados de haber asesinado a la misma mujer de maneras diferentes y en la que intervinieron –hasta ahora sin éxito– media docena de fiscales.
