Por estas horas las entidades gremiales vinculadas al agro definen los pasos a seguir tras la sanción de la mega - ley económica bauti zada de ‘Solidaridad y reactivación productiva’. El nuevo marco legal que consiguió aprobar el oficialismo nacional tendrá un impacto costoso para el sector productivo privado. Principalmente, porque supone un importante desvío de la renta de las economías regionales, vía retenciones, al poder central. Tras el decreto 37/2019 que eliminaba los topes de las retenciones fijadas durante la gestión Macri, la nueva ley establece un incremento en los derechos de exportación para el núcleo productivo de Córdoba: la soja comenzará a tributar el 33% de retención, los cereales el 15%, la harina de soja el 30%, en tanto que carnes y leche podría subir hasta el 15%. Esta semana, en el marco del último almuerzo de trabajo de la Fundación Mediterránea, se actualizaron las estimaciones de lo que supone ese esfuerzo fiscal por parte de los productores agrícolas cordobeses. En concreto, con la Ley de Solidaridad el campo cordobés aportaría unos US$395 millones extras a lo que venía aportando (US$ 1.498 millones en la campaña 2018/2019), totalizando un aporte de US$ 1.895 millones que representa la friolera del 4,7% del Producto Bruto Geográfico de la provincia.
Ingresos Brutos. Al margen de ese paquete, los empresarios, comerciantes, emprendedores y monotributistas cordobeses vieron concretarse otro golpe en sus bolsillos: el acuerdo unánime al que llegaron los gobernadores y la Nación para dejar en suspenso el Pacto Fiscal supone, en concreto, congelar la baja de impuestos, con el de Ingresos Brutos a la cabeza. Aquí, los recursos van a quedar en las cajas provinciales, pero salen, otra vez, del sector privado. Las alícuotas máximas actuales y el horizonte de alícuota máxima al que debía llegarse en 2020 varía en función de la provincia y del rubro de actividad. En el caso de Córdoba, por ejemplo, tiene una alícuota máxima de 1,5% e iba a llegar a 1% en 2020. Es decir, se deja un suspenso una reducción del 33%. Para la construcción, la alícuota actual es de 2,5% y se iba a una de 2%, una rebaja suspendida del 20%. Restaurantes y hoteles tienen una alícuota del 4,5% que pasaba a ser del 4% en 2020, suspendiendo así una reducción del 11%. La suma de esos recursos que los privados seguirán pagando en 2020 se transformará en un alivio para los números que gestiona el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano. Se estima que serán $4.500 millones que quedarán en las muy golpeadas arcas provinciales.
En alerta. Bell Ville, en los cruces de las rutas 9 y 3, fue uno de los focos de mayor tensión en la semana que pasó. Los productores autoconvocados reaccionaron temprano en la inminencia del impacto de la Ley. Se exigió una posición más firme por parte del gobernador y los legisladores cordobeses (Schiaretti ordenó el jueves que se acompañe en general la ley, pero que se vote en contra de la suba de retenciones) y muchos comenzaron a sembrar la idea de un paro comercial. Un ministro de Schiaretti se excusó de dar una opinión en ‘on’, cuando PERFIL CORDOBA consultó sobre qué información tenían de los movimientos del campo. Y en off comentó: “Hay malestar, nosotros nos oponemos a las retenciones, ya dijimos que son un mal impuesto. Pero creo que hoy la mayoría de los productores no está pensando en cortar rutas ni reclamar. Preocupa más el clima y la falta de lluvias”, dijo.
Reunión. Ayer, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker le dijo a este diario que esperaban una confirmación de una reunión solicitada por las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace con el presidente Alberto Fernández. Además de analizar el impacto de las retenciones se buscará una negociación en torno a un régimen de compensaciones para los productores de economías regionales y los que están más alejados de los puertos, que ven encarecidas sus producciones por los costos logísticos. “No está claro en lo que se ve, cómo va a ser la compensación. Sería sobre el 3% adicional y se va a armar una comisión para definirlo. Eso termina en discrecionalidad y amiguismo. Elevamos una propuesta que planteaba tener un mínimo no imponible y que sea a cuenta de crédito que se acredite de forma automática vía CBU, para eliminar la burocracia, pero no así”, explicó De Raedemaeker. Además, remarcó que la suba de retenciones es un impuestazo que hará inviable muchas economías regionales y desincentiva la inversión: “Hoy los productores nos están pidiendo medidas concretas, más allá de un paro comercial. Hay movimientos en Leones, Bell Ville, el norte de la provincia, vamos a un enfrentamiento si no se toman medidas”.
Sembradoras. Otros analistas y empresarios ya empezaron a trazar la curva de los daños colaterales que supone una restricción a la renta y a la capacidad de compra del agro. Por caso, el economista Juan Manuel Garzón mostró, ante empresarios, que, en promedio, un ingreso bruto de US$ 1.000 por hectárea durante 12 meses supone que se vendan cerca de 2.000 sembradoras. Si ese valor sube a un ingreso bruto de US$ 2.250 se podrían movilizar ventas de 4.500 sembradoras, en cambio si el ingreso bruto cae a US$ 750 las sembradoras vendidas podrían oscilar en las 1.500. Todo eso también está en juego para la economía de Córdoba, una provincia donde se concentra casi el 40% de las firmas de maquinaria agrícola del país.
