La Cámara del Crimen y Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial, con sede en Tribunales de Villa Dolores, condenó a Roxana Elizabeth Godoy a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de defraudación por circunvención de incapaces. La causa expuso una maniobra fraudulenta mediante la cual la acusada se apropió de una vivienda en la localidad de Chancaní, en el departamento Pocho.
El fallo fue dictado por la Sala Unipersonal Nº2, a cargo del juez Carlos Escudero, y determinó que la mujer se valió de la situación de vulnerabilidad intelectual de la víctima para inducirla a firmar un contrato irregular y quedarse con la propiedad.
Según quedó acreditado en el juicio, el 1 de febrero de 2017 la acusada se presentó junto al damnificado en el Destacamento Policial del barrio Ardiles, en Villa Dolores. Allí lo indujo a firmar un supuesto contrato de cesión de derechos posesorios y de propiedad, informó el medio ‘La otra mirada’ de Villa Dolores.
El documento simulaba como contraprestación el pago de 200 mil pesos y la entrega de un lote, operación que nunca se concretó. Además, la certificación de firmas se realizó en una dependencia policial y no ante escribano público, lo que fue considerado un elemento clave para demostrar la invalidez del acuerdo.
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La víctima, Ricardo Montoya, posee discapacidad intelectual moderada y no estaba en condiciones de comprender ni realizar actos civiles de este tipo. Habitaba la vivienda con autorización de sus tías, únicas herederas de la propietaria original del inmueble.
Denuncia e investigación judicial
Tras advertir la maniobra y la toma de posesión indebida, las hermanas de la familia denunciaron el hecho ante el Ministerio Público Fiscal en abril de 2017. La investigación, a cargo de la fiscal María Ferreyra, reunió pruebas sobre el ardid y la invalidez del contrato. En noviembre de 2023 se dispuso la citación a juicio y el proceso concluyó con la condena penal. Además de la pena en suspenso, la mujer deberá cumplir 150 horas de tareas comunitarias en una institución de bien público. Además, el tribunal hizo lugar al planteo de las herederas y ordenó la restitución de la vivienda, disponiendo la reposición del estado anterior a la maniobra fraudulenta.
El caso volvió a poner en agenda la protección judicial frente al abuso de personas en situación de discapacidad, al confirmar la responsabilidad penal por aprovecharse de su vulnerabilidad para obtener beneficios patrimoniales.
