Con la reforma constitucional de 1994 se gestó el órgano que procuraba eliminar las designaciones de jueces a dedo, para limitar la incursión del poder político en el Poder Judicial. A 24 años de su creación, en 1998, la superestructura del Consejo de la Magistratura se encuentra en una doble encrucijada: un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la obliga a modificar su integración y la parálisis natural por la falta de acuerdos políticos entre oficialismo y oposición.
Está en juego nada menos que la construcción de un Poder Judicial independiente y democrático.
A mediados de diciembre último, la Corte declaró inconstitucional la ley sancionada en 2006 que llevó de 20 a 13 los miembros del Consejo al señalar que aquella reforma había roto el equilibrio de los sectores que representa. En la sentencia instó al Congreso a aprobar una nueva norma y, si ello no ocurría, a restablecer la integración con 20 miembros en un plazo perentorio de 120 días, que vence el 15 de este mes. Hay quienes cuestionan la decisión de la Corte porque reinstala una ley derogada.
Con la sentencia que se avecinaba, el Gobierno nacional se anticipó y envió al Congreso un nuevo proyecto que eleva de 13 a 17 los integrantes del cuerpo, pero su futuro es incierto. La semana pasada, el plenario de comisiones en el Senado el oficialismo no logró la mayoría, se postergó la sesión que debía realizarse el jueves. Con la adhesión del rionegrino Alberto Weretilnek, el próximo miércoles se debatirá en la Cámara Alta y, posiblemente, alcance la media sanción.
Para aprobar el proyecto se necesitan la mitad más uno del total de miembros de cada una de las cámaras legislativas. En el Senado, 37 votos afirmativos y en Diputados, 129.
Se habían presentado otros proyectos: Juntos por el Cambio propuso un Consejo con 20 miembros encabezado por el presidente de la Corte, como en sus inicios. Con algunos matices, pero en la misma línea, hubo iniciativas de Pablo Tonelli (PRO) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal). El único proyecto diferente pertenece al diputado formoseño Fernando Carbajal (UCR), quien propuso una composición reducida de siete miembros excluyendo de sus integrantes al Poder Ejecutivo, al Senado y la Corte Suprema de Justicia. La apoyó el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales, Inecip.
Qué pasará después del 15 de abril. Si el Congreso de la Nación aprueba una nueva ley, el Consejo de la Magistratura se adecuará a lo que ella dicte. Caso contrario, lo más probable es que el organismo continúe funcionando en todas sus incumbencias excepto en aquellas que requieren la reunión del plenario. Las funciones que posee naturalmente son: seleccionar las ternas de aspirantes a jueces para que el Ejecutivo proponga y el Senado apruebe; realizar el control disciplinario de los magistrados; promover los juicios de destitución; administrar el Poder Judicial de la Nación, y reglamentar su funcionamiento.
Sin una nueva ley, su funcionamiento se verá afectado pero no se paralizará totalmente. Los concursos podrán continuar, hasta la instancia que requiere la aprobación de las ternas por parte del pleno del cuerpo. No se promoverán sanciones disciplinarias ni juicios políticos a magistrados. Pero las cuestiones reglamentarias y operativas tendrán continuidad. Hay que tener presente, además, que en noviembre serán las elecciones de los nuevos representantes de los estamentos que lo integran.
ALBERTO LUGONES, PRESIDENTE “Es una lástima que primen cuestiones externas al Consejo”
—¿El Consejo tiene una parálisis por falta de acuerdos?
—Hay dos consejeros opositores, dos abogados y dos jueces que no están aprobando los ternas, lo cual es muy grave. Fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Selección y se niegan a votar en el pleno. Es una actitud reprochable. Tenemos la obligación de proponer ternas al Ejecutivo y este de cubrir las vacantes para garantizar el mejor funcionamiento de la Justicia. Nada de eso se está haciendo. Es una lástima que primen mandas externas al Consejo. Casi podría ser considerado delictivo, porque impide cumplir la función del Consejo.
— ¿Cuántos concursos están en esta situación?
—Sin disidencia, hay 12 o 13. Con disidencias parciales, son seis. El Poder Judicial no funciona con consejeros que no cumplimos nuestras funciones. Lamentablemente es así. Es algo complejo y grave.
— ¿Cuándo se cubrirá la vacante en el juzgado federal de San Francisco?
—He pedido hace rato al Poder Ejecutivo que designe a quien considera que corresponde. Estamos esperando si hay alguna propuesta. Hace dos años que está la terna.
— ¿De cuánto es la mora para la cobertura?
—Hay concursos que estuvieron parados y otros han avanzado rápido. No hay mora, sí un reclamo de celeridad en los comités y aprobación de las ternas. El Poder Ejecutivo debe tener más de 30 ternas pendientes. Y hay otros 30 pliegos enviados. En Salta y Rosario, jurisdicciones complejas por el narcotráfico, no han tenido la celeridad deseable.
—¿Cuál es el plazo deseable?
—Desde que comienza la convocatoria del concurso hasta la propuesta del Poder Ejecutivo no debe pasar más de un año.
—¿Qué piensa de que el presidente de la Corte también presida el Consejo de la Magistratura?
—Nuestro país tiene un reclamo ante la Corte Interamericana de Justicia por violar cláusulas convencionales al estar el presidente de la Corte integrando el Consejo y resolviendo sobre cuestiones disciplinarias sobre los magistrados. Me refiero a los casos Torres Nieto, Leiva y Tiscornia. Probablemente se haga responsable al país por eso.
CARLOS MATTERSON, VICEPRESIDENTE “El Consejo no está paralizado, se han acelerado ciertas cosas”
—¿Por qué considera que la falta de acuerdos no paraliza al Consejo?
—Hasta el 15 de abril seguimos actuando con la ley 26.080 hasta que se cumpla el plazo de 120 días, cuando tendremos que integrarlo con siete miembros más. A tal punto no está paralizado que tuvimos la prueba de oposición para la vacante de la Cámara Federal de Córdoba. No hay parálisis. Se han acelerado algunas cosas en vista de que no sabemos qué situaciones tendremos después del 15 de abril. Como la Corte declaró la inconstitucionalidad, se vuelve al anterior sistema. Faltan dos abogados, un magistrado, un académico, un diputado, un senador y el presidente de la Corte. El fallo tiene una cláusula que dice que todos deberán asumir conjunta y simultáneamente. Eso plantea una gran duda.
—¿Si no se consigue ese objetivo qué va a ocurrir?
—El lunes 18 de abril no sé qué va a ocurrir. Lo que no podrá hacer el Consejo es tomar resoluciones en el plenario para avanzar en aprobar ternas, ni sancionar jueces. La cuestión administrativa seguirá funcionando.
—Lugones señala que la intromisión política sí afecta al cuerpo en la actualidad, porque hay mandas externas que impiden aprobar las ternas.
—No. Yo no respondo a ningún mandato político partidario. La mayoría de esas ternas tienen dictamen de minoría. Si se votara negativamente, volverían atrás, a la comisión. Como no se quiere eso, la dejan pendiente para ver si en algún momento se puede resolver, consensuando. Está trabado el avance del procedimiento porque hay dos dictámenes y nadie tiene los votos para imponer. Si nadie cede, esto seguirá así. El oficialismo tienen dos senadores, dos diputados, representante del Poder Ejecutivo. De los siete que acompañan la política oficial, hay cinco que responden a mandatos políticos. Algunos dicen que habría que esperar que se integren los 20 miembros. Me llevo muy bien con Lugones y trabajamos en conjunto en muchas cosas. Reconozco que no ha habido un diálogo fructífero que pueda desanudar esto.
—¿Desde su perspectiva, qué habría que esperar?
—Si no hay ley, los estamentos deberían elegir. El problema también radica en que Diputados y Senadores tienen que mandar un representante y tampoco se estarían poniendo de acuerdo. El cuarto (a designar) corresponde a la segunda minoría. Hay que definir cuál es esa minoría y en relación a qué período, si el actual o el que existía en 2018. Eso también se puede trabar. Con lo cual no estarían tampoco los siete porque faltarían esos dos.
EN EL CONCURSO PARA LA CÁMARA DESISTIÓ EL 66% DE LOS ANOTADOS
El miércoles pasado se realizó el examen escrito en el Concurso N° 474 para ocupar la vacante que dejó el fallecido vocal de la Cámara Federal de Córdoba, Luis Roberto Rueda En octubre del año pasado, a solo dos meses de su deceso, el Consejo de la Magistratura llamó a concurso para cubrir el cargo.
Un total de 62 postulantes confirmó su participación en la prueba pero tan solo 24 se presentaron (cinco mujeres).
Para la ocasión, llegaron a la ciudad el presidente del Consejo, Alberto Lugones, y el vicepresidente, Carlos Matterson. Lugones consideró “una falta de respeto” la cantidad de aspirantes que desistieron por el dispendio de recursos que implica la organización de un concurso.
Dijo que normalmente, la mitad de los inscriptos no se presenta a rendir, pero nunca los dos tercios como ocurrió en este caso siendo que la Cámara Federal de Córdoba es una de las más relevantes en el país. El funcionario aseguró que no encuentra explicación a lo sucedido y que “seguramente habrá algún tipo de determinación”.
