El día después de que se iniciara un juicio político en su contra y una semana antes de cumplir, el 24 de mayo, el segundo año de un mandato previsto inicialmente para cuatro, el banquero Guillermo Lasso pateó el revuelto tablero político de su país y disolvió el Congreso. La polémica medida, validada por una norma constitucional que prevé la llamada “muerte cruzada” de dos de los tres poderes del Estado, sumó incertidumbre en un país donde la dolarización impuesta hace dos décadas aparejó estabilidad y favoreció a sectores de más recursos, pero no resolvió problemas de fondo ni urgencias de tres cuartas partes de la población.
Para asomarnos al momento actual de ese país de poco menos de 19 millones de habitantes, PERFIL CÓRDOBA dialogó con Luis Pozo, licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y además locutor diplomado en Comunicación con una vasta trayectoria radial y hoy corresponsal en Quito del Programa de la Coordinadora Migrante Eloy Alfaro de New Jersey, Estados Unidos. Lo que sigue, es parte de esa conversación.
–¿Qué es exactamente la “muerte cruzada”?
–Es un mecanismo constitucional que busca estabilidad en el gobierno del país. Fue incluida en la última Constitución de 2007, elaborada a instancias del expresidente Rafael Correa. El precedente fue la sucesiva destitución de gobernantes de la República (de bajísima popularidad y pésimo accionar, por cierto) por parte de la Asamblea Nacional: en 1997, Abdalá Bucaram; en 2001 Jamil Mahuad, y en 2005 Lucio Gutiérrez. Las causas solían ser distintas: incapacidad mental para gobernar, conmoción económica y social... Lo cierto es que en los tres casos hubo movilizaciones populares que las alentaban, pero también el manejo del omnipresente Partido Social Cristiano (PSC), de derecha, que terminaba influyendo en la Asamblea Nacional para el derrocamiento y en los nuevos gobiernos que surgían vía vicepresidente de la República; estos vices terminaban gobernando de la mano del PSC. Sucedió en los tres casos, con Fabián Alarcón, Gustavo Noboa y Alfredo Palacio, respectivamente.
–¿Qué efectos reales tiene hoy ese mecanismo?
–Permite que si la Asamblea Nacional o el Presidente consideran que su alter está incumpliendo funciones –con causales específicas como conmoción social, mal manejo de recursos, o peculado–, puede por una vez invocar la muerte cruzada. La Asamblea Nacional lo intentó contra Guillermo Lasso en el último paro indígena, de junio de 2022, pero fracasó pues requería dos tercios de los votos del pleno del Parlamento. En el caso del presidente, sólo requiere invocarla. Cuando sucede, en cualquier caso, tanto el presidente como los miembros de la Asamblea tienen que dejar sus puestos. Los diputados lo hacen de inmediato; en cambio, el Ejecutivo tiene seis meses en los que puede gobernar por decreto y buscar que la Corte Constitucional apruebe dichos decretos. Una semana después de invocar la muerte cruzada el Consejo Electoral debe convocar a elección de presidente, vicepresidente y asambleístas que deberán completar el presente período, hasta 2025. Las elecciones serán el 20 de agosto.
–¿Qué relación hay entre esta “muerte cruzada” y el juicio político contra Lasso, cuyo gobierno parecía ya sentenciado?
–Era incierto si Lasso iba a ser destituido en la Asamblea Nacional; los votos de los diputados iban y venían a cambio de prebendas y cargos para familiares. La popularidad de Lasso es bajísima, alrededor de 15 por ciento, y la de la Asamblea Nacional también. Si se lograba la destitución del presidente todo quedaba en manos de la Asamblea para designar nuevo mandatario, porque el vicepresidente de Lasso (Alfredo Borrero) iba a renunciar con él. Si no se lograba destituir al presidente, Lasso no iba a tener mayoría para aprobar las leyes que quiere. En cambio, con la muerte cruzada, él puede emitir decretos polémicos (zonas libres de impuestos, reforma laboral, firma de tratados de libre comercio y otros). Tiene seis meses para gobernar a sus anchas, con el riesgo de protestas sociales en contra minimizado porque ahora todos están en modo campaña electoral, incluido el movimiento indígena. Lasso lo resumió en una entrevista diciendo: “Prefiero gobernar seis meses en el purgatorio y no dos años más en el infierno”.
–¿Qué pasará en las próximas elecciones?
–Todo se centra ahora en las candidaturas. El movimiento indígena también tiene divisiones internas. La preocupación de la gente es sobre todo la inseguridad, principalmente en la región Costa, donde están Guayaquil, la provincia de Manabí y otras que son las más pobladas, las que más votos dan y en donde Rafael Correa y su partido predominan. Otros graves problemas como el desempleo han quedado en segundo plano. Los grandes actores sociales: el correísmo y el movimiento indígena le apuestan todo a los próximos comicios, aun para derogar lo que Lasso decrete en estos seis meses, e incluso convocar a una nueva Constitución. Lamentablemente estas dos fuerzas sociales corren por separado y abren la puerta a que un outsider tipo (Nayib) Bukele, con discurso contra la inseguridad, prospere. De hecho ya apareció un ‘Rambo’ de apellido Topic (Jan Topic Feraud), que está subiendo en las encuestas.
–¿Cómo es vivir en un país dolarizado? ¿Qué cambió para los ecuatorianos desde que se impuso esa moneda?
–La dolarización trajo estabilidad de precios; acá ni nos enteramos de la crisis de 2008, ni de la inflación actual en otras naciones. Nadie se preocupa mucho de subidas de alimentos, ni pide aumento de sueldo, ni suben los alquileres de inmuebles. Los jubilados están tranquilos con sus pensiones. Además, cierta clase media incluso puede viajar al exterior de turismo con dólares, educar a los hijos en universidades de fuera o comprar barato en países vecinos. Esa faceta se sostiene con los dólares que ingresan a un país pequeño. Con un PIB de 100 mil millones de dólares al año, a Ecuador ingresan 10 mil millones por ventas petroleras, otros 10 mil millones por exportaciones no petroleras y 10 mil millones de dólares más por remesas, turismo y lavado (es un secreto a voces). Con ese 30 por ciento de ingreso de dólares respecto al PIB alcanza para mantener la dolarización, pero....
–Pero hay un ‘lado B’…
–Claro, está la otra cara: con dolarización no hay generación de empleo, porque pagar un sueldo en dólares no le conviene a ninguna empresa. Por eso no hay inversión extranjera, prefieren pagar sueldos en pesos colombianos o soles peruanos en los países vecinos y vender, eso sí, en dólares en Ecuador. Esto ha provocado una desindustrialización total, incluso los artesanos se quedan sin trabajo. Esto ha impulsado la emigración masiva de ecuatorianos, sobre todo a Estados Unidos, y que se dispare la informalidad. Calculo que apenas un 20 por ciento tenemos un trabajo estable. Los que se quedan, sobre todo los jóvenes, viven con sus padres, de la pensión estable de sus abuelos o caen en la delincuencia y el tráfico de drogas, que es muy rentable en Ecuador porque recaudan en dólares, como en Estados Unidos.
–Domingo Cavallo, o su equipo, asesoró en su momento a Bucaram, ¿fue ese asesor uno de los mentores de la dolarización?
–La idea no rondaba por aquí. Sí, Cavallo puso el gusanito de la convertibilidad, dolarización, etc., en las mentes en 1996. No se creía real ni posible antes de que Cavallo llegue. La idea fue adoptada por la élite económica guayaquileña que la impulsó. Y cuando la crisis de inflación, fenómeno del Niño, estafa de los banqueros a los ahorristas y lo demás estalló en 1999 desestabilizó todo. Mahuad presentó al dólar como una alternativa incierta, un salto al vacío, pero una alternativa al fin. Lo que no dijo es que antes iba a haber una macro devaluación que pasó de 15 mil sucres por dólar a 25 mil por dólar en una semana. Todos vimos licuados los ahorros, pero luego te sentías estable con dólares en el bolsillo, pocos, pero dólares que no se devaluaban; y la gente aceptó el asalto inicial y ahora es muy popular. Instintivamente buscas una tabla a la que aferrarte y acá nos convencieron de que es el dólar, aunque en el país no haya empleo y campeen la inseguridad y la emigración.
