“Cuando los policías son violentos, lo más peligroso es que tienen un arma”

El femicidio de Úrsula Bahillo en la localidad bonaerense de Rojas puso nuevamente bajo la lupa , entre otras cuestiones, la cantidad de hechos de violencia de género donde los victimarios pertenecen a las fuerzas de seguridad. PERFIL CÓRDOBA entrevistó a la fiscal de Violencia Familiar Nº 2 de Córdoba, Betina Croppi, quien señaló que el mayor riesgo en aquellos casos donde son denunciados efectivos policiales, es el hecho de que portan el arma las 24 horas. Por esa razón propone la revisión del estado policial que los obliga a intervenir en ilícitos estén o no de servicio, para eximirlos de tener siempre consigo las armas de fuego que se les consignan.

—¿Cuál es la situación más peligrosa que presenta una denuncia por violencia contra un policía?

—La circunstancia más peligrosa y urgente de atender es el arma que tiene en sus manos. Por su ‘estado policial’ la por ta todo el tiempo. Esté o no de servicio debe tenerla en forma permanente. En los casos que nos toca intervenir hemos visto que es altamente peligroso. En una discusión donde hay desborde, cualquier persona descontrolada y con pocos frenos inhibitorios puede tomar un objeto y arrojarlo o pegar una trompada, con lo tremendo que significa esto sobre el cuerpo de una mujer. Pero el policía agarra el arma, que es letal, y produce un daño irreparable. Desde hace tiempo vengo pensando que habría que modificar la Ley Orgánica de la Policía para revisar el estado policial. Establecer que el efectivo cuando no está de servicio no la tenga en su domicilio. Que sea considerada un elemento de trabajo y que quede ahí, en la comisaría o una oficina para resguardarlas. Desconozco cómo tendría que organizarse en concreto. El estado policial genera al policía la obligación de intervenir en un hecho delictivo, sin estar de servicio, cuando está con su familia, sin chaleco, sin protección, sin apoyo. Como porta el arma y conserva el estado policial tiene el deber de actuar. Es un tema aún más complejo que el que plantea la violencia de género. Habría que pensar y analizar una posible solución a eso. En Córdoba hemos tenido muchos hechos de violencia de género en los que intervino personal policial y terminaron con un femicidio, en varios casos seguido de suicidio.

—En denuncias que involucran a policías, ¿el riesgo para la mujer es diferente?

—Claro que sí. En la medición de riesgo, el hecho de que sea un policía que porta arma es un elemento de riesgo para tomar medidas. Lo sería también en el caso de civiles que las portan. Pero cuando son efectivos, lo primero es comunicar al Tribunal de Conducta Policial. Generalmente, si el hecho lo amerita lo pasa a tareas pasivas y le saca el arma. Esa decisión solo puede tomarla el Tribunal de Conducta Policial. La fiscalía no está facultada para hacerlo, solo puede secuestrarla si ha sido usada en el momento de cometer el delito, como un elemento de prueba. Caso contrario, queda en poder de él hasta que el tribunal decida su situación.

—¿Los policías imputados por violencia de género presentan rasgos psicosociales particulares?

—Tratándose de un policía que trabaja en una institución vertical donde el principio de la obediencia está muy instalado en sus miembros, cuando se unen estos elementos a una formación machista, le cuesta mucho al varón aceptar que la mujer no le obedece porque entiende que ella tiene que hacerlo. Pertenece a una institución que lo educó para obedecer a la superioridad. Entonces cuando se cree superior, puede ser letal.

—¿Han notado cambios en la formación de los policías a partir de la Ley Micaela?

—Tenemos una jefa de Policía mujer. Es muy novedoso. Claro que hay cambios, pero es muy difícil modificar siglos de sociedad patriarcal. Las instituciones procuran tener cierta perspectiva de género. Sin embargo, que esto se instale en las cabezas lleva su tiempo, no solo en la Policía, sino en todos lados, en los sistemas educativo, judicial... Nos va a llevar mucho tiempo.

UN CASO PARADIGMATICO

El 22 de diciembre último, Jorge Ariel Vázquez (35) asesinó con el arma policial a su pareja Carla Oviedo (31) y luego se quitó la vida. Convivían hacía 14 años, tenían tres hijos, mellizos de 12 años y una nena de 4. Las dificultades económicas los habían obligado a dejar la casa que alquilaban y mudarse a la vivienda de la familia de Carla. Él, un cabo de la policía, se fue a vivir a un departamento en barrio San Martín, con un compañero de trabajo. No había denuncias previas.

La madre de ella testificó en la fiscalía luego del femicidio. Dijo que la pareja tenía discusiones, pero que nunca vio ni supo que existiera violencia física. El día en que se desencadenó el trágico final, ella comunicó a la familia que iría a hacer compras. En realidad, fue al departamento donde estaba Vázquez, al 1.100 de la calle Pinzón. Luego de una discusión, él descargó cinco balas letales en el tórax de la mujer con el arma policial y luego se disparó en la cabeza.

“No había violencia instalada”, subrayó la fiscal Croppi, al indicar que nada hizo avizorar previamente el femicidio. Y agregó: “Esto no hubiera ocurrido si él no tenía un arma a mano”.